El Estado de inseguridad pública

Velar por la seguridad pública es una tarea esencial del Estado. Si por algo es necesario el Estado y lo que ante todo justifica su existencia, es la responsabilidad que tiene de proteger la vida y la propiedad privada, familiar y personal de la gente.  

Si el Estado no cumple esa responsabilidad su existencia carece de sentido, pues no habría para qué soportar la carga de un aparato institucional burocrático, policial y militar tan grande, pesado y costoso, un ente que se financia con los impuestos generalmente onerosos que pagan todas las personas que trabajan, producen y consumen bienes y servicios. 

Hacemos esta reflexión a propósito de las informaciones sobre el incremento de la delincuencia y la criminalidad común que dan a conocer los diversos medios de comunicación independientes de Nicaragua, entre ellos LA PRENSA.  

“Qué hay detrás de la ola de robos en Managua, mientras la Policía cuida a la familia Ortega -Murillo”, ha sido el titular de la información principal de LA PRENSA este lunes 3 de noviembre, que en sí mismo da una idea de la magnitud del problema de la criminalidad pública en la infortunada Nicaragua y por qué su crecimiento.   

La información de LA PRENSA menciona que este 1 de noviembre la dictadura dejó en libertad a otros mil presos comunes, bajo la figura de “convivencia familiar”, con lo que “el número de convictos excarcelados durante el 2025 asciende a 8,400 y en la última década ya suman más de 54 mil beneficiados, según datos oficiales”. 

Por supuesto que no todos los presos liberados son delincuentes inveterados, contumaces y peligrosos. La verdad es que muchos fueron encarcelados por delitos menores o no intencionales, como por ejemplo los que se cometen en los accidentes de tránsito. Pero en su mayoría sí son delincuentes redomados, que estando en la calle son una amenaza para la sociedad, las comunidades y las personas. 

Siendo objetivos debemos reconocer que el problema de la inseguridad pública es global, que esta existe y aflige a la sociedad en todas partes del mundo. De manera que no sería responsable decir que es un problema solo de Nicaragua y que se debe únicamente a la existencia de la dictadura sandinista de Ortega y Murillo. Pero sí debemos decir que en Nicaragua el crecimiento de la delincuencia y la criminalidad tienen además razones particulares que dependen precisamente de la dictadura. 

Los organismos internacionales que se ocupan de estos asuntos aseguran con base en datos estadísticos que la delincuencia común y por consiguiente la inseguridad es un problema que afecta a todos los países y que en los últimos tiempos ha venido aumentando de manera preocupante. 

A la cabeza de los delitos y actos de violencia cada vez más frecuentes que generan inseguridad ciudadana, están los asaltos y robos en la vía pública, y les siguen las extorsiones, robos de vehículos, robos en las viviendas, secuestros exprés y pleitos callejeros violentos. Prácticamente todos esos delitos han aumentado en Nicaragua, en los últimos años, a partir de que la dictadura de Ortega y Murillo comenzó su deriva totalitaria. 

La dictadura ha concentrado todo su poder represivo en la liquidación de la oposición interna y la disidencia, mientras practica la delincuencia política y descuida la represión de la delincuencia común. Inclusive ha propiciado su aumento, porque los criminales por su naturaleza son parte inevitable de la base social de un régimen totalitario como el de Nicaragua. 

Las personas expertas en seguridad ciudadana explican que la verdadera lucha contra la delincuencia y la criminalidad comienza con la prevención, con la educación desde la niñez y con la ejecución de programas sociales que reduzcan efectivamente la pobreza, la cual es su principal caldo de cultivo. 

Pero la dictadura practica la criminalidad política y fomenta la delincuencia común. De manera que solo a partir del restablecimiento de la libertad y la democracia será posible combatir realmente a la delincuencia, con la actuación eficaz de la fuerza pública, pero también y, sobre todo, con la prevención, la educación, las reformas sociales y la recuperación de la dignidad humana. 

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