El GHREN (Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua), ha pedido públicamente que la dictadura de Ortega y Murillo sea denunciada ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Los eminentes expertos jurídicos que integran el GHREN, Jan-Michael Simon, de Alemania; Ariela Peralta Distefano, de Uruguay, y Reed Brody, de Hungría, hicieron esa petición después de presentar ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU su informe sobre las horrendas violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura de Nicaragua, que incluyen presuntos crímenes de lesa humanidad.
La comunidad internacional debe hacer responsable al Estado de Nicaragua porque con “los graves y generalizados abusos” (cometidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra el pueblo nicaragüense), ha violado sus deberes internacionales y por lo tanto debe ser llevado ante la Corte Internacional de Justicia.
La presentación del informe del GHREN ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, el jueves 30 de octubre recién concluido, ha sido un evento poco común, pues desde hace 25 años no se presentaba allí un caso de violaciones a los derechos humanos.
De manera que ha sido un triunfo de los juristas internacionales integrantes del GHREN, y al mismo tiempo una victoria de los abogados y organismos nicaragüenses defensores de los derechos humanos que con abnegada dedicación han documentado y de esa manera ayudado a la comisión de la ONU a cumplir con brillantez la delicada tarea que le ha sido encomendada.
También ocho expresidentes de Costa Rica (Oscar Arias Sánchez, Rafael Ángel Calderón Fournier, José María Figueres Olsen, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, Abel Pacheco de la Espriella, Laura Chinchilla Miranda, Luis Guillermo Solís Rivera y Carlos Alvarado Quesada), al conocer el informe del GHREN suscribieron una declaración en la que señalan que el Estado de Nicaragua debe ser responsabilizado ante la Corte Internacional de Justicia, por los crímenes cometidos contra su propio pueblo y por “su renuencia a someterse a los instrumentos de rendición de cuenta al que lo obliga el Derecho Internacional”.
Todo eso debe de ser valorado como una derrota diplomática y política de la dictadura de Nicaragua, como ella misma lo ha demostrado al reaccionar con vulgar virulencia a la presentación del informe del GHREN que la puso en la picota internacional. Y, al contrario, la presentación del informe del GHREN ha fortalecido la moral política de los nicaragüenses que en condiciones muy adversas luchan por la recuperación de la libertad y la democracia en Nicaragua.
Ahora bien, según dicen los expertos y lo establece el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, esta no tiene competencia penal y por tanto no puede juzgar ni condenar a los codictadores de Nicaragua y sus esbirros. Solo la Corte Penal Internacional es la que pudiera —y debería— juzgar y condenar a los dictadores de Nicaragua por los crímenes que han cometido contra los nicaragüenses y han sido ampliamente documentados por los organismos autorizados de derechos humanos.
Lo que sí podría hacer la cualquier Estado parte de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, o la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, es demandar a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia y, en forma paralela, Costa Rica, que como lo reconocieron todos sus expresidentes en un comunicado conjunto, y el gobierno del presidente Chaves en la declaración de su representante ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se han cometido crímenes de lesa humanidad en su territorio por parte de autoridades nicaragüenses. La comisión de delitos de lesa humanidad en el territorio de un país miembro del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, le da jurisdicción a la Corte aunque el país de donde provienen los acusados no se parte..
La acusación contra el Estado de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia y una resolución de este alto tribunal de que es válida la acusación por las violaciones graves a los derechos humanos, podría poner el caso en la Corte Penal Internacional que sí puede —y debería— juzgar y condenar a los codictadores y sus cómplices.
Esa es la esperanza, la que según el héroe checoslovaco de la libertad, Vaclav Havel, no es simple optimismo “sino la certeza de que algo tiene sentido independientemente del resultado… es una orientación del espíritu que da la fuerza para luchar por lo que es correcto, no por lo que parece tener éxito fácil… es el compromiso con un futuro mejor y una creencia profunda en la dignidad humana y la responsabilidad universal”.
