Para cualquier persona sensata es muy preocupante, alarmante inclusive, que Nicaragua sea suspendida —y peor aún, excluida— de su participación en el DR-Cafta, o sea el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos de Norteamérica (EE. UU.).
Es muy probable que eso suceda, porque como es bien sabido, el Gobierno de EE. UU. está barajando algunas sanciones a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, entre ellas la exclusión temporal o definitiva de Nicaragua del DR-Cafta. Esto causaría graves daños económicos a los productores de bienes para la exportación y a la economía nacional, pero sobre todo a los trabajadores y sus familias, y en general a toda la población.
Como han hecho ver economistas, analistas políticos y medios de comunicación independientes y opositores, la participación de Nicaragua en el DR-Cafta ha sido de mucho beneficio para el país. Sin embargo, hasta el momento no se ha podido saber si la posibilidad de que el país sea suspendido de dicho tratado le importa o no a la pareja matrimonial que detenta el poder.
Si nos atenemos a los antecedentes históricos, la exclusión de Nicaragua del DR-Cafta no debería importarles a los codictadores, que por su proclamada ideología socialista ellos son hostiles al libre comercio capitalista. En estos días se ha divulgado abundante información acerca de cómo y cuánto se opusieron Daniel Ortega y el Frente Sandinista, mediante sus diputados en la Asamblea Nacional y con una irracional violencia callejera, a que Nicaragua formara parte de ese tratado comercial regional.
Se conoce que el presidente democrático Enrique Bolaños Geyer (q.e.p.d.), incluso rogó a Ortega que no impidiera la aprobación legislativa del tratado. Hasta que finalmente el caudillo sandinista aceptó, a regañadientes, que no seguiría mandando a sus partidarios a la calle para rechazar el DR-Cafta, pero sus diputados votarían en contra en el poder legislativo que debía ratificar constitucionalmente el tratado.
Y en honor a la verdad, era lógico que Daniel Ortega y el Frente Sandinista estuvieran contra el DR-Cafta, pues por su ideología y proyecto político los sandinistas rechazaban cualquier tratado de libre comercio, sobre todo con Estados Unidos porque en su enfermiza mentalidad esos convenios internacionales son inventos del “imperialismo” para saquear a los países pobres e impedir su desarrollo.
Pero la realidad ha demostrado que es al revés. El objetivo de los tratados de libre comercio es reducir o eliminar las barreras comerciales, como tarifas arancelarias, cuotas de acceso a los mercados y otras restricciones.
De esa manera los productores, exportadores e inversionistas amplían la oferta de empleos formales y estables, y favorecen a los consumidores con los bajos precios y la amplia variedad de productos que se obtienen al abaratarse las importaciones. Y así, como lo ha demostrado la experiencia del DR-Cafta, se benefician todos los países socios.
Pero los tratados de libre comercio en general, y en nuestro caso el DR-Cafta, también contienen normas no solo para regular y mejorar los servicios bancarios, de telecomunicaciones y transporte, sino también para proteger el medioambiente y que se respeten los derechos laborales de los trabajadores y los derechos humanos de toda la población.
Y es precisamente porque la dictadura de Ortega y Murillo no ha respetado esas normas de protección laboral y humana contenidas en el tratado, que el Representante de Comercio de EE. UU. ha decidido sancionarla, incluso con la suspensión o la exclusión de Nicaragua del DR-Cafta.
Es obvio que si esto ocurriera la dictadura clamaría contra «el imperialismo», acusándolo de injerencia en los asuntos internos del país. Pero la verdad es que solo los sandinistas orteguistas y aquellas personas que no tengan suficiente capacidad de discernimiento no podrían ver la realidad: Que es la dictadura la que impone sanciones al pueblo nicaragüense, quitándole sus libertades democráticas y sus derechos humanos y además violando los compromisos internacionales como los contenidos en el DR-Cafta, que solo beneficios le ha traído al país. Incluso al mismo gobierno de Ortega y Murillo, pero estos por su irracional ideología y su desmesurada arrogancia no son capaces de apreciar.
La oposición democrática en el exilio ha presentado públicamente propuestas de reformas básicas perfectamente viables, que si Ortega y Murillo fueran sensatos y les importara el pueblo de Nicaragua, las aceptarían y pondrían en práctica inmediatamente, antes de que ocurra la catástrofe.
