En el editorial de este jueves 23 de octubre dijimos que Ortega y Murillo son los que le imponen sanciones al pueblo nicaragüense. Y en todo caso, con sus acciones antidemocráticas y violatorias del derecho internacional provocan que se sancione al país, pero no precisamente a ellos.
Dijimos eso a propósito de la información de que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) está evaluando las medidas de fuerte impacto económico que aplicará a Nicaragua. Sanciones que están previstas en el tratado DR-Cafta y son causadas por “las decisiones del régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo de reprimir y eliminar libertades fundamentales, echar abajo la democracia y someter a los trabajadores nicaragüenses a condiciones que violan compromisos internacionales firmados por el propio Estado”.
Cuando se habla de esta clase de sanciones generalmente se dice que son para castigar al Estado. Pero en realidad quien paga el costo y las consecuencias es el país, sobre todo el pueblo y en primer lugar la gente más directamente afectada que en este caso serían los trabajadores de los sectores que producen bienes para la exportación, y sus familias.
La dictadura califica las sanciones como injerencias externas en los asuntos nacionales y “agresiones imperialistas”. Invoca el derecho a la autodeterminación nacional como si este los autorizara a violar los derechos humanos y suprimir las libertades de los ciudadanos y las personas en general.
El principio de autodeterminación nacional, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas de 1945 y en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de 1966, es el derecho de los pueblos o naciones a decidir libremente, sin injerencias externas, sobre su régimen político y su sistema económico, social y cultural.
Pero los gobernantes autoritarios se arrogan este derecho y se escudan en él para justificar la imposición y mantenimiento de sus regímenes despóticos. Tal es el caso de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que usurpan el derecho de autodeterminación nacional para imponer al pueblo nicaragüense una oprobiosa dictadura y alegar que nadie tiene derecho ni siquiera de criticarlos.
Pero la verdad es que los Estados y los gobiernos, así como tienen derecho a la autodeterminación nacional también están obligados a cumplir las normas de derecho internacional para la protección de los pueblos. Ante todo los derechos humanos, que igual que la autodeterminación nacional son de cumplimiento obligatorio.
Los regímenes autoritarios se aprovechan de que en general no hay instrumentos coercitivos que castiguen las violaciones a los derechos humanos, salvo con inocuas declaraciones políticas y condenas morales. Sin embargo, el tratado DR-Cafta, como señalamos en el editorial de este jueves 24 de octubre “incluye cláusulas que condicionan los beneficios del libre comercio al respeto de derechos humanos y laborales básicos”.
De manera que, “cuando un país viola sistemáticamente esos principios, los socios comerciales tienen la obligación —no solo el derecho— de actuar”. O sea, imponer al Estado o gobierno socio infractor, las sanciones previstas en el mismo tratado.
El respeto a la autodeterminación nacional es esencial para la convivencia y la seguridad internacional, pero se tiene que ejercer de conformidad con el respeto a los derechos humanos. Dicho con otras palabras, los Estados tienen derecho a la autodeterminación y la soberanía nacional, pero también tienen deberes con respecto a sus pueblos. Y en primer lugar el respeto a los sacrosantos derechos humanos.
De manera que sancionar a un Estado represivo y violador de los derechos humanos no contradice el principio de la autodeterminación nacional. Más bien se le protege en su verdadero sentido, que es la autodeterminación del pueblo como auténtico soberano.
Finalmente, como también lo dijimos en el editorial de ayer, pero vale la pena repetirlo, Ortega y Murillo pueden impedir que le impongan a Nicaragua las sanciones previstas en el tratado DR-Cafta. Lo único que deben hacer es restablecer los derechos laborales y empresariales, garantizar las libertades fundamentales de todos los nicaragüenses, revocar las arbitrarias e inmotivadas condenas a los dirigentes opositores y activistas políticos y sociales, permitirles que regresen al país y ejerzan plenamente sus derechos y abrir el camino de regreso al sistema democrático y el Estado de derecho mediante la celebración de elecciones competitivas, libres y justas.
Es lo único que podría evitar las sanciones de las que ellos mismos son los culpables, y evitarle más sufrimiento a los nicaragüenses si acaso esto le importara a los codictadores sandinistas de Nicaragua.
