El reciente anuncio de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) que, después de un largo proceso de investigación y consultas, concluye que Nicaragua ha violado las cláusulas de derechos laborales y humanos establecidas en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-Cafta), marca un punto de inflexión en las relaciones comerciales de Managua con Estados Unidos y Centroamérica.
Como resultado, USTR está evaluando varias medidas de gran impacto contempladas en dicho convenio comercial: la suspensión temporal del país del acuerdo DR-Cafta, la imposición de un arancel general o parcial del 100 por ciento sobre sus exportaciones, o una combinación de ambas. Estas son medidas de enorme impacto y gravedad, pero no son arbitrarias. Son la consecuencia directa —inevitable, incluso— de las decisiones del régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo de reprimir y eliminar libertades fundamentales, echar abajo la democracia y someter a los trabajadores nicaragüenses a condiciones que violan compromisos internacionales firmados por el propio Estado.
No se trata, como seguramente dirá el régimen, de una agresión de Estados Unidos contra Nicaragua. Se trata del ejercicio legítimo de un mecanismo previsto en el mismo acuerdo comercial. El DR-Cafta no es un cheque en blanco: incluye cláusulas que condicionan los beneficios del libre comercio al respeto de derechos humanos y laborales básicos. Cuando un país viola sistemáticamente esos principios, los socios comerciales tienen la obligación —no solo el derecho— de actuar.
Causa y responsabilidad
La narrativa del régimen intentará victimizarse, culpando a Estados Unidos de las posibles consecuencias económicas. Pero el origen de esta crisis no está en Washington, sino en Managua. La eliminación de organizaciones independientes, la persecución de líderes laborales, la confiscación de empresas y universidades, el encarcelamiento de opositores y el cierre del espacio cívico son hechos, amplia e inequívocamente, documentados que constituyen violaciones directas del acuerdo.
El impacto de estas medidas, si se materializan, será severo. Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua. Más de la mitad de las exportaciones totales del país tienen a Estados Unidos como destino, impulsadas por las condiciones preferenciales del Cafta. Una suspensión o expulsión alteraría esa relación de manera drástica.
Sin lugar a dudas, el sector más afectado sería el textil de zona franca, pilar del empleo formal y de la generación de divisas, pero también sufrirían los sectores agroexportador, manufactura ligera, minería y oro, y servicios.
Estudios indican, que, aunque los sectores exportadores se ajustaran a otros mercados en el tiempo, sin el acceso preferencial del Cafta las pérdidas en los primeros años serían de más de mil millones de dólares. Es muy probable que el sector textil se vería reducido en más del 80 por ciento, lo que significaría una pérdida de más de cien mil empleos, contrayendo el crecimiento real del PIB entre 3 y 5 puntos porcentuales.
Sin embargo, hay que subrayarlo con claridad: esos efectos no serán producto de las medidas en sí, sino de las causas que los originaron. Es el régimen, y no Estados Unidos, quien ha puesto en riesgo el acceso de Nicaragua al mercado norteamericano. Son las violaciones al acuerdo —no su aplicación— las que amenazan los empleos, los ingresos y la estabilidad económica del país.
Una posible salida es improbable
El mismo Cafta que prevé sanciones también contempla su reversión. Si el país corrige las violaciones —si restablece los derechos laborales, garantiza libertades fundamentales y permite elecciones libres y transparentes— las medidas pueden levantarse. No son perpetuas, ni la puerta queda cerrada.
Lamentablemente, para el régimen esa ruta es políticamente inviable. Ortega y Murillo no pueden restaurar las libertades que destruyeron, porque su poder se sostiene precisamente sobre la represión y el miedo. Abrir el espacio político, permitir organizaciones laborales —y de otra índole— independientes o tolerar la competencia electoral significaría abrir una grieta que podría derrumbar todo su andamiaje autoritario.
Por eso, aunque la salida está sobre la mesa, es una que el régimen no quiere ni puede tomar. Prefiere mantener el control total del país, aunque eso signifique condenarlo a la pobreza, al aislamiento internacional y a la pérdida de su principal fuente de ingresos comerciales.
El costo de la represión
Las medidas del USTR, cuando se concreten después del 19 de noviembre de este año, marcarán el inicio de un periodo de ajustes profundos en la economía nicaragüense. El Gobierno, enfrentado a una contracción fiscal y a la pérdida de empleos formales, tendrá que recurrir a aumentar impuestos, recortar el gasto público y al terrorismo fiscal que ya impulsa. Los hogares y las pequeñas empresas serán quienes paguen el precio de una política que nunca eligieron.
Pero este desenlace no es un accidente, sino el resultado lógico de una estrategia de poder basada en la represión. Las sanciones comerciales no son un fin en sí mismo, sino una respuesta a la destrucción del Estado de derecho y de los derechos laborales.
En última instancia, lo que está en juego no es solo el acceso al mercado estadounidense, sino el modelo de país que Nicaragua quiere seguir. Puede optar por seguir siendo una economía controlada por un régimen autoritario que se aísla del mundo, o puede reconstruir un sistema basado en el respeto, la libertad y la dignidad humana.
