Este martes 21 de octubre la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) ha propuesto una serie de sanciones al régimen de Nicaragua, por sus violaciones a los derechos humanos, incluyendo los laborales y de los empresarios privados.
Según la información, la USTR decidió hacer esa propuesta ante la evidencia de “las leyes, políticas y prácticas (del régimen nicaragüense) relacionadas con los abusos de los derechos laborales, los abusos de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y el desmantelamiento del Estado de derecho”. Señala la USTR que tales políticas dictatoriales del gobierno de Managua son perjudiciales para los intereses comerciales de EE. UU.
Hasta ahora solo se trata de una propuesta de sanciones que la oficina comercial de EE. UU. pone a consideración de las partes interesadas, o sea de los empresarios estadounidenses con inversiones y otros negocios en Nicaragua, así como los empresarios privados y representantes laborales nicaragüenses, para que las valoren y aprueben si estuvieran de acuerdo. Y pone como plazo para tomar la decisión definitiva hasta antes del 19 de noviembre próximo.
Cabe recordar que este proceso comenzó el 10 de diciembre del año pasado, durante el gobierno de Joe Biden, cuando la anterior representante Comercial de EE. UU., Katherine Tai, informó que había iniciado una investigación de las denuncias sobre violaciones a los derechos laborales y humanos en general, cometidas por el régimen de Nicaragua.
Con el cambio de gobierno en enero de este año y el comienzo de la segunda administración de Donald Trump, el nuevo representante comercial de EE. UU., Jamieson Lee Greer, continuó la investigación y es quien ahora ha propuesto sanciones comerciales a la dictadura de Nicaragua.
La verdad es que desde que iniciaron esas investigaciones se podía suponer que las denuncias serían comprobadas. Ya sea por arrogancia ideológica, políticas erróneas, fobia a los derechos y libertades, o por lo que sea, los dictadores de Nicaragua ni siquiera disimulan sus atropellos. Los cuales han sido ampliamente investigados y verificados por los organismos internacionales de derechos humanos, ante todo de la OEA y Naciones Unidas.
Inclusive, en febrero de este año la dictadura de Ortega y Murillo sacó al Estado de Nicaragua de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), solo porque esta, en cumplimiento de sus atribuciones, le pidió públicamente que corrigiera sus erróneas políticas laborales y respetara los derechos de los trabajadores y los empresariales.
En realidad, pareciera que a Ortega y Murillo no les importa que le impongan sanciones económicas y comerciales a Nicaragua, quizás porque saben que al fin y al cabo quienes siempre pagan las consecuencias son las personas más pobres y vulnerables.
El caso de Cuba es una vitrina para ver con claridad las catastróficas consecuencias de las sanciones económicas y comerciales para la gente común, mientras la camarilla gobernante vive en la opulencia.
