El Parlamento Europeo, órgano parlamentario y legislativo de la Unión Europea que agrupa a 27 países democráticos del viejo continente, aprobó el pasado 8 de octubre una “Resolución sobre la estrategia política de la Unión para América Latina”.
En esta Resolución se toma en cuenta a Nicaragua en su doble dimensión. Por una parte en la de la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo; y por otra en la del pueblo nicaragüense, despojado de sus libertades y derechos, pero que resiste en espera de una nueva oportunidad para recuperar la libertad y la gobernanza democrática.
La Resolución del Parlamento Europeo se refiere a Nicaragua en el considerando U, en el que señala que “desde 2018, el régimen nicaragüense persigue sistemática, repetida y arbitrariamente a defensores de los derechos humanos, opositores y representantes religiosos…”
Además, en el Punto Resolutivo 13 “Recuerda que el régimen de Ortega y Murillo en Nicaragua aprobó una reforma constitucional en enero de 2025 que elimina la separación de poderes y el pluralismo político al establecer una copresidencia que controla todos los poderes del Estado y los medios de comunicación, y hace caso omiso a la adhesión a los convenios internacionales en materia de derechos humanos”.
La Resolución, “destaca, además, que el régimen nicaragüense mantiene fuertes vínculos con otras autocracias, como las de Irán, Venezuela y Cuba, y condena enérgicamente sus violaciones sistemáticas de los derechos humanos, la persecución de la oposición y la represión de la Iglesia católica y la sociedad civil, así como la supresión de los medios de comunicación libres y de toda muestra de independencia frente al poder; (e) insta a las autoridades nicaragüenses a que restablezcan el Estado de Derecho, las libertades fundamentales y los derechos de todos los nicaragüenses en el exilio, incluido el derecho a un retorno seguro sin demora”.
También, y sobre todo, la Resolución del Parlamento Europeo “reitera su petición de que se active la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación de la Unión y pide que se aumenten las sanciones contra Ortega, Rosario Murillo y su círculo de allegados; pide que se levante de inmediato la prohibición de los mecanismos internacionales de supervisión de los derechos humanos y se restablezca el estatuto jurídico de más de 3,000 ONG, que fue revocado en 2018 por el Gobierno nicaragüense”.
Estamos claros de que Ortega y Murillo no dejarán de cometer sus fechorías por lo que dice la Resolución del Parlamento Europeo. Tampoco cambiará la situación de los nicaragüenses, tanto de los que viven en Nicaragua como de los que en el extranjero sufren el rigor y el castigo inmerecido del destierro y el exilio.
El reconocido defensor estadounidense de los derechos humanos en el mundo, Kenneth Roth, quien durante casi tres décadas estuvo al frente de Human Rights Watch, dice en su libro de memorias que “el primer objetivo de este tipo de informes (sobre las brutales violaciones a los derechos humanos) es avergonzar a los perpetradores”. Sin embargo, sabemos por experiencia doméstica que algunos tiranos violadores de los derechos humanos ni siquiera se avergüenzan de sus crímenes, porque carecen de la más mínima decencia política.
De todas maneras es muy importante, moral y políticamente, que los Estados democráticos de Europa, y de otras partes del mundo, mantengan viva la atención internacional en la tragedia humana y política de Nicaragua, aunque solo sea en resoluciones. Peor sería que se olvidaran de este pueblo que sufre la opresión de una feroz dictadura, la que sin duda quisiera que el mundo se olvidara de los crímenes que ha cometido y sigue cometiendo contra el pueblo nicaragüense.
Resoluciones como la del Parlamento Europeo socavan de alguna manera la estabilidad internacional de la dictadura; y sirven, o han de servir, como fundamento político y jurídico para eventuales procesos judiciales internacionales que se podrían impulsar a fin de juzgar y condenar más adelante a los tiranos y sus secuaces.
