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Entre el humo y las llamas del último incendio del Mercado Oriental, en el que 25 tramos del sector conocido como “Los Chocoyos” fueron arrasados el pasado 5 de octubre, los lamentos de varios animales domésticos y silvestres, comercializados en ese sector, quedaron grabados.
Los cacareos de gallinas y pollos, que se mezclaban con los aullidos de cachorros, los cuales comenzaban a sofocarse por las llamas, según videos del incendio divulgados en redes sociales, conmovieron a los comerciantes que se acercaron a la zona para intentar controlar el incendio mientras esperaban ser socorridos por los bomberos.
“Hay que romper para sacar a los animalitos”, se alcanzó a escuchar en una de las grabaciones.
Las imágenes desataron una serie de cuestionamientos sobre la responsabilidad de las autoridades nicaragüenses para controlar la venta de animales domésticos y silvestres en ese populoso centro de compras.
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En el Mercado Oriental, confirmó LA PRENSA a inicios de este año, en el galerón de “Los Chocoyos” no solo se comercializaban gallinas, palomas, pollitos o cachorros, sino algunas especies silvestres como chocoyos, loras, conejos, monos, canarios, pericos, peces y tucanes.
La mayoría de estos animales, refieren los reportes de este Diario, se encontraban en jaulas pequeñas, insalubres, con poca ventilación e incluso bajo hacinamiento.
Violación de leyes de protección animal
Amaru Ruiz, biólogo y defensor de derechos ambientales, en entrevista con LA PRENSA, resaltó que en principio los animales silvestres “no deberían estarse ofreciendo en el Mercado Oriental, ya que viola todo el marco normativo del país, el propio convenio CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), e incluso la ley de protección animal, porque hay maltrato animal y sobre todo a especies protegidas”.
“Es violatorio de todo el marco legal que protege o trata de proteger a la fauna nicaragüense; entonces, en términos generales, no debió haber animales silvestres ahí dentro del Mercado Oriental puestos a la venta”, apuntó Ruiz.
“Debe haber responsabilidad penal por la muerte de estos animales”
El defensor nicaragüense destacó que en principio las autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marena) son los principales responsables por velar por la protección de la fauna, por lo que en ese incendio ni siquiera tenía que haber animales muriendo entre las llamas.
“No debía haber animales ahí; lamentablemente hubo, y eso significó la muerte de estos animales, y esto debe tener una responsabilidad penal», afirmó el también presidente de Fundación del Río, organización cancelada por la dictadura orteguista desde finales de 2018.
“La entidad encargada de velar porque no se comercialicen animales protegidos y que se proteja y respete la legislación ambiental es el Ministerio de Recursos Naturales, pero también la Policía Nacional tiene responsabilidad respecto a la aplicación de los delitos ambientales. Es un delito ambiental la comercialización de especies protegidas; y ahí ambas entidades son las responsables de la regulación, de detener la venta de animales protegidos que se comercializaban dentro del Mercado Oriental”, añadió.
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Explicó que el Marena e incluso la Policía, como los encargados de regular dicha comercialización de animales, que además estaban en condiciones de hacinamiento e insalubridad, tiene conocimiento público de los lugares en los que se comercializa, pero “lo siguen permitiendo, porque no hay interés real en la protección de la fauna del país”.
“El régimen sigue haciendo caso omiso a su deber de monitorear y darle seguimiento a los procesos de comercialización, de ir más allá y contrarrestar el tráfico ilegal de fauna, que sabemos que se sigue dando el tráfico ilegal de fauna, porque se siguen vendiendo en los mercados, sino recordemos como, hace dos años más o menos, loras que fueron encontradas en Miami, por un taiwanés que las llevaba desde Nicaragua, y que iba con destino a los mercados asiáticos”, denunció Ruiz.
Leyes de protección animal quedan en papel
La legislación nicaragüense hasta ahora cuenta con al menos dos leyes que consolidan garantías de protección para la fauna silvestre o doméstica en el país.
La Ley 747, Ley para la Protección y Bienestar de los Animales, aprobada hace más de 10 años, prohíbe la venta y compra de animales silvestres e incluso establece sanciones para quienes los maltraten, abandonen o exploten.
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Asimismo, la Ley 690, Ley de Conservación de la Fauna Silvestre, prohíbe la caza y captura de especies silvestres sin permisos correspondientes y también regula el comercio de algunas de estas, en sus artículos 2 y 3.
El Código Penal de Nicaragua, en los 312 y 313, también tipifica como delito el maltrato animal y establece penas que incluso incluyen prisión para quienes lo cometen.
El biólogo nicaragüense lamentó que, si bien el país tiene legislaciones que protegen a los animales, mientras este siga controlado por una dictadura ningún derecho, menos el de los animales, tendrán garantías de ser respetados, alertando que el impacto de esto se verá reflejado en “la fauna que sale de nuestros bosques y que sale a la comercialización y que se convierte más bien en una divisa y no en parte de su ecosistema protegido”.
