Desde marzo de 2020, cuando Estados Unidos (EE. UU.) acusó formalmente a Nicolás Maduro de liderar el criminal Cártel de los Soles, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha mantenido un respaldo constante al usurpador del poder presidencial de Venezuela. Un apoyo cargado de retórica revolucionaria y silencio estratégico frente a las imputaciones criminales.
En 2025, con el aumento de la recompensa de EE. UU. a 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Maduro, y el despliegue de una fuerza armada estadounidense en el Caribe, el respaldo se intensificó.
Fase I: 2020. Negación legal y solidaridad ideológica.
El 27 de marzo de ese año Rosario Murillo calificó como “infamias” las acusaciones de EE. UU. y reafirmó la “hermandad revolucionaria” con Maduro.
El 30 de marzo, Ortega y Murillo afirmaron estar “con ustedes (los líderes venezolanos acusados por EE. UU.) en todas las circunstancias”.
El 3 de abril Ortega y Murillo exigen el retiro de la flota militar estadounidense del Caribe. En mayo, Nicaragua firma una resolución del ALBA-TCP denunciando “judicialización de la política”. En julio de ese año, Murillo declara: “Aquí estamos, con amor y fuego revolucionario”.
Fase II: 2025. Blindaje simbólico y desafío antimperialista: en agosto Ortega y Murillo publican una carta teñida de “fervor revolucionario”, calificando a Maduro como “valientísimo hijo de Bolívar”.
En septiembre reafirman que la alianza “se mantiene en todo momento, circunstancia o etapa”, evocando a Sandino y la defensa armada de la soberanía.
Frases clave: “Somos la misma raza, somos la misma sangre… ni nos vendemos, ni nos rendimos, jamás”, “Nuestra unión no es de discursos… se defiende con las armas en la mano”.
Este respaldo, aunque nunca menciona directamente al Cártel de los Soles, se emite en contextos de presión judicial y militar. ¿Puede interpretarse como complicidad diplomática? ¿O es simplemente una expresión de resistencia política simbólica frente al intervencionismo de EE. UU.?
Desde una perspectiva jurídica, el silencio frente a acusaciones penales graves puede entrar en conflicto con tratados como la Convención de Palermo, que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Éticamente, el respaldo sin matices de Ortega y Murillo a Nicolás Maduro plantea preguntas sobre la responsabilidad compartida (complicidad) en la lucha contra el narcotráfico.
Los dictadores de Nicaragua han optado por blindar políticamente a Maduro, envolviéndolo en retórica revolucionaria. Pero en ese blindaje, ¿no se corre el riesgo de normalizar el crimen como parte del discurso de resistencia?
Los expertos en derecho penal internacional tienen la palabra.
