En su edición del sábado pasado, 27 de septiembre, el diario costarricense La Nación instó editorialmente al Gobierno de Costa Rica a actuar con firmeza ante la evidencia revelada por las investigaciones oficiales, de que la dictadura de Nicaragua está involucrada en el asesinato del exiliado nicaragüense Roberto Samcam Ruiz.
Como es bien sabido, el mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam Ruiz, devenido en férreo crítico de la dictadura sandinista de Ortega y Murillo y quien por eso se había exiliado en Costa Rica, fue asesinado a balazos el 19 de junio pasado en su residencia de San José, la capital costarricense.
El editorial de La Nación se basa en que el fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, reveló que “la orden (del asesinato) habría partido del Ejército de Nicaragua y las acciones se habrían planificado en ese país”. Y agrega el periódico tico en su editorial que “la solidez de los indicios” exige del gobierno costarricense “un pronunciamiento oficial, pero hasta ahora solo ha habido silencio”.
Sostiene La Nación que “la investigación del asesinato a balazos del refugiado nicaragüense Roberto Samcam Ruiz confirma lo sospechado desde un inicio: los sicarios estarían ligados al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo”.
Con argumentación lógica y contundente el prestigioso diario de Costa Rica concluye que “frente a estos hallazgos, el gobierno costarricense debe romper el silencio que mantiene desde el día del homicidio. La solidez de los indicios exige un pronunciamiento oficial, una nota diplomática con el recuento de la investigación y la advertencia de que Costa Rica no permitirá violaciones a su soberanía. También es importante que, ante la comunidad internacional, este mutismo no se preste para elucubraciones ni el régimen Ortega-Murillo lo asuma como tolerancia”.
Es comprensible que el Gobierno de Costa Rica maneje con cautela su relación con el régimen de Nicaragua, un incómodo vecino geográfico que nadie quisiera tener, pero que también es un inevitable socio comercial en el mercado centroamericano. Sin embargo, eso no impidió a los anteriores gobiernos costarricenses mantener una actitud crítica —en el marco de lo permitido por la práctica diplomática—, hacia el régimen dictatorial nicaragüense.
El mismo presidente actual de Costa Rica, Rodrigo Chaves, ha reconocido que el gobierno nicaragüense no es democrático. “En Nicaragua no hay democracia”, declaró el presidente Chaves el 29 de abril de 2023. Y señaló que Daniel Ortega se reeligió para un nuevo mandato presidencial de cinco años, después de encarcelar a todos los precandidatos presidenciales opositores y liquidar la competencia política interna.
«La verdad es que en Nicaragua no se ve ninguna democracia. Nosotros somos vecinos y debemos tener una relación de paz con el pueblo nicaragüense pero, en la elección pasada, todos los candidatos a la Presidencia de la República fueron encarcelados. Ahí no hay democracia, eso no es una expresión de democracia», explicó el presidente de Costa Rica.
Más de dos años después la situación ha empeorado, y mucho. La dictadura sandinista de Ortega y Murillo ha devenido en totalitaria, se mantiene en el poder mediante el terrorismo de Estado, ha aumentado la represión transfronteriza para perseguir a sus opositores y en ese plan viola la soberanía y la seguridad pública interna de Costa Rica. Eso lo ha demostrado inequívocamente el asesinato de Roberto Samcam Ruiz y otros atentados criminales ocurridos anteriormente.
De manera que el presidente Chaves debería entender y atender lo que ha dicho editorialmente el periódico La Nación de Costa Rica. Que “callar ante un asesinato con móvil político es incompatible con los deberes de un país que debe resguardar la integridad del Estado, la vida de nacionales y refugiados bajo su amparo, la seguridad ciudadana, las libertades y el principio de respeto entre naciones”.
Más todavía, dijo La Nación que “la obligación de Costa Rica no termina en ofrecer refugio, sino en garantizar que nuestro territorio no sea vulnerado por injerencias extranjeras ni convertido en extensión de la represión dictatorial. Como país que concentra la mayor cantidad de nicaragüenses solicitantes de refugio, es crucial romper el silencio, proteger con firmeza a los refugiados, resguardar la credibilidad de la nación como tierra de asilo y libertad y, sobre todo, defender la soberanía”.
