El Gobierno de Estados Unidos sancionó este lunes a la esposa de Alexandre de Moraes, uno de los jueces del Tribunal Supremo de Brasil.
La acción fue anunciada por la web de la Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. y llega en medio de una campaña de represalias por parte de Washington contra el Gobierno brasileño por la condena al exmandatario Jair Bolsonaro, un líder derechista aliado del presidente estadounidense, Donald Trump.
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En una histórica decisión, el Supremo de Brasil condenó en septiembre a Bolsonaro a 27 años y tres meses de cárcel por haber conspirado contra el orden democrático tras su derrota en las elecciones de 2022 frente a Lula.
A finales de julio, EE.UU. sancionó a De Moraes acusándolo de ser responsable de «abusos a los derechos humanos» incluyendo «detención arbitraria», fallas al debido proceso y a la libertad de expresión.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha acusado al Gobierno de Trump de «buscar la impunidad» para Bolsonaro y de imponer aranceles a su país por «motivos políticos».
Brasil expresa su «profunda indignación» por las sanciones de EE.UU. a la esposa del juez De Moraes
El Gobierno brasileño manifestó este lunes su «profunda indignación» por las sanciones anunciadas por Estados Unidos a la esposa del juez Alexandre de Moraes, relator del proceso que condenó por golpismo al expresidente Jair Bolsonaro.
En una nota oficial, la cancillería consideró esas sanciones como una «injerencia indebida», que tendría el «único objetivo de beneficiar a quienes lideraron un intento frustrado de golpe de Estado».
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Según la cancillería, la sanción es en realidad a «Brasil, una democracia que se defendió, con éxito, de un intento de golpe de Estado» que fue liderado por el expresidente Jair Bolsonaro, líder de la ultraderecha y condenado por esos hechos a 27 años de prisión.
Este mismo lunes, además de anunciar las sanciones a la esposa de De Moraes, Washington también suspendió el visado del abogado general del Estado brasileño, Jorge Messias.
El propio funcionario lo confirmó, lo consideró una «agresión injusta» y reafirmó su «integral compromiso con la independencia constitucional» del sistema de justicia brasileño.
