El recién pasado domingo se cumplieron 69 años del asesinato del dictador nicaragüense Anastasio Somoza García, perpetrado por Rigoberto López Pérez en la ciudad de León el 21 de septiembre de 1956.
Este mismo domingo 21 de septiembre de 2025, en Estados Unidos (EE. UU.) se realizó el apoteósico funeral de Charlie Kirk, el aliado mediático del presidente Donald Trump que fue asesinado el pasado 10 de septiembre. El asesinato político de Kirk no es el primero que ocurre en EE. UU., pero la intensa polarización ideológica que hay actualmente en este país ha provocado una inusitada perturbación.
Volviendo al caso de Nicaragua, según historiadores nicaragüenses el primer jefe de Estado asesinado estando en el poder fue Manuel Antonio de la Cerda, en 1828, apenas dos años después de que Nicaragua se separó de la Federación de Centroamérica y se declaró Estado independiente.
Otro jefe de Estado de Nicaragua asesinado en ejercicio del poder fue el dictador Anastasio Somoza García, en 1956. Y 24 años después, el 17 de septiembre de 1980, también fue asesinado el exdictador Anastasio Somoza Debayle, hijo de Somoza García. El “largo e implacable brazo” de la Revolución Sandinista que había derrocado a Somoza Debayle en julio de 1979, lo persiguió hasta Paraguay donde estaba refugiado y allí fue asesinado por un comando terrorista “internacionalista”.
Según la doctrina política, uno de los rasgos del totalitarismo es que predica y glorifica la violencia y el crimen político, cuando se practican contra quienes califica como enemigos. Es por eso que el nombre de Rigoberto López Pérez, asesino de Somoza García, ha sido exaltado por la dictadura sandinista e incluido en el preámbulo evocatorio de su Constitución.
Los sandinistas y los revolucionarios totalitarios en general llaman “ajusticiamiento” a esos asesinatos políticos, pues según ellos hacen justicia al matar a sus enemigos. Sin embargo, el ajusticiamiento según la correcta definición jurídica es la aplicación de la sentencia de muerte dictada de acuerdo con la ley por un tribunal institucional, en los países donde todavía existe la pena capital. Lo que no fue el caso de los exdictadores Somoza de Nicaragua.
Lo cierto es que el asesinato político ha acompañado a la humanidad desde antes de que se comenzara a escribir la historia. Se empezó a practicar cuando la gente se asoció en clanes y tribus, mucho antes de la creación del Estado.
Los historiadores dicen que no es posible saber cuándo ocurrió el primer asesinato político, ni quién fue la víctima, porque la historia como registro de los hechos ocurridos comenzó hasta después de que se inventó la escritura. No obstante, se conoce por diversos indicios que desde mucho antes se cometían los crímenes políticos en la lucha por el poder grupal y tribal.
Se menciona como el asesinato político más antiguo cuyas circunstancias y fecha quedaron registradas en la historia, el del tirano griego Hiparco de Atenas, ocurrido en el año 514 antes de Cristo. El déspota ateniense fue asesinado por Harmodio y Aristogitón, quienes se arrogaron el derecho de asesinarlo para liberar a la gente.
Rodrigo Borja dice en su Enciclopedia de la Política, que el magnicidio —incluyendo el tiranicidio— “ha sido un arma política en diversas épocas y lugares. Para abatir un gobierno, para producir un cambio del orden social, para desmantelar un partido político, para impedir el triunfo de una idea se ha acudido a la eliminación violenta de sus cabezas más representativas”.
A juicio de Borja, “en unos casos esas acciones violentas han estado rodeadas de legitimidad, pues eran la única forma de liberar a los pueblos de sus verdugos. En otros, han sido acciones condenables que se han consumado en nombre del fanatismo político o religioso”.
Pero la valoración del magnicidio, incluyendo el tiranicidio —que es un asesinato político—, depende de la moral y los principios religiosos de la gente. Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, cuyo legado intelectual, ético y político es la brújula moral de LA PRENSA, era un acérrimo opositor a la dictadura somocista, pero no estuvo de acuerdo con el asesinato de Somoza García. El somocismo lo acusó de complicidad en el asesinato y lo condenó en un Consejo de Guerra. Sin embargo, el doctor Chamorro Cardenal dejó claro que por su moral cristiana y sus principios democráticos no podía estar de acuerdo con que se matara a otra persona, aunque fuera un tirano.
