Las empresas capitalistas privadas para funcionar normalmente y generar los mayores beneficios, para ellas y para la sociedad y el Estado, deben tener seguridad jurídica, o sea, la protección de un Estado de derecho.
Las garantías jurídicas que proporciona el Estado de derecho son fundamentales para la existencia y el buen funcionamiento de la empresa privada capitalista. Pero eso no significa que no puedan funcionar donde no existe el Estado de derecho. Algunas lo hacen, pero tienen que someterse a presiones y chantajes diversos, inclusive la confiscación cuando conviene o simplemente se le ocurre a quienes detentan el poder estatal.
Estamos hablando de países como Nicaragua, por supuesto. Y específicamente nos referimos a la información publicada por LA PRENSA este jueves 18 de septiembre, bajo el título: Dictadura y empresa china despojan a inversionistas estadounidenses de plantel minero en Palacagüina.
Según dicha información, “esta es la primera vez que la dictadura actúa en contubernio con una empresa de capital chino operando en el país para despojar a empresarios extranjeros de su inversión en Nicaragua”. Y explica que se trata de un plantel de la empresa estadounidense BHMB Mining que se dedica al procesamiento de oro extraído por mineros artesanales. La empresa norteamericana fue acusada por la dictadura de supuestamente realizar actividades que no le corresponden, así como no pagar impuestos que, en realidad, por la naturaleza de sus operaciones no tiene por qué pagarlos.
De allí que autoridades de la dictadura, acompañadas por empleados de la empresa minera china Zhong Fu Development S.A., de la República Popular de China, llegaron a las instalaciones de la BHMB Mining en Palacagüina, Nueva Segovia, y se apoderaron del plantel por la fuerza.
Como ya dijimos, las empresas privadas capitalistas pueden funcionar donde no hay Estado de derecho, pero asumiendo costos más elevados y corriendo riesgos más altos. Por ejemplo, debido a la inseguridad jurídica esas empresas tienen más dificultades para cumplir los contratos, en cualquier momento pueden ser expropiadas o confiscadas y son sometidas en forma indirecta o descarada a extorsiones, sobornos y otras formas de corrupción, que se tienen que añadir a los costos ordinarios de operación.
Por supuesto que algunas empresas capitalistas no solo sobreviven, sino que hasta prosperan en países sin Estado de derecho. Se adaptan a la inseguridad jurídica y política y a las condiciones de corrupción, o son parte del sistema de “capitalismo de compinches” sobre el que hemos escrito anteriormente.
Se sabe que sus gobiernos les advierten a los inversionistas sobre los peligros en los países donde no hay garantías jurídicas para la propiedad, las inversiones y hasta para la seguridad personal. Sin embargo, siempre hay quienes se atreven a invertir en países de muy alto riesgo, apostando a que hasta podrían obtener más beneficios.
También hay que señalar que esas condiciones anómalas para el funcionamiento de la empresa privada capitalista perjudican al país de que se trate, en este caso Nicaragua. Pues desalientan la inversión productiva sana, favorecen las actividades especulativas y el llamado extractivismo.
La falta de garantías políticas y seguridad jurídica para las empresas privadas limita el desarrollo económico del país y mantiene a la población en la pobreza, pues solo se benefician las capas privilegiadas que controlan el poder y lo ejercen de manera autoritaria.
