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En medio de la guerra comercial provocada por la política arancelaria del presidente Donald Trump, que eliminó los beneficios arancelarios de los acuerdos comerciales, las empresas estadounidenses dicen que en Nicaragua y al resto de Centroamérica enfrentan una serie de barreras, arancelarias y no arancelarias, y otros obstáculos, entre ellos la corrupción, abusos y procesos engorrosos en las aduanas, que incluso dificultan la lucha contra la piratería y otros irrespetos a la Propiedad Intelectual (PI), que dejan a sus productos en desventaja frente a los locales y a los procedentes de otros países.
Esas son algunas de las quejas que recoge un reciente informe que emitió la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés). Pero no menciona que en agosto, con la entrada en vigencia del arancel del 18 por ciento para los productos de Nicaragua, del 15 para los de Costa Rica y del 10 por ciento para el resto de países de la región —que impuso el presidente Donal Trump—, los productos de estos países perdieron los beneficios arancelarios que les otorgaba el DR-Cafta.
El informe asegura que los acuerdos comerciales, especialmente el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, conocido como DR-Cafta, del que son parte todos los países de la región, redujo muchos aranceles.
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Barreras no arancelarias y contingentes
Sin embargo, los productos estadounidenses aún enfrentan barreras arancelarias significativas en la región. Muchas de ellas en «forma de impuestos internos discriminatorios, Contingentes Arancelarios (TRQs por sus siglas en ingles), con aranceles elevados fuera de cuota, y la imposición de aranceles de salvaguardia o restricciones de volumen para productos sensibles», dice el informe de la USTR.
Además, el documento señala que las empresas estadounidenses enfrentan una compleja red de barreras no arancelarias, entre las que figuran «regulaciones aduaneras inconsistentes, sistemas de licencias de importación opacos, requisitos sanitarios y fitosanitarios no basados en la ciencia o excesivamente onerosos, y requisitos de localización de datos», que provocan incertidumbre, aumentan los costos y obstaculizan el acceso a los mercados centroamericanos.
El Informe de Estimación Nacional de Comercio 2025, sobre Barreras al Comercio Exterior del Presidente de los Estados Unidos sobre el Programa de Acuerdos Comerciales, realizado por la USTR detalla que por ser miembros del Mercado Común Centroamericano (MCC), Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica «aplican un arancel externo armonizado de un máximo del 15 por ciento en la mayoría de los artículos, con algunas excepciones».
Barreras arancelarias del MCC
Además, desde el 1 de enero del 2015, bajo la protección del DR-Cafta, todos los productos no agrícolas de Estados Unidos entran libres de arancel a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana. Mientras que en Panamá, gozan de este beneficio desde el 1 de enero de 2021, bajo el Acuerdo de Promoción Comercial.
También, a la fecha casi todos los productos agrícolas de Estados Unidos, entran a estos países libres de arancel, ya que recientemente concluyó el proceso de desgravación gradual que inició con la entrada en vigencia del DR-Cafta hace casi veinte años. De hecho el arroz, el maíz amarillo. los lácteos y los cuartos traseros de pollo, fueron los últimos productos en concluir ese proceso. En algunos países estos productos entran libres de arancel desde el 1 de enero de 2023 y en otros desde el 1 de enero de 2025.
Adicionalmente, todos los países tiene Contingentes Arancelarios (TQRs), para algunos productos considerados sensibles. Entonces, para no afectar la producción nacional de ellos, los países permiten el ingreso, libre de arancel, de volúmenes específicos, que con el tiempo también se liberarán y permitirán el ingreso de ellos libre de arancel.
Otras barreras arancelarias
Pero pese a que según el informe el DR-Cafta y el Acuerdo de Promoción Comercial con Panamá establecen reglas claras, los empresarios estadounidenses se quejan de diversos obstáculos que enfrentan en la región. Por ejemplo, señalan que en Guatemala el marco legal exige que algunas empresas retengan el 15 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado para que luego pidan reembolsos, pero aseguran que el proceso es oneroso y no ofrece garantías de reembolsos oportunos.
En El Salvador y Costa Rica la principal queja, en cuanto a barreras arancelarias es que cobra un impuesto especial sobre las bebidas espirituosas que se calcula por porcentaje de alcohol con diferentes tasas, mientras el aguardiente local tiene tasas impositivas más bajas. En Honduras consideran discriminatorio que las carne de cerdo que entra con descripción en inglés paga el 15 por ciento de arancel, mientras que si tiene esta va en en español está exenta.
De Nicaragua aseguran que desfavorece a los proveedores extranjeros porque les cobra un Impuesto al Consumo, de entre 15 y 42 por ciento sobre cierto artículos de lujo y bebidas alcohólicas, que calculan sobre un «precio de compra estimado inflado», mientras que los productos nacionales se gravan sobre el precio de compra real.
En República Dominicana, consideran que los impuestos que le cobran al etanol y al queso de Estados Unidos desincentivan su importación; y en Panamá las restricciones que enfrentan las cebollas, las patatas, algunos quesos, el arroz en cáscara, la cerne de cerdo, la mantequilla y la leche líquida de Estados Unidos para entrar a ese mercado.
Las barreras no arancelarias
A esas barreras arancelarias que desincentivan la venta de los productos estadounidenses en el mercado centroamericano, el informe de la USTR le suma una amplia lista de barreras no arancelarias que se vuelven un obstáculo para comercializar los productos estadounidenses en la región.
En Guatemala, según el informe las aduanas usan una base de datos de precios de referencia inexactos; exigen registro de productos alimenticios a cada importador; realizan inspecciones continuas a los productos frescos; no tramitan las solicitudes para el ingreso de biotecnología agrícola; existe excesiva corrupción en las adquisiciones gubernamentales que desincentivan la participación; los proveedores extranjeros deben nombrar un representante nacional para poder operar en el país; aplican leyes y regulaciones complejas e inconsistentes que sirven de barrera a las inversiones; y la corrupción impera en los puertos durante las inspecciones de seguridad.
Para El Salvador la lista de obstáculos es más grande e incluye, entre otras quejas la aplicación inconsistente y discrecional de regulaciones aduaneras que generan retrasos y multas; procesos engorrosos para que las empresas estadounidenses de zona franca exporten sus productos; falta de claridad en la valoración aduanera de los envíos exprés; requisitos duplicados para la emisión de certificados sanitarios; inspecciones y certificaciones frecuentes a empresas que envían productos de origen animal; pruebas de laboratorio para productos alimenticios y fumigación obligatoria para granos, entre otras.
Entre las barreras no arancelarias de Honduras señalan lo complicado que resulta obtener las licencias de importación; la falta de notificación de decretos a la Organización Mundial del Comercio (OMC); y la restricciones a los servicios de distribución.
La corrupción de la DGA en Nicaragua
En Nicaragua cuestionan la agresividad de la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), al disputar el valor declarado y el origen de las importaciones que obliga pagos y multas excesivas; retrasos arbitrarios y multas por errores menores de papeleo que llegan a exceder el valor de los envíos; y la inspección física de casi todos los envíos; solicitud de pruebas adicionales de origen, datos y secretos comerciales.
También el rechazo de documentación de origen otorgada por agencias gubernamentales para muchos productos agrícolas; registro complicado y arbitrario de productos alimenticios; interpretación restrictiva de fechas de caducidad que conlleva la destrucción de productos; estándares sanitarios estrictos y únicos que en muchos casos provocan el rechazo de contenedores de productos.
De parte de Costa Rica, retrasos en la entrega de permisos fitosanitarios, trámites engorrosos para el ingreso de productos de origen animal y retraso en la emisión de permisos de importación debido al monitoreo de los Contingentes arancelarios.
Para Panamá los reclamos giran en torno al cierre de ese mercado a las cebollas y patatas, algunas restricciones a la carne de cerno; engorroso sistema de clasificación y empaque del arroz; registro de instalaciones de productos lácteos; y en República Dominicana incluyen la entrega discrecional de licencias de importación de productos sensibles como el arroz, los frijoles, el azúcar, cebollas y algunas carnes, que provoca un trato desigual; cuestionamientos de las reglas de origen del DR-Cafta para la importación de vehículos usados; y retraso en la entrega de registros sanitarios.
Otros obstáculos a la PI
Según el informe de la USTR además de las barreras arancelarias y las no arancelarias, los productos y empresas estadounidenses enfrentan otros obstáculos en los países de Centroamérica. Entre ellos: la falta de protección a la Propiedad Intelectual (PI); barreras a los servicios; barreras al Comercio Electrónico y/o digital; barreras a la inversión; barreras laborales y en Guatemala y Nicaragua la corrupción.
En Guatemala la corrupción restringe la inversión; «los importadores han reportado que los inspectores aduaneros tienen una discreción sin control sobre qué envíos inspeccionar, lo que puede generar sobornos para evitar demoras».
Mientras que en Nicaragua la debilidad del Estado de derecho y la corrupción son particularmente evidentes en la contratación pública. «Estas barreras se suman a los aranceles y las barreras no arancelarias relacionadas con la importación y las aduanas, creando un entorno comercial más complejo para los productos y empresas estadounidenses en la región centroamericana», señala el informe de la USTR.
El extenso informe se centra únicamente en las quejas de las empresas de Estados Unidos y no hace ninguna referencia a las consecuencias que provocará la entrega en vigencia, desde agosto, de los aranceles que impuso la administración Trump y que eliminó para Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana los beneficios arancelarios que les otorgaba a sus exportaciones el DR-Cafta y para Panamá el Acuerdo de Promoción Comercial.
