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«Tienes que salir de aquí cuanto antes», se dijo a sí misma Hannah Kreager.
Era principios de abril y esta estadounidense transgénero de 22 años llevaba ya unos meses dándole vueltas a la idea de dejar atrás su país.
Ante lo que activistas y organizaciones describen como un contexto crecientemente hostil para la comunidad LGBTQIA+, Kreager había empezado a tomar precauciones.
Dejó de usar baños públicos y trató de evitar multitudes. También comenzó a acumular medicamentos para la terapia de reemplazo hormonal que seguía, por temor a que el gobierno federal prohibiera la atención médica para la afirmación de género para adultos después de haber etiquetado ese cuidado para menores como «mutilación química y quirúrgica».
Pero fue el rumor de que el presidente Donald Trump estaría barajando invocar la Ley de Insurrección de 1807 ese mismo mes lo que precipitó sus planes.
La norma permite al gobierno federal desplegar tropas para controlar una potencial rebelión en su territorio, y la joven empezó a preguntarse qué sería de ella si en un marco así las autoridades la pararan y le pidieran identificarse.
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Ya había renovado la licencia de conducir para que los datos coincidieran con su nombre legal y su identidad de género. «Pero me preocupaba el pasaporte», le explica Kreager a BBC Mundo.
Y es que ese documento la identifica con su nombre previo a la transición y con el marcador de género X, algo que EE.UU. dejó de procesar en enero, cuando Trump estableció por decreto que debe ser política del gobierno reconocer solo dos sexos, masculino y femenino, y que estos son «inmutables».
¿Qué pasaría si no lo consideraban una identificación válida? ¿Dónde la llevarían? ¿Qué opciones tendría? Las preguntas se le acumulaban.
«Y decidí que no estaba dispuesta a correr ningún riesgo, aunque hasta la fecha no se haya impuesto la ley marcial», admite.
Así, se despidió de sus amigos en Túcson, un municipio de Arizona que colinda con México, metió sus pertenencias en el coche y con el apoyo de su familia condujo hacia el norte hasta la frontera con Canadá, donde solicitó asilo.
Hoy espera la resolución de su caso en Calgary, la principal ciudad de la provincia de Alberta.
De serle otorgado el estatus de protección, su caso sentaría precedente, apunta su representante legal, Yamena Asari, quien, al igual que otros abogados canadienses de inmigración, asegura tener cada vez más clientes estadounidenses interesados en seguir los pasos de Kreager.
Mientras, los datos publicados la semana pasada por la Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá muestran que más estadounidenses solicitaron el estatus de refugiado en el país del norte en la primera mitad de 2025 que en todo 2024.
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Las de los estadounidenses constituyen una pequeña parte del total de solicitudes de asilo en Canadá — 245 de unas 55.000— y su tasa de aceptación ha sido históricamente baja.
Y los aspirantes de otros países que cruzan la frontera terrestre desde EE.UU. suelen ser devueltos en virtud de un acuerdo bilateral que sostiene que deben solicitar asilo en el primer país «seguro» al que llegaron.
Leyes «antitrans»
«Solicitar asilo no suele ser la primera opción, por varios motivos», le reconoce la abogada Ansari a BBC Mundo.
«Toma mucho tiempo en resolverse –hasta dos años, calcula– y no hay garantías de que se otorgue, así que la incertidumbre para el cliente es grande, e implica además no poder volver al país de origen», explica.
Pero por el perfil de Kreager —recién acabado el bachillerato, habiendo trabajado en la pizzería de su madre— no parecía viable aspirar a una visa especializada, ya fuera de talento o de negocios.
Y en vista de las distintas leyes sobre género aprobadas o en consideración en varios estados de EE.UU. y las acciones tomadas por la administración Trump para derogar programas federales y departamentos establecidos por gobiernos anteriores en apoyo o como protección a la comunidad LGBTQ+ en general, decidieron recurrir al asilo.
De acuerdo al Trans Legislation Tracker, una iniciativa independiente que rastrea proyectos de ley que impactan a las personas trans y de género diverso en EE.UU., en lo que va de año se han aprobado 121 legislaciones de ese tipo y otras 981 están siendo consideradas, tanto a nivel estatal como federal.
Es un aumento sustancial con respecto al año anterior, cuando ya se habían roto todas las marcas. Y es que en apenas dos años se pasó de no registrarse ninguna iniciativa nacional de este tipo a un total de 88 en 2024.
Entre los presentados en lo que va de 2025 los hay que pretenden legislar en materia de educación, como aquellos dirigidos eliminar las referencias a lo que llaman la «ideología de género» del material escolar o los que obligarían a revelar a los padres la identidad trans de los alumnos.
Otros abarcan el sector salud, con la prohibición de los servicios de afirmación de género para menores, o el entorno deportivo. De hecho, más de un tercio de los estados ya han aprobado leyes que prohíben a las atletas transgénero participar en competencias femeninas.
Pero también existen iniciativas en otras categorías, que van desde los derechos civiles a las exenciones religiosas, pasando por el uso de pronombres hasta el acceso a servir en el ejército.
Y prácticamente ningún estado se libra de ellos: las cámaras legislativas de 49 de los 50 estados de EE.UU. están valorando este tipo de proyectos de ley.
A ello se suma el aluvión de órdenes ejecutivas firmadas por Trump desde que asumiera la presidencia en enero.
Entre ellas están las tituladas «Acabando con la adoctrinación radical en las escuelas», «Protegiendo a los menores de la mutilación química y quirúrgica» o «Manteniendo a los hombres al margen de los deportes femeninos».
Sobre la última, el 16 de abril la fiscal general Pam Bondi dijo: «Esta ha sido una causa enorme para él (el presidente Trump). Y es bastante simple: las chicas juegan en competiciones deportivas femeninas. Los hombres en las masculinas».
En esa línea, durante los primeros 100 días de Trump en la Casa Blanca, GLAAD, una organización sin ánimo de lucro que aboga por la eliminación de la discriminación basada en la identidad de género y la orientación sexual, documentó lo que considera 225 ataques anti-LGBTQ+.
Ante ello, la abogada Ansari presentó formalmente la petición de asilo el 1 de junio, bajo el argumento de que su clienta «teme persecución en su país debido a las políticas antitrans de la administración actual», le explica a BBC Mundo.
Temor creíble de persecución
El proceso para aspirar al asilo en Canadá no dista mucho del de otros países.
El solicitante debe demostrar que sus temores de persecución están relacionados con su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política; que su vida corre peligro o que está en riesgo de enfrentar tortura o un trato cruel e inusual.
Y también ha de probar que no puede obtener protección del Estado ni reubicarse de manera segura dentro de su país.
Ante la pregunta de si consideró, como algunos de sus compatriotas transgénero, mudarse a estados con mayores protecciones para el colectivo, Kreager es tajante. «Ningún estado es seguro», zanja.
«Incluso si lo hubiera hecho, si se hubiera instalado en California, Nueva York o Illinois, aún habría servicios federales a los que querría acceder y en los que se vería impactada, como el de modificar su pasaporte para que refleje su género correcto», explica su abogada.
Después de que un agente de inmigración canadiense evalúa la elegibilidad de la solicitud y su admisibilidad en el país, esta es remitida a la Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá (IRB) para que decida sobre el caso.
«En base a los meros hechos, mi clienta tiene un caso sólido», dice Ansari, quien lleva años trabajando con solicitantes de asilo de otros países, sobre todo procedentes de África occidental y de países árabes. «Y definitivamente veo muchos paralelismos entre esos casos y la experiencia de Hannah», asegura. «Estamos hablando de que en ciertos estados personas como ella, estadounidenses como ella, podrían no ser reconocidos».
Aunque admite que hay otros factores en juego, entre los que cita la posible falta de conciencia plena en Canadá del contexto sociopolítico de su vecino del sur, así como de un creciente sentimiento antiinmigración.
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Sentimiento antiinmigrante
Así lo muestran las encuestas.
La última edición de Focus Canada, realizada por el Instituto Environics desde 1976 en asociación con el Instituto de Diversidad de la Universidad Metropolitana de Toronto, concluyó en noviembre que «por primera vez en un cuarto de siglo una mayoría clara de canadienses dice que hay demasiada inmigración».
Según el sondeo, 6 de cada 10 (58%) canadienses cree que el país acepta demasiados migrantes, un 14% más que en 2023, cuando ya se registró un incremento de 17 puntos con respecto al año anterior.
El porcentaje es mayor entre los votantes del Partido Conservador (80%) que entre los del Partido Liberal (45%) o de los socialdemócratas del Nuevo Partido Democrático (NDP, 36%), aunque el incremento es común y equivalente.
Otro sondeo, publicado también en noviembre y llevado a cabo por el Museo Canadiense para los Derechos Humanos, mostró un panorama similar, con un 56% de los encuestados afirmando que los refugiados y solicitantes de asilo «reciben demasiados beneficios» en Canadá. El porcentaje en la edición del año anterior fue del 49%.
La encuesta también reportó una «disminución significativa» en el número de canadienses que creen que la inmigración mejora el país: del 52% en 2023 al 44% este año.
«Los inmigrantes de todo tipo, pero especialmente los solicitantes de asilo, están siendo utilizados como chivos expiatorios ante la crisis del coste de la vida en el país», apunta la abogada Ansari.
Aun así, confía en que la Junta de Inmigración y Refugiados (IRB) sabrá ver más allá, y se siente confiada ante el caso de su clienta.
Kreager, mientras espera la siguiente audiencia, cuenta con permiso para estudiar y trabajar y está recaudando donaciones a través de la plataforma GoFundMe para cubrir parte de los gastos y los honorarios legales.
Se sabe privilegiada, ya que no todas en su condición pueden permitirse salir de EE.UU. y solicitar asilo en Canadá, le reconoce a BBC Mundo.
También asegura que se siente más segura, que el miedo a despertar y encontrarse con que su «mera existencia ha sido criminalizada» ya está disipándose.
Por otra parte, el contexto podría cambiar en EE.UU. en los próximos años.
Si los demócratas recuperaran el control de la Cámara de Representantes en las elecciones de medio mandato de 2026 o de la Casa Blanca en las presidenciales de 2028, un enfoque presuntamente más amigable hacia los derechos LGBTQ+ debilitaría la afirmación de Kreager de que teme la persecución en su país debido a su identidad de género.
«Si Canadá me deniega el asilo, será porque las cosas están mejor».
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