En medio del silencio que guarda la administración del presidente costarricense, Rodrigo Chaves, sobre el asesinato del mayor en retiro Roberto Samcam el 19 de junio de este año, Jorge Torres, titular de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional de Costa Rica (DIS) —adscrita al Poder Ejecutivo— aseguró ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa costarricense que esta instancia no cuenta con la capacidad jurídica para dar curso a denuncias por amenazas presentadas por exiliados en el país.
Samcam fue asesinado en su vivienda en Moravia, San José, el pasado 19 de junio a las 7:45 de la mañana. El exmilitar informó a la DIS en 2019 sobre la posible existencia de «células de inteligencia del Gobierno de Nicaragua operando en Costa Rica», según confirmó la DIS a medios de comunicación costarricenses. No obstante, el fiscal adjunto de la Fiscalía General de Costa Rica, Mauricio Boraschi Hernández, aseguró en una entrevista a LA PRENSA que Samcam había denunciado ante la DIS amenazas de muerte.
«Nunca hemos recibido, en ningún caso que nos digan: ‘Mira, me van a matar’. Tampoco tenemos el banco de información de los refugiados de este país. Hay un número general público que podrían haber 20 mil personas refugiadas y 200 mil solicitudes de refugio en espera. Cosa que sería imposible para nosotros, con una cantidad de oficiales de la DIS, darle seguridad física a cada ciudadano», dijo el actual titular de Inteligencia.
No hay protocolos
Ante la pregunta de uno de los parlamentarios sobre si desde esta cartera existe algún protocolo para resguardar a refugiados bajo amenazas, Torres aseveró que no hay ninguno.
«Normalmente esta comunidad de muchos exiliados se nos acerca. Yo creo que ni la población costarricense podría tener una seguridad personalizada. En este caso, nosotros los orientamos y les damos recomendaciones en temas de seguridad», señaló Torres.
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Afirma que no hay células
Torres aseveró que «no hay» presencia de operarios de la dictadura Ortega Murillo en Costa Rica.
«Nosotros no hemos identificado a ninguna persona del régimen acá en Costa Rica. Nosotros quisiéramos identificarlo, pero yo no puedo decirle a brazo alzado que fue el régimen el que lo mató (a Samcam), porque no tengo pruebas», dijo Torres.
También aseguró que no existen denuncias sobre la presencia de estos operarios, lo que contradice la versión oficial de la DIS que envió a medios de comunicación, donde confirmó que Samcam elevó denuncias de esta naturaleza.
«Yo tengo mucho respeto por don Roberto, su familia, pero sí quiero dejarle claro, nosotros nunca recibimos información de ese tipo y tampoco tenemos identificado ningún grupo de inteligencia”, señaló Torres.
DIS tiene comunicación con el Ejército
Ante la pregunta de otro parlamentario sobre algún tipo de relación entre la DIS y la Dirección de Inteligencia de Nicaragua (DID), Torres aseveró que hay algún canal para temas fronterizos.
«Tenemos algún canal de comunicación con la inteligencia militar (de Nicaragua) para temas fronterizos. Quizás un poco. Y no, oficialmente. Tenemos muy poca comunicación. Ha cambiado el sistema», dijo Torres.
Aseveró que anteriormente sí había una relación más cordial a nivel de organismos de inteligencia de los países centroamericanos y sudamericanos. Sin embargo, señaló que «conforme hay inestabilidad política en algunos países, va cambiando la comunicación».
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DIS recibió denuncias desde 2018
Desde el estallido de la crisis sociopolítica en Nicaragua, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) de Costa Rica comenzó a recibir múltiples denuncias de nicaragüenses que huían del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por casos de vigilancia, intimidación y posibles operadores del régimen actuando desde territorio costarricense. Uno de los denunciantes en ese contexto fue el mayor en retiro Roberto Samcam.
En una entrevista con LA PRENSA, concedida el 8 de julio de este año, el exdirector de la DIS entre 2018 y 2021, Eduardo Trejos, y quien también fue embajador de Costa Rica en Managua, confirmó que la institución investigó varias de las denuncias que recibió la DIS por parte de exiliados de Nicaragua, aunque en muchos casos no se lograron comprobar amenazas reales.
Trejos sostiene que la DIS sí colaboró con personas en riesgo, realizó seguimientos y facilitó su salida segura del país, pero también enfatiza que su competencia es investigativa, no de protección directa.
