Desde antes de asumir la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump prometió que regresaría a millones de inmigrantes a sus países de origen. Las políticas que ha implementado en los últimos 7 meses, desde que regresó a la Casa Blanca, buscan hacer realidad esa promesa que por ahora ha cumplido.
Estas medidas también han afectado a miles de nicaragüenses en Estados Unidos que cada día sortean la posibilidad de ser detenidos y deportados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Algunos ya han sido encadenados y enviados de regreso a Managua.
Estas son algunas de las medidas que ha adoptado la administración Trump para expulsar a los inmigrantes de territorio estadounidense.
Cancelación del TPS
El Estatus de Protección Temporal (TPS) fue cancelado el 7 de julio para Nicaragua, Venezuela, Haití, Honduras y varios países más. La decisión está temporalmente frenada por una jueza federal de California y permanecerá en suspenso hasta el 18 de noviembre de 2025, cuando se celebre una audiencia en la que se determinará el futuro del TPS.
La cancelación del TPS afectaría a miles de inmigrantes, incluidos nicaragüenses, que podrían ser deportados y enviados de regreso a sus países de origen.
Parole humanitario, Movilidad Segura y Reasentamiento
La administración Trump puso fin al parole humanitario en marzo de 2025. Este programa implementando durante la presidencia de Joe Biden, permitió a más de 530,000 migrantes de Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela llegar de manera segura a Estados Unidos con permiso laboral vigente por dos años.
Si la persona no cambiaba su estatus migratorio en ese periodo, debía salir de Estados Unidos. Unos 93,000 nicaragüenses se vieron afectados por esta medida y muchos de ellos ya han sido deportados.
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También fueron cancelados los programas de Movilidad Segura y Reasentamiento los cuales eran impulsados por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en conjunto con el gobierno de Estados Unidos y otros países.
Muchos nicaragüenses, principalmente en Costa Rica, no pudieron ser reubicados en Estados Unidos.
CBP One
Bajo la administración de Joe Biden, la aplicación CBP One se utilizaba para que los solicitantes de asilo pudieran agendar citas en puntos fronterizos. También les permitía gestionar su entrada legal e incluso tramitar permisos de trabajo temporales. Esta plataforma permitió entre 2023 y 2024 el ingreso legal de casi un millón de inmigrantes.
Sin embargo, con la llegada de Donald Trump, la aplicación pasó a llamarse CBP Home y su principal objetivo es que los inmigrantes la utilicen para notificar su salida voluntaria de Estados Unidos e iniciaran su proceso de autodeportación. También se revocó todos los permisos otorgados por CBP One a miles de personas.
Derecho a la ciudadanía
Al llegar a la Casa Blanca el 20 de enero de este año, Donald Trump firmó un decreto ejecutivo en que establece que las autoridades estadounidenses no reconocerán como ciudadanos a los niños nacidos en ese país si sus padres son inmigrantes indocumentados o tienen visas temporales.
Esto fue criticado por ir en contra de enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, vigente desde 1868. Esta indica que cualquier persona nacida en territorio estadounidense será reconocida como ciudadana, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
Varios tribunales federales emitieron suspensiones cautelares para impedir la implementación del decreto argumentado que este viola la Constitución estadounidense.
Por ahora, la medida se encuentra en litigio, sin embargo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) publicó un memorando que detalla cómo se implementará esta orden en caso de entrar en vigencia.
Deportación expedita
Tras la llegada de Trump a la Casa Blanca, las autoridades migratorias empezaron a deportar de manera expedita a personas indocumentadas sin que tengan derecho a una audiencia ante un juez de inmigración.
Tradicionalmente, este mecanismo se aplicaba a quienes ingresaron sin permiso a Estados Unidos. Funcionaba principalmente cerca de la frontera y dentro de las dos semanas posteriores a su llegada.
Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional amplió su uso para cualquier parte del país y cuando los inmigrantes no puedan demostrar que han vivido de manera continua en Estados Unidos durante dos años. Esta medida también ha afectado a personas que llegaron con parole humanitario.
Arrestos en las cortes de inmigración
Muchos inmigrantes tienen temor de presentarse a sus citas en las cortes de inmigración porque pueden recibir una orden de deportación expedita, o ser deportados al llegar o salir de la corte.
Si el juez que lleva el caso decide desestimarlo, la persona podría enfrentar una deportación expedita, incluso mientras se tramita su apelación.
Esta práctica ha sido criticada por activistas y defensores de derechos humanos, quienes argumentan que viola el debido proceso y manipula el sistema judicial para permitir deportaciones masivas sin la debida revisión de los casos.
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Despidos de jueces que no se someten a Trump
Desde enero de 2025, la administración Trump ha cesado a al menos 50 jueces que no se sometían a sus políticas antiinmigración. Muchos de estos jueces ordenaron la liberación de inmigrantes y fueron destituidos poco tiempo después.
Solamente en julio, 17 jueces fueron destituidos. Algunos han iniciado acciones legales y campañas mediáticas para enfrentar lo que califican como un ataque a la independencia judicial y las garantías procesales.
Aumento en costos de trámites de inmigración
Los costos de trámites migratorios en Estados Unidos han sufrido un alza tras la implementación de Trump de una medida llamada “Big Beautiful Bill” (Gran y hermosa factura).
Por ejemplo, la solicitud de asilo que antes era gratuita ahora exige una tarifa inicial de 100 dólares más una cuota anual de 100 dólares mientras el caso esté pendiente. El permiso de trabajo para solicitantes de asilo ahora cuesta 550 dólares la primera vez y la renovación, 275 dólares.
Incluso las solicitudes para continuar casos judiciales migratorios, reaperturas o ajustes de estatus en tribunales tienen costos que van desde 100 hasta 1,500 dólares.
