A poco más de un mes desde que salió el expresidente panameño Ricardo Martinelli de la Embajada de Nicaragua en Panamá rumbo a Colombia a través de un salvoconducto el pasado 11 de mayo, el régimen de los Ortega Murillo abrió las puertas el 19 de junio al sindicalista panameño Erasmo Antonio Cerrud Pinzón, acusado por el Ministerio Público de su país de estafa, blanqueo de capitales y asociación ilícita.
La Policía Nacional de Panamá ofrece 19 mil dólares como recompensa por información de Cerrud. LA PRENSA envió consultas a la Cancillería de Panamá, pero al igual que en ocasiones anteriores, hasta la publicación de este artículo no respondió a la comunicación.
Según un exdiplomático panameño, estas acciones ubican a Nicaragua como un asilo para prófugos de la justicia más allá de su territorio.
«Estos son casos judiciales, no políticos. Por eso considero que, al igual que con Ricardo Martinelli, Nicaragua está dándole asilo político a personas que no son perseguidas políticas, lo que violenta el orden internacional en materia de relaciones diplomáticas», dijo el exdiplomático panameño Guillermo Cochez.
El 22 de mayo de 2025, la Policía Nacional de Panamá emitió una orden de captura contra Cerrud, acusado por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada por los presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y asociación ilícita, en el marco de una investigación iniciada en 2022 que está relacionada con una compra y venta de una isla en Bocas del Toro, supuestamente realizada por dirigentes del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) a nombre del sindicato.
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«En tal sentido, el Gobierno de Nicaragua solicita al Gobierno de la República de Panamá brindar las seguridades para la pronta salida y traslado humanitario del asilado Erasmo Antonio Cerrud Pinzón hacia el territorio de la República de Nicaragua», instó la Cancillería de Nicaragua el 19 de junio al momento de informar el asilo concedido a Cerrud en su sede diplomática en Panamá.
Por su parte, Saúl Méndez, líder del Suntracs, está refugiado en la Embajada de Bolivia en Panamá desde mayo, cuando explotó el caso de estafa agravada contra varios dirigentes de ese sindicato, sobre los que se giraron órdenes de arresto.
Erasmo Cerrud, sindicalista
Cerrud es el actual secretario de Defensa de Suntracs, una de las organizaciones sindicales más influyentes de Panamá y se destacó con una trayectoria en la defensa de los derechos laborales, ubicándose como una figura clave en las negociaciones del sindicato.
Originario de la provincia de Bocas del Toro, comenzó su activismo a finales de la década de 2000 como miembro de la seccional del Suntracs. Desde esos primeros años se destacó por su convicción obrera y formación en la lucha social, participando en campañas de concienciación y organización comunitaria. Por ejemplo, en 2009 apoyó jornadas informativas en comunidades campesinas e indígenas de Bocas, incluyendo vigilias de solidaridad con el pueblo Naso que reivindicaban sus derechos territoriales.
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Cerrud adquirió prominencia pública durante la crisis de Changuinola de julio de 2010, cuando miles de obreros bananeros e indígenas protestaron contra la polémica “Ley 30” (conocida como ley chorizo) y fueron violentamente reprimidos por las autoridades. Como dirigente regional del Suntracs, Cerrud se solidarizó con los trabajadores bananeros y denunció la persecución que siguió a la masacre. En el primer aniversario de aquellos hechos, señaló ante la prensa que el Ministerio Público mantenía expedientes abiertos contra obreros que en realidad fueron víctimas de la represión (con saldo de más de 700 heridos, dos muertos y decenas de lesionados permanentes), incumpliendo la promesa gubernamental de no criminalizarlos.
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Negociador
En 2014, durante una huelga general del sector construcción por aumento salarial, formó parte del equipo negociador del sindicato. La prensa informó que Cerrud —como negociador de Suntracs— insistió hasta el último momento en las demandas laborales, advirtiendo en medio del paro que el diálogo con la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) no mostraba avances. Finalmente, tras 15 días de huelga, se logró un acuerdo que elevó gradualmente los salarios mínimos de la construcción, un triunfo en el cual Cerrud tuvo participación activa.
Para 2015, el liderazgo de Cerrud dentro del gremio ya era notorio. Ocupaba el cargo de subsecretario general del Suntracs, fungiendo como portavoz en asuntos estratégicos.
El caso por el que se le acusó
En el centro del caso que involucra a Erasmo Cerrud y otros dirigentes del Suntracs está en una sentencia de 2011 que favorecía a 412 trabajadores con un pago superior a 7 millones de dólares, tras comprobarse violaciones a sus derechos laborales. Sin embargo, en 2022, Suntracs firmó un acuerdo extrajudicial con la empresa responsable para saldar esa deuda por apenas 3 millones de dólares, entregados parcialmente en efectivo y en especie, a través de 14 fincas ubicadas en Bocas del Toro.
Para el Ministerio Público, esta negociación representó un perjuicio grave para los beneficiarios originales, quienes habrían recibido menos de la mitad del monto que les correspondía por mandato judicial.
La Fiscalía sostiene que los fondos producto de ese acuerdo fueron manejados a través de una estructura financiera simulada. Según la acusación, el sindicato transfirió los 3 millones de dólares a su propia cooperativa, la Cooperativa de Servicios Múltiples Suntracs, R.L., bajo la figura de un “préstamo”, aunque esta no contaba con respaldo financiero real. Posteriormente, el dinero fue regresado al sindicato mediante cheques, lo que a juicio de los fiscales configuró un mecanismo opaco de circulación de fondos destinado a encubrir el destino real del dinero.
Los investigadores consideran que esta triangulación financiera tuvo como propósito desviar los recursos que pertenecían legítimamente a los trabajadores, valiéndose de una entidad controlada por los mismos dirigentes para legitimar movimientos contables sin sustento comercial.
La acusación también incluye indicios de falsedad documental y manipulación en las asambleas sindicales donde se aprobó el acuerdo: se habrían utilizado listados incompletos o adulterados, y participaron personas que no formaban parte del grupo original de beneficiarios, lo que para la Fiscalía vulneró gravemente la transparencia del proceso.
A raíz de estos hechos, el Ministerio Público imputa a Cerrud y otros dirigentes tres delitos: estafa agravada, por la reducción injustificada del monto a favor de los trabajadores; blanqueo de capitales, por el uso de una cooperativa para mover y ocultar los fondos; y asociación ilícita, al considerar que se trató de una operación coordinada entre varios actores con fines ilegales.
Las órdenes de captura, emitidas en mayo de 2025, desataron una ola de reacciones políticas y sindicales que señalan la posible motivación política detrás del caso.
