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Cuando los agentes de ICE llegan a una casa, una estación de trabajo o incluso a una cárcel local, muchas veces lo hacen sin previo aviso.
Para quien es detenido, ese momento se convierte en un antes y un después. A partir de ahí se activa un proceso legal que puede llevar a la deportación, a una larga detención, o, en algunos casos, a una nueva oportunidad de permanecer en los Estados Unidos.
Lo que ocurre después de ese primer contacto con la autoridad migratoria es un laberinto jurídico que no todos conocen, ni todos logran atravesar.
Las primeras horas
Tras el arresto, el migrante es llevado a un centro de detención. ICE tiene un plazo de 48 horas hábiles para investigar, para decidir si lo libera, lo acusa formalmente de ingreso ilegal al país, o continúa reteniéndolo.
Aunque los detenidos tienen derecho a guardar silencio y a contratar un abogado, el sistema migratorio estadounidense no garantiza representación legal gratuita.
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Esto deja a miles de personas vulnerables frente a un proceso que es altamente técnico, y muchas veces, decisivo para su vida. De hecho, según datos del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), solo el 30 por ciento de las personas en detención migratoria tienen acceso a un abogado.
La abogada, Alma Rosa Nieto, es especialista en casos de migración. Desde sus redes sociales constantemente está respondiendo a las dudas de miles de personas que acuden a ella para pedir información. Según la abogada, durante las estas primeras horas el detenido es interrogado durante varias horas.
“Le van a preguntar durante largas horas, todo su historial. Le preguntarán como entró al país, cuándo, cuántas veces ha entrado y todos los detalles relacionados con su caso”, explicó en uno de sus videos.
También durante las horas posterior a la detención al migrante se le tomará fotografía, huellas dactilares y quizás hasta fotografía de su iris, «para tener toda su información tanto biométrica como el historial que usted le dio sobre su historia».
Inicio formal del proceso
Cuando ICE decide iniciar un proceso de deportación, entrega al detenido un documento llamado «Notice to Appear» (NTA), en el que se explican los cargos migratorios y se cita al individuo a una audiencia ante un juez de inmigración. A diferencia del sistema penal, en el ámbito migratorio no se juzga un delito, sino una infracción civil: estar presente en el país sin autorización.
La primera comparecencia ante el juez, conocida como audiencia preliminar o “Master Calendar Hearing”, es breve. En ella se confirma la identidad del migrante, se le leen los cargos y se le pregunta si desea disputar la deportación.
Si el migrante tiene una posible defensa, se programa una segunda audiencia, más extensa y detallada, en la que podrá presentar evidencia, testigos y argumentos legales. Es aquí donde entran en juego figuras como el asilo político, la cancelación de deportación, las visas para víctimas de crímenes o el ajuste de estatus por vínculos familiares.
“Si usted no califica para ir ante el juez o no solicita ir ante un juez para defender su caso. Pues lo van a subir al primer vuelo disponible. El gobierno paga su vuelo y usted queda deportado. Eso ya queda en su record y si usted en un futuro quiere emigrar de nuevo, quizás ya no lo puede hacer”, explicó Nieto.
Cabe mencionar que actualmente se le da la oportunidad de ver a un juez generalmente al migrante que logra demostrarle al ICE que tiene más de dos años de estancia en Estados Unidos, de lo contrario es puesto en un proceso de deportación expedita.
Derecho a fianza
Mientras espera su día en la corte, el migrante puede solicitar su liberación bajo fianza. La decisión sobre si se le concede —y por cuánto dinero— depende del tipo de caso, el riesgo de fuga y cualquier antecedente penal.
Las fianzas suelen superar los 10,000 dólares y no todos califican. Algunas personas, especialmente aquellas con ciertos antecedentes penales o con órdenes previas de deportación, quedan sujetas a detención obligatoria sin opción de liberación.
La abogada de migración, Kathia Quiros, explica que estas fianzas normalmente son devueltas si la persona cumple con el proceso debido, no falla a sus citas en la corte y sigue lo establecido en su proceso. Pero si la persona no hace esto o recibe una carta de deportación y no se entrega voluntariamente, entonces la fianza no es reembolsada.
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El juez de inmigración, luego de escuchar todos los elementos, puede conceder el alivio solicitado, permitiendo que el migrante se quede en el país, o puede ordenar su expulsión. En casos menos severos, se puede permitir una salida voluntaria, que, si bien también implica dejar el país, no conlleva las consecuencias legales de una deportación forzada. Ambos lados —el migrante o el gobierno— pueden apelar la decisión ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, lo que puede alargar el proceso durante meses o años.
Hay que destacar que, si una persona es detenida y ya tenía una orden de deportación, las autoridades van a iniciar el proceso para expulsar a dicha persona del país. Según abogados consultados por LA PRENSA, en este caso no hay casi nada que hacer.
Si el migrante es liberado tras convencer al agente de ICE de que tiene méritos para ver a un juez, en ocasiones se les deja salir bajo palabra o bien se le coloca un grillete.
Tras la detención, los abogados recomiendan a los migrantes no firmar ningún documento y menos una salida voluntaria, porque eso implicaría perder cualquier oportunidad de pelear su caso en un corte. Lo mejor es guardar silencio.
Deportación
En caso de que la deportación sea definitiva, ICE organiza el retorno del migrante a su país de origen. En 2023, más de 142,000 personas fueron deportadas, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en un contexto de políticas migratorias cada vez más endurecidas con la llegada al poder del presidente Donald Trump.
Una deportación suele traer consigo consecuencias graves: una prohibición de reingreso que puede extenderse por 5, 10 o hasta 20 años. Intentar regresar de forma ilegal después de haber sido deportado puede constituir un delito federal con penas de prisión.
Detrás de cada número, hay historias humanas. Padres que dejan a sus hijos, trabajadores que construyeron vidas durante años, jóvenes que llegaron siendo niños y no conocen otro país que Estados Unidos.
La importancia de un abogado
La representación legal puede hacer una enorme diferencia. Las estadísticas muestran que las personas detenidas con abogado tienen hasta 10 veces más posibilidades de ganar su caso en comparación con quienes enfrentan el proceso solos.
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Sin embargo, la brecha de acceso a la justicia sigue siendo abismal: a inicios de 2024 había más de 850,000 casos pendientes en las cortes de inmigración, con tiempos de espera que superan los dos años en muchas ciudades.
Ser detenido por ICE no equivale automáticamente a ser deportado. El sistema ofrece caminos legales, aunque estrechos y complejos. Pero para transitarlos, se necesita información, tiempo, recursos, y sobre todo, una red de apoyo. En ese delicado cruce entre la ley y la vida real, cada detalle cuenta. Y para muchos, saber qué ocurre después del arresto puede significar la diferencia entre la esperanza y la separación definitiva.
