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Un juzgado de Palma, en España, condenó a una pareja nicaragüense por explotar laboralmente a compatriotas que trasladaron desde Nicaragua con falsas promesas de empleo. La mujer recibió una pena de un año y nueve meses de prisión y ambos deberán pagar multas por facilitar la permanencia irregular de los migrantes en territorio español, informó el Diario de Mallorca.
Los hechos ocurrieron entre 2018 y 2019 en el municipio de Sa Pobla, Mallorca. La pareja reconoció los hechos este 26 de mayo en la sede judicial de Vía Alemania, y la Fiscalía, que en un principio solicitaba para ellos condenas de cinco años de prisión y una multa, bajó su petición de forma considerable al apreciar la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada.
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Además, la jueza dictó sentencia de forma inmediata (in voce) al imponerles una pena de multa de dos meses a razón de seis euros diarios por un delito contra los ciudadanos extranjeros y una pena de cárcel para la mujer.
Sin embargo, la mujer no ingresará a prisión debido a que se le concedió una suspensión de la pena por tres años, siempre y cuando no vuelva a delinquir.
Falsas oportunidades de trabajo
Según la acusación fiscal, la pareja actuó de manera coordinada para captar a nicaragüenses, a quienes ofrecían supuestas oportunidades de trabajo en España. Una vez en Europa, las víctimas eran forzadas a laborar bajo condiciones abusivas y en situación migratoria irregular, lo que los dejaba expuestos y sin posibilidad de defender sus derechos laborales.
La pareja, de la que no se precisa nombres y edad, también es migrante y su situación migratoria es irregular. Todo fue planeado entre los dos y una tercera persona en Nicaragua, quien ayudaba a captar a los migrantes.
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De acuerdo con el fallo judicial, la pareja se beneficiaba económicamente del cobro de deudas infladas que incluían gastos de viaje, una cantidad de dinero en efectivo para hacerse pasar como «turistas», manutención y alojamiento, con intereses calificados como «leoninos» por el Ministerio Público. Además, las víctimas firmaban en Nicaragua documentos notariales que ponían en riesgo sus propiedades en caso de no saldar dichas deudas.
«Este era un motivo más que impedía a las víctimas eludir la situación de abuso que sufrían», dice la acusación. La pareja se había repartido las funciones. La mujer se encargaba de la captación, organización, alojamiento y búsqueda de empleo de las víctimas, por lo que ostentaba un papel dominante. Mientras, el hombre se encargaba de las funciones de apoyo, logística e infraestructura.
Entre 2018 y 2019, los acusados captaron a tres nicaragüenses y al llegar a España fueron trasladados a Mallorca, específicamente a Sa Pobla, donde, según la Fiscalía, los sospechosos les facilitaron vivienda y manutención, previo pago de una cantidad fija al mes en concepto de alquiler y suministros.
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«Las víctimas, a cambio, debían trabajar en los puestos que les designaban los acusados. Estaban obligadas a desempeñar su tarea pese a encontrarse en situación irregular, situación que era utilizada por los sospechosos para amedrentarles con denunciarles ante la Policía por su estancia irregular en España», señaló el Diario de Mallorcas citando la acusación judicial.
