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Decenas de oenegés de El Salvador rechazaron el miércoles una ley aprobada por el Congreso a pedido del presidente Nayib Bukele, que las obliga a registrarse como «agentes extranjeros» y pagar 30% de impuesto por las donaciones que reciban.
La ley aprobada el martes, que entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial, obliga a todas las oenegés a inscribirse en el nuevo Registro de Agentes Extranjeros (RAEX).
Se requiere un «veto o derogación de la Ley de Agentes Extranjeros, por ser una normativa que promueve la criminalización, el control y la censura», dijo Verónica Reyna, de la ONG Servicio Social Pasionista, al leer ante la prensa una declaración suscrita por 70 organizaciones.
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La diputada oficialista Suecy Callejas justificó el martes la nueva norma diciendo que en el país «no había existido un marco jurídico» para las entidades «financiadas por una persona o agente extranjero».
Pero las oenegés afirman que la ley tendrá un impacto negativo sobre la población «más empobrecida y vulnerada», pues quedará sin acceso a programas de salud comunitaria y de prevención de la violencia contra mujeres y niñas.
Reyna dijo además que la ley creará un registro de carácter obligatorio para las oenegés, a pesar de que éstas «ya se encuentran registradas legalmente» en el país.
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La activista advirtió que ese tipo de registros ha sido utilizado en otros países para «negar o cancelar la personería jurídica de organizaciones consideradas incómodas al oficialismo».
En la vecina Nicaragua el gobierno de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, ha tomado acciones contra las oenegés, clausurando más de 5,600 desde 2018 y expropiando sus bienes.
La directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, Gabriela Santos, aseguró que la ley forma parte de una «arremetida» del gobierno de Bukele contra quienes defienden el ambiente o los derechos humanos.
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«Es un paso más que ha dado el Estado de aprobar esta ley, es solamente una creciente profundización del miedo y el deseo también de silenciar las voces que piden por un medio ambiente, que piden por el respeto a sus derechos», expresó Santos.
