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De las paredes que fueron ennegrecidas por el fuego que calcinó a seis personas —entre ellas dos menores de edad— en junio de 2018, en el contexto de la represión perpetrada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra las protestas sociales, hoy no queda ni rastro.
La vivienda de tres pisos del barrio Carlos Marx, confirmó LA PRENSA, casi siete años después de la tragedia finalmente fue vendida y está siendo reconstruida. La fachada de la propiedad, que ahora contará con un cuarto piso, fue completamente transformada.
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Los nuevos dueños —cuyos nombres aún no se conocen públicamente— ordenaron eliminar las amplias terrazas, balcones y ventanales que caracterizaban la vivienda de Óscar Manuel Velásquez Pavón, un comerciante de colchones que habitaba junto a su familia en esa propiedad y fue una de las seis víctimas del incendio provocado, mismo que se atribuyó a una acción cometida por paramilitares de la dictadura orteguista, según testigos y los sobrevivientes, aunque estos últimos después cambiaron su versión y dijeron que habían sido los manifestantes.
En el primer piso de la propiedad, con los cambios ordenados por el nuevo dueño, únicamente dejaron cuatro amplios accesos, cerrados por cortinas metálicas. En los niveles superiores, hasta ahora, sólo se aprecian los pilares de concreto, que ya fueron forrados con un material similar al gypsum.
Propiedad se habría vendido en más de 200 mil dólares
El comerciante Velásquez Pavón, en junio de 2018, pereció calcinado en su vivienda junto a su esposa, Maritza del Socorro López Muñoz; su hijo, Alfredo Manuel Velásquez López; su nuera, Mercedes de los Ángeles Raudez Álvarez; y sus nietos, Daryeli Osmary y Matías Elíseo Velásquez Raudez.
Los sobrevivientes de la tragedia fueron únicamente Janeth del Socorro Velásquez López y Maribel de los Ángeles —ambas hijas de Óscar y Maritza—, y un primo de estas, Francisco Javier Pavón.
La propiedad de Óscar Velásquez Pavón (q.e.p.d.) fue heredada legalmente por sus seis hijos: cuatro del matrimonio con Maritza y dos de una relación que sostuvo con una mujer identificada como Luz Marina López Muñoz.
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A los seis herederos, legalmente declarados por las autoridades nicaragüenses, les tomó más de seis años concretar la venta de la propiedad, entre disputas legales por el nombramiento de herederos, la migración de algunos de ellos y las dificultades impuestas por la tragedia ocurrida en la vivienda.
En 2022, según reportes de este medio de comunicación, se confirmó que la propiedad estaba a la venta por 250 mil dólares, negociables hasta 230 mil dólares.
