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Para llegar al número del 18 por ciento de aranceles que la Administración Trump impuso a Nicaragua se utilizó la fórmula de calcular el déficit comercial que tiene Nicaragua con los Estados Unidos, es decir, lo que los Estados Unidos exporta a Nicaragua menos lo que importa, que en el 2024 fue de -$1.7 billones y dividirlo entre lo que importa -$4.6 billones, lo que da un 36.95%. Esto dividido entre dos nos da el 18% de aranceles “recíprocos”, que en realidad no lo son.
Esta fórmula “mágica” utilizada, de calcular el déficit comercial, dividirlo entre las importaciones y luego partir el porcentaje por la mitad es urbi et orbi, es decir, universal. Por tanto, países como Vietnam y China que tienen un mayor superávit comercial con los Estados Unidos salieron más perjudicados con los aranceles impuestos, siendo el 46 por ciento en el caso de Vietnam y el 54 por ciento en el caso de China.
Pero Nicaragua está en una clara desventaja en relación con otros países a la hora de negociar una rebaja de al menos el 8 o 9 por ciento de las tasas arancelarias para igualar a la tasa del 10 por ciento impuesta a todos los países del hemisferio, a excepción de Venezuela que le aplicaron el 15 por ciento de aranceles.
Yo no veo a la codictadora Rosario Murillo viajando de urgencia a Mar a Lago a sentarse con Trump para negociar una rebaja, tampoco la veo reduciendo unilateralmente todos los aranceles con que Nicaragua tasa las importaciones de los Estados Unidos y si lo hiciere, no creo que cambiaría las cosas.
Fuera de las consideraciones sobre la represión interna y violación a los derechos humanos ampliamente documentadas, creo que lo que más pesa en la balanza política para la actual administración estadounidense, vis a vis Nicaragua, es la descarada promoción de la inmigración ilegal como arma política y lucrativo negocio (de tráfico de inmigrantes) que utilizó la dictadura en perjuicio de los Estados Unidos.
Ahora la factura de semejante “pecado imperdonable” la pagarán las empresas y productores de carne bovina, mariscos, café, azúcar, oro y bienes manufacturados en la Zona Franca que tendrán que competir en desventaja con los países regionales en su acceso al mercado norteamericano.
Posiblemente algunas empresas exportadoras, particularmente del régimen de Zona Franca tendrán que cerrar y enviar al desempleo a miles de trabajadores que por cierto no encontrarán muchas alternativas de subsistencia, desencadenando una crisis social.
Lo que estamos comenzando a ver es una exclusión de hecho de Nicaragua del tratado de libre comercio conocido como DR-Cafta, sin tener que recurrir a todo el engorroso proceso de una complicada expulsión formal, lo triste es que los platos rotos de lucrativo negocio de tráfico masivo de inmigrantes los va a pagar el pueblo nicaragüense.
Nicaragua supo aprovechar muy bien el acceso al mercado DR-Cafta con el régimen de Zona Franca manteniendo los salarios mínimos más bajos de la región, lo que a su vez se tradujo en una mayor competitividad de sus exportaciones en el gran mercado estadounidense y posiblemente por eso tenía un mayor superávit en su balanza comercial, lo que ahora se traduce en una mayor tasa arancelaria que las economías regionales.
Para todo propósito práctico, esta ventaja comparativa de salarios mínimos muy bajos se ha esfumado en el 18 por ciento o 19 por ciento (no estoy claro todavía cuál van a aplicar) de tasa arancelaria que es casi el doble que la prevista para el resto de las economías del DR-Cafta y en efecto, de todo el hemisferio.
Hasta ahora la dictadura ha reaccionado con inusual cautela, que ante un presidente Trump impredecible, es comprensible.
El autor es periodista, político y escritor nicaragüense, ex preso político desterrado y autor del libro testimonial “Destinos heredados” y “Un cauce hacia la democracia”