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La aparición de Yibelis Julieth Cuevas Peña, de 14 años, de nacionalidad panameña, en territorio nicaragüense, luego de cuatro meses desde que fue reportada como desaparecida, a juicio de defensoras de derechos humanos y de niñez representa una alerta clara de la operatividad del crimen organizado, trata de personas y la complicidad con que estos criminales cuentan de parte de funcionarios de las diferentes instituciones.
La activista panameña Lucy Córdoba, psicóloga y defensora de derechos de la niñez por más de dos décadas en Panamá, a través de sus redes sociales alertó a la población de ese país sobre la operatividad de redes de trata de personas, proxenetas, resaltando que en Panamá hay menores que desaparecen cada 31 horas.
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“Se detectó una niña en Nicaragua, y no solamente una niña es la que se acaba de perder, existen más fuera del país que se tienen que recuperar. En el mes de marzo fueron 23 desapariciones; en el mes de abril, sólo en un día, hubo seis desapariciones, entre estas una niña de tres meses”, denunció la defensora.
Córdoba advirtió a los ciudadanos que no dejen solos a los niños, porque los autores de estos secuestros, privaciones de libertad, trata de personas y proxenetas, trabajan como crimen organizado y “ganar contra ellos es difícil porque hay muchas autoridades involucradas”.
“Cuida a tus hijos, van a desaparecer más, van a seguir desapareciendo, porque lastimosamente las redes se han activado en los últimos meses y tienen mucha influencia. En los controles no te revisan si eres o no menor de edad. Esto es algo muy grande, tenebroso, peligroso para nuestras niñas y niños”, resaltó.
Menores reportadas como desaparecidas en 2025
El grupo feminista Las Venancias, en lo que va de 2025 ha reportado cuatro menores desaparecidas en Nicaragua, según una revisión realizada por este medio de comunicación a las publicaciones que estas divulgan en redes sociales. En 2024, según monitoreos de medios independientes, se registraron al menos 21 denuncias de desapariciones en redes sociales.
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Los cuatro casos de desapariciones que se registraron el pasado mes de febrero en Nicaragua correspondían a menores de entre 13 y 16 años, originarias de Masaya, Estelí, Managua y Matagalpa. Las Venancias, en ese período, además denunciaron la desaparición de dos mujeres jóvenes de entre 18 y 22 años de edad.
Defensoras consultadas por LA PRENSA refirieron que muchos de los casos de víctimas de desaparición o secuestro no se denuncian públicamente y se limitan a denuncias ante la Policía, y muchas de estas incluso llegan a ser víctimas de violencia sexual.
Más de 20 mil menores víctimas de violencia sexual
En los últimos cinco años, entre 2018 y 2023, el Instituto de Medicina Legal (IML) registró 20,408 casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes menores de 18 años. De este total, las menores entre 13 y 17 años son las que más sufrieron casos de violencia sexual, registrando 11,029 incidentes, 1,650 más que los presentados en las niñas de 0 a 12 años. La cantidad de víctimas a la fecha podría ser mucho mayor, tomando en cuenta que el IML no ha actualizado sus boletines o anuario de 2024 y tampoco ha publicado cuántos casos ha documentado en lo que va de 2025.
Las defensoras y feministas nicaragüenses, bajo anonimato por temor a represalias del régimen orteguista, resaltaron que el país, al igual que Panamá, no está exento de ser parte del tráfico de menores con fines de explotación sexual comercial, pero también con fines de tráfico de órganos o explotación laboral.
“Nuestra impresión en cuanto a la desaparición de chavalas muchas veces es con hombres particulares adultos, que se las llevan para hacerlas su pareja y luego las abandonan o se quedan secuestradas con la familia de estos, siendo subordinadas a todos por no tener ellas sus propias fuentes de apoyo”, indicó una de las defensoras.
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Otra activista de derechos humanos aseguró que el problema en Nicaragua, a diferencia de Panamá, es que el país está bajo dictadura, por lo que las instituciones son menos confiables, hay menos garantías de que se buscará justicia, que se hará todo por buscar a la menor desaparecida y luego a sus captores.
“Hay casos en los que a las niñas se les encuentra con adultos que las secuestraron, ya sea para tenerlas como sus parejas, para explotarlas sexualmente o laboralmente, y la misma gente sólo cuando se las devuelven ya no hace nada, y otros hasta justifican o dicen que ella se fue, pero en ningún caso una menor puede decidir irse con un hombre. No deja de ser un delito, y es ahí donde la Policía y el Ministerio Público deben actuar con rigurosidad, atender estos casos de inmediato, no deben normalizar una desaparición de una niña, como ya ha ocurrido en otros casos en Nicaragua. El deber de ellos es investigar, dar con el paradero de esa menor, resguardarla, garantizarle sus derechos, devolverla a sus familiares y encerrar al criminal o los criminales involucrados”, concluyó.
