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En tan solo una semana, Nicaragua se ha desvinculado de tres importantes organizaciones internacionales en lo que analistas han catalogado como una «nueva arremetida del régimen de Daniel Ortega» contra las voces críticas.
A finales de febrero, Nicaragua anunció su salida del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, luego de que este organismo reveló una investigación de un posible entramado represivo contra opositores al presidente Ortega que incluía a figuras del Ejército.
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En febrero, Ortega también anunció su salida de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, una organización de derechos humanos no gubernamental que trabaja en más de 90 países, considera que la salida de Nicaragua de foros internacionales «profundiza un aislamiento que comenzó en 2018 con la expulsión de organismos internacionales».
En 2018 surgieron una de las peores crisis sociopolíticas de Nicaragua de los últimos 30 años después de la guerra civil del país centroamericano con protestas de opositores que pedían la renuncia de Ortega, quien retornó al poder en 2007. Las protestas dejaron más de 300 muertos, según oenegés y grupos de derechos humanos.
En el marco de la crisis política, el gobierno sandinista expulsó al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) los cuales investigan las muertes denunciadas en el marco de las manifestaciones.
Goebertus dice que estas nuevas decisiones del gobierno sandinista «continúan sumiendo al país en un hermetismo absoluto, mediante el cual el régimen busca operar sin restricciones ni consecuencias».
Salida de la OEA
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En 2021, Ortega también ordenó la salida de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA) a la que catalogó de ser una entidad imperialista y con intereses en Washington.
La salida de la OEA en 2021 estuvo precedida de la decisión de la Asamblea General de desconocer los resultados de las elecciones presidenciales de ese año que otorgaron un nuevo mandato de cinco años a Ortega.
Benjamin Gedean, director del Programa de América Latina del Wilson Center, un centro de estudios con sede en Washington, dijo a la Voz de América que las acciones de la administración del presidente Ortega «no son nada sorprendentes ya que «hace mucho que Nicaragua no cumple con los mínimos requisitos de esas organizaciones».
Gedean asegura que «el régimen de Ortega merece aislamiento diplomático, sin lugar a dudas», no obstante señala que es importante que las instituciones internacionales estén presentes para presionar en contra de violaciones de los derechos humanos, o al menos ser testigos de las mismas.
«Las condiciones en Nicaragua han empeorado mucho, y los representantes de cualquier institución no gubernamental corren el riesgo de intimidación, hostigamiento e incluso arresto», espetó.
En ese planteamiento coincidió por aparte Goebertus. «Los países comprometidos con la democracia deberían recurrir a la Corte Internacional de Justicia para garantizar que graves violaciones de derechos humanos no queden impunes», dijo.
