El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, da una conferencia de prensa en San Salvador, El Salvador, el martes 14 de enero de 2025. (Foto AP/Salvador Meléndez).

El Salvador ratifica reforma que permitirá cambiar fácilmente la Constitución

Bukele fue reelegido, pese a la prohibición constitucional a la reelección continua, gracias a una resolución de la Sala de lo Constitucional del 3 de septiembre de 2021 que reinterpretó la “alternabilidad”

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El Congreso de El Salvador ratificó el miércoles una reforma constitucional que permitirá, precisamente, simplificar el proceso para cambiar la Constitución y dejarlo en la votación de una sola legislatura y no en dos. El partido de Nayib Bukele consiguió la aprobación, pese a las críticas de la oposición de que busca acaparar más poder.

El oficialismo salvadoreño, que obtuvo en las elecciones del año pasado casi todos los asientos del Congreso, menos los tres que ocupa la oposición, ratificó una reforma constitucional que ya había sido aprobada por el Congreso de la legislatura anterior, también de mayoría del partido de Bukele.

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La Carta Magna requería —hasta hoy— que cualquier reforma a su contenido debía pasar por dos legislaturas, es decir, con unas elecciones de por medio. Ese doble paso complicaba las modificaciones a la Constitución, pero a la vez servía de garantía de estabilidad ante los vaivenes políticos por los cambios de gobierno. Hacían falta, además, dos tercios de los votos.

Pero con la modificación al artículo 248 se permitirá cambiar el texto constitucional en una sola legislatura con 45 de los 60 votos —tres cuartas partes— en una sola sesión plenaria. La reforma fue impulsada por Bukele alegando que buscaba eliminar el financiamiento público a los partidos políticos. Quedará vigente ocho días después de que sea publicada.

Nuevas Ideas, el bloque oficialista, cuenta en el Congreso con 54 de los 60 diputados. Sus aliados tienen tres.

La oposición señaló a los legisladores oficialistas de trastocar la Constitución sin haber sido nombrados como Congreso constituyente, es decir, elegidos en urnas con el único objetivo de aprobar reformas constitucionales.

“Qué bonita excusa para manosear la Constitución… Con esta excusa de la deuda política, hoy quieren meterle mano a la Constitución. El tiempo me dará la razón de lo que ustedes van a hacer, esta es la excusa para centralizar más poder”, criticó la diputada Cesia Rivas, del opositor Vamos.

El director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, advirtió que dado que el Congreso es dominado por Nuevas Ideas esta reforma “abre la posibilidad de que puedan reformar cualquier aspecto de la Constitución”. Mencionó, entre estos, el “sistema electoral, la institucionalidad, los derechos fundamentales y la propiedad privada”.

Y eso, apuntó, “disminuye la seguridad jurídica en El Salvador” porque “de un día para otro se pueden cambiar las reglas”.

Una vez entre en vigor, se podrá derogar el artículo 210 que es el que contempla la financiación pública a partidos. Se podrá “eliminar de forma permanente la deuda política, tal como solicitan los salvadoreños, esta es nuestra responsabilidad histórica de este día”, anunció el jefe de la bancada oficialista, Christian Guevara.

Del artículo 248 no fue eliminada la disposición que prohíbe reformar “en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República”.

Bukele fue reelegido, pese a la prohibición constitucional a la reelección continua, gracias a una resolución de la Sala de lo Constitucional del 3 de septiembre de 2021 que reinterpretó la “alternabilidad”.

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En la misma sesión plenaria, con los mismos votos de Nuevas Ideas y sus aliados, el Congreso salvadoreño también aprobó la trigésima quinta prórroga del régimen de excepción. El país lleva casi tres años con derechos fundamentales suspendidos —como el de ser asistido por un abogado o el de ser informado del motivo de una detención— lo que según el Gobierno, le ha permitido detener a 84,200 supuestos pandilleros y reducir los índices de violencia.

Bajo el estado de excepción, cuestionado por organizaciones de derechos humanos que han reportado más de 6,500 violaciones como capturas arbitrarias y torturas, el 90 % de las personas encarceladas están sin sentencia y el propio Gobierno ha liberado a más de 8,000 personas por falta de pruebas.

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