Con el arresto arbitrario y destierro fulminante a Guatemala del presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, monseñor Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, la dictadura Ortega-Murillo ha cometido un acto sacrílego sobre otro acto sacrílego.
Al haber expulsado al religioso católico de tan alto rango por solo el hecho de haber acusado el acto sacrílego cometido por el alcalde de Jinotega Leónidas Centeno, al poner música a alto volumen, mientras monseñor oficiaba la santa misa, constituye un acto pecado capital sobre pecado capital.
Según la definición de Wikipedia “el sacrilegio es un acto o discurso que representa una falta de respeto por aquellos objetos, personas o símbolos que otros consideran sagrados. Se denomina sacrílego a quien lo comete. Entre otras causales está que comete sacrilegio personal el que insulta la persona de un sacerdote o en el ejercicio de sus funciones”, tal como fue el caso con el obispo Herrera.
Y ese pecado capital, como es el destierro, constituye a su vez un crimen de lesa humanidad que la dictadura ha puesto en práctica con tal frecuencia, que ya se ha convertido en una política de Estado. Por los motivos más insignificantes, nicaragüenses son privados del derecho elemental a vivir en su patria, al ser desarraigados de su tierra, sus familias y amistades.
En esta nueva modalidad represiva cuatro obispos y más de 260 religiosos de diferentes denominaciones cristianas han sido desterrados de Nicaragua, quedando la Iglesia católica muy debilitada.
El destierro de monseñor Carlos Herrera, de 75 años, se suma al de monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis Estelí; monseñor Isidoro Mora, obispo la Diócesis de Siuna y monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua.
La semana pasada tres músicos de Masaya fueron desterrados a España. Por razones inocuas o sin ninguna razón, un capitán de la policía política de la dictadura luego de secuestrarlos en el Chipote les conminó “o la cárcel o España” y ante tal disyuntiva Dagoberto Palacios, Nieves Martínez y Juan Pablo Rosales no tuvieron más alternativa que escoger lo segundo, a como es natural y ha sido la escogencia “voluntaria” de cientos de desterrados.
Tal como ocurrió con la primera expatriación masiva de los 222 exprisioneros políticos los “beneficiados” por la bondad del régimen firman una carta en que declaran que lo hacen de forma “voluntaria”. Quizás el régimen pretenda ingenuamente cubrirse con estas cartas como “evidencia”, ante posibles acusaciones por el delito de lesa humanidad.
Según informó LA PRENSA en su edición del pasado 15 de noviembre, en el caso de los tres músicos de Masaya desterrados a España, como todo lo hicieron a la carrera se percataron a última hora que para entrar al país las autoridades de Migración les exigirían al menos 500 dólares, por lo que en este caso el régimen fue magnánimo y los expatrió con “viáticos para proseguir sus estudios de música” en dicho país.
El caso de monseñor Carlos Herrera Gutiérrez ha tenido gran repercusión internacional pues el Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam) protestó y se solidarizó con “la Iglesia peregrina de Nicaragua y particularmente por la situación que están atravesando varios obispos y sus diócesis”.
Aunque a lo largo de la historia de Nicaragua las dictaduras han utilizado el destierro para deshacerse de inmediato de sus adversarios políticos, jamás se había recurrido a tal medida extrema de una manera tan profusa, convirtiendo el destierro en una política de Estado y abarcando aún a personas que no tienen ninguna relevancia ni participación política.
Y aunque no es la primera vez que sacerdotes han sido expulsados del país y que la Iglesia ha sido perseguida, el nivel de inmisericordia de la persecución actual no tiene paralelos históricos. Es una política sacrílega, que tarde o temprano tendrá su severa penitencia.
El autor es periodista, político y escritor nicaragüense, expreso político desterrado y autor del libro testimonial “Destinos Heredados”.
