Irónicamente, al mejor estilo orweliano de la famosa novela 1984, en Nicaragua la oficina de la censura de prensa en los años 80 tenía el nombre “Dirección de Medios de Comunicación del Ministerio del Interior”, por lo que nosotros en LA PRENSA le llamábamos simple y llanamente “Dirección de Medios de Incomunicación”.
De igual manera, la ley que acaba de ser aprobada por la Asamblea Nacional, en lugar de llamarle Ley de Comunicación o Telecomunicaciones le llamaré ley de incomunicación por los propósitos para los que ha sido diseñada: es decir el control del contenido de la comunicación social por los medios electrónicos, ya limitados por la draconiana ley de ciberdelitos.
No le ha bastado a la dictadura cerrar y confiscar los medios de comunicación tradicionales, exiliar a casi la totalidad de los periodistas independientes y obligarlos a ejercer su noble profesión desde el exilio. Como dice el editorial de LA PRENSA del pasado 4 de noviembre “en realidad se trata de restringir más la libertad de expresión de los nicaragüenses, que de hecho no existe desde antes de que la nueva Ley de Telecomunicaciones fuera diseñada”.
Hubo una época que las redes sociales y la información promovían el cambio en los países donde hubo dictadura, de eso está bien claro el régimen actual con el afloramiento sorpresivo y espontáneo de las protestas sociales masivas que culminaron con la crisis sociopolítica del 2018.
De esto están conscientes también todos los regímenes totalitarios, de allí el afán de controlar todo el espacio radioeléctrico y criminalizar cualquier expresión de descontento en las redes sociales, a como en efecto lo ha hecho la dictadura Ortega Murillo en Nicaragua.
La nueva ley de incomunicaciones denominada rimbombantemente Ley General de Telecomunicaciones Convergentes tiene por objeto “normar, regular, planificar, supervisar, fiscalizar y el desarrollo del sector de las telecomunicaciones” y será aplicada por el Telcor que ya se ha destacado en el cierre de muchos medios de comunicación televisivos y radiales.
Pero para que no quepa la menor duda de que la intención es represiva, Telcor está dirigido por Nahíma Díaz Flores, quien desde el 2020 que ha estado al frente de la institución, ha firmado dichas órdenes de cierre y es hija del jefe de la Policía orteguista Francisco Díaz, principal brazo represivo del régimen.
Según el dirigente opositor Félix Maradiaga, en declaraciones el pasado 4 de noviembre al Diario LA PRENSA, “en Telcor funciona un centro de espionaje contra los ciudadanos disidentes y ha servido como centro de desinformación en las redes sociales estableciendo cuentas falsas que han buscado manipular la opinión pública en beneficio del régimen y Rusia y China han estado asesorando a la dictadura en materia de seguridad y tecnología proporcionando apoyo técnico para estas actividades”.
El semanario Confidencial denunció hace poco que en el cerro Mokorón se estableció una base de espionaje de las comunicaciones telefónicas por medio de whatsapp para detectar a posibles opositores o disidentes dentro de las filas del régimen. Nunca en la historia de Nicaragua ha existido un sistema de espionaje tan sofisticado y masivo.
Ante la erradicación total del periodismo independiente y crítico dentro de Nicaragua, el régimen busca ahora cómo invadir y secuestrar cualquier resquicio de libertad que aún subsista dentro del país, manejando el lenguaje doble (double speak) orweliano de 1984, donde el ministerio del amor significa el ministerio del odio; el ministerio de la paz, es el ministerio de la guerra; y el ministerio de comunicación, es el ministerio de incomunicación.
El autor es periodista, político y escritor nicaragüense, expreso político desterrado y autor del libro testimonial “Destinos Heredados”.
