El obispo de Jinotega y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), monseñor Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, fue apresado por policías del régimen y luego desterrado a Guatemala. Así lo informó LA PRENSA este jueves 14 de noviembre.
Monseñor Herrera fue víctima de esta represión personal después de que el domingo anterior dijo que el alcalde sandinista de Jinotega, Leónidas Centeno, es sacrílego por mandar a poner frente a la iglesia Catedral de Jinotega música al máximo volumen, para sabotear la misa que estaba celebrando el obispo jinotegano.
Al parecer, el obispo de Jinotega se cansó de soportar los incesantes abusos del régimen y rompió la tácita regla de silencio que se han autoimpuesto las autoridades eclesiales del país, precisamente para evitar más represión contra los representantes de la Iglesia, como la que sufrido ahora el presidente de la Conferencia Episcopal.
Para la religión cristiana católica el sacrilegio es la profanación de un objeto, lugar o persona sagrada. Implica una violación de la santidad de las cosas, los sitios y las personas dedicadas al culto divino. Como ha sido precisamente lo que hizo el alcalde del municipio de Jinotega el domingo pasado, en realidad es lo que manda a hacer a menudo el régimen frente a muchos templos católicos del país.
Los actos de sacrilegio son parte de la persecución religiosa que se perpetra para escarnecer los oficios católicos y, seguramente, también para intimidar a los feligreses que acuden a los templos para hacer uso del derecho de practicar públicamente su fe.
De manera que no solo el alcalde sandinista de Jinotega es sacrílego. Lo es el régimen en su conjunto y personalmente quienes ordenan y ejecutan las agresiones contra la Iglesia católica y algunas evangélicas.
Con esos actos sacrílegos el régimen viola la misma Constitución Política de la República de Nicaragua, que en su artículo 29 garantiza la libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar o no una religión. Viola los tratados internacionales que son la Declaración Universal y la Convención Americana de Derechos Humanos, que consagran la libertad de cada persona de manifestar su religión tanto en público como en privado.
Sin embargo, la disposición constitucional y los tratados internacionales de derechos humanos no tienen valor para el régimen actual de Nicaragua, que según ha documentado y denunciado el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en Derechos Humanos sobre Nicaragua, comete “violaciones y abusos graves de los derechos humanos contra miembros de la Iglesia católica”, del episcopado, del clero, de las religiosas consagradas y de la feligresía en general.
Lamentablemente los creyentes nicaragüenses tienen que sufrir en silencio ese suplicio, porque en el país no existe o no se respeta ni siquiera el derecho de opinar y protestar pacíficamente. Mientras que la comunidad internacional nada puede hacer efectivamente para obligar al régimen a que no siga persiguiendo a la religión ni castigando particularmente a la Iglesia católica.
Y los creyentes tampoco pueden hacer nada, por ahora, más que rezar, ampararse en su fe y mantener la esperanza de que esta gran tribulación causada por los sacrílegos, alguna vez tendrá que llegar inevitablemente a su fin.
