La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció este martes 3 de septiembre que sus enemigos políticos han puesto en marcha un golpe de Estado para derrocarla, de igual manera que hicieron en 2009 con su marido Manuel “Mel” Zelaya.
“Ratifico que la paz y la seguridad interior de la República están en riesgo… por un nuevo golpe de Estado que el pueblo debe detener”, clamó la presidenta hondureña en cadena de radio y televisión. “El plan para destruir mi gobierno socialista, democrático está en marcha”, aseguró.
La declaración de la presidenta hondureña, cuyo gobierno pertenece al reducido grupo de la extrema izquierda latinoamericana que detenta el poder en Cuba, Bolivia y Nicaragua bajo la bandera del “socialismo del siglo 21”, se produjo poco después de que la fundación no gubernamental InSightCrime divulgara un video en el que aparece un alto funcionario gubernamental del país negociando sobornos con jefes narcotraficantes.
El sábado anterior, el cuñado de la presidenta, diputado Carlos Zelaya, había puesto su renuncia como secretario del Congreso Nacional, en tanto que su hijo, José Manuel Zelaya, renunció también al cargo de ministro de Defensa. Esto ocurrió después de que ambos reconocieran ante la Fiscalía que en 2013 se reunieron con jefes narcos.
El miércoles de la semana anterior la presidenta de Honduras anunció su decisión de poner fin al Tratado de Extradición con Estados Unidos, con el pretexto de que la embajadora de este país (Laura Dogu, quien también fue embajadora estadounidense en Nicaragua) criticó públicamente que el ministro de Defensa y altos jefes militares hondureños viajaran a Venezuela para reunirse con los mandos de las fuerzas armadas de ese país, que son acusados de narcotraficantes.
Ahora, con la publicación del video de InsightCrime ha quedado claro que la decisión de la presidenta hondureña de poner fin al tratado de extradición con EE. UU. es por el involucramiento de los parientes de su marido con los narcotraficantes locales, para evitar que pudieran ser extraditados.
El tratado de extradición de Honduras con EE. UU. fue suscrito en 1912 y en junio de 2013 le fue incorporada una enmienda, a fin de incluir la extradición expedita de hondureños por delitos relacionados con el narcotráfico. Desde entonces hasta febrero de este año fueron extraditados a Estados Unidos 43 hondureños por narcotráfico, incluyendo al expresidente Juan Orlando Hernández quien fue juzgado en EE. UU. y condenado a 45 años de prisión.
En estas circunstancias es lógico que haya personalidades políticas y sociales hondureñas —como la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos— que pidan a la señora Xiomara Castro que renuncie a la Presidencia de Honduras. Pero ella ha respondido con el cuento de que está en marcha un golpe de Estado para derrocarla, la misma narrativa política de todos los gobernantes autoritarios de América Latina, de izquierda o de derecha, cuando se enfrentan a fuertes cuestionamientos públicos por su mal proceder al frente del Estado.
Lo que está ocurriendo en Honduras da la razón a los analistas políticos que califican como narcoestados a los regímenes de los países conquistados por la izquierda autoritaria afiliada al “socialismo del siglo 21”.
Se define como narcoestado a “un país en el cual las actividades del narcotráfico han infiltrado de manera significativa las instituciones gubernamentales, a tal punto que el gobierno está directa o indirectamente controlado o influenciado por organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas”.
Lo cual evidentemente es el caso de Honduras en la actualidad.
