La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) llamó este martes al Gobierno de Nicaragua a cesar «el acoso judicial, policial e institucional» contra las voces críticas, al denunciar el cierre de 49 medios de comunicación y el exilio forzado de al menos 263 periodistas.
El gobierno del presidente Daniel Ortega debe «poner fin al uso arbitrario de mecanismos administrativos, legislativos, judiciales, financieros y policiales que impiden el ejercicio de la libertad de expresión y otros derechos fundamentales», dijo la SIP al divulgar un informe sobre el deterioro de las libertades en el país centroamericano.
El informe señala que tras las protestas de 2018 contra el gobierno de Ortega, en Nicaragua se «han intensificado y aumentado las agresiones selectivas contra periodistas, activistas, artistas, medios de comunicación, estudiantes, clérigos, [y} opositores políticos».
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Las protestas de 2018 dejaron al menos 300 muertos —según la ONU— tras ser reprimidas por la dictadura de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, quienes las consideraron un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
El gobierno de Ortega debe «cesar el acoso judicial, policial e institucional contra las voces críticas y contra quienes ejercen su derecho a la libre expresión y a la manifestación pacífica», dijo la SIP.
El informe destaca que desde entonces la «persecución» hacia los medios independientes «ha empeorado» y «la libertad de expresión ha llegado a un estado crítico, prácticamente nulo».
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«La libertad de prensa se ha visto acorralada a través del cierre de los medios de comunicación, la confiscación de las propiedades donde funcionaban y el silenciamiento de la práctica periodística independiente», agregó la SIP.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha calificado la situación en Nicaragua como un «tema de preocupación internacional» y la ONG Reporteros Sin Fronteras la compara con «una película de horror».
