La muerte de Alfonso Leiva Centeno, asesino confeso que estaba recluido en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, vuelve a poner en evidencia la ineptitud de las autoridades penitenciarias del país para garantizar la vida, salud, seguridad e integridad física de los privados de libertad.
Leiva fue encontrado el pasado 10 de agosto colgando de los barrotes de su celda en La Modelo. El hecho ocurrió 48 horas después que el sujeto confesó que quemó viva —el 23 de mayo— a su prima Santos del Socorro Soza Salgado, de 56 años, quien se resistió a que la violara.
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Tras confesar, según medios oficialistas, el criminal incluso se acercó a la jueza Aleyda Irías, del Juzgado Segundo Distrito Especializado en Violencia, para solicitar que lo «trasladara» al penal de Matagalpa, pues temía que los «reos (de La Modelo) tomaran venganza».
La abogada Camila Ormar, especialista en Derecho Internacional y Derechos Humanos, en entrevista con LA PRENSA resaltó que es deber del Estado, en este caso del Estado de Nicaragua, «adoptar las medidas necesarias y suficientes para proteger y garantizar el derecho a la vida y de integridad de las personas privadas de libertad», por lo que «si una persona es detenida en buena condición de salud y posteriormente muere o tiene lesiones o afectaciones a sus derechos a la vida o integridad personal recae sobre el Estado la obligación de proveer una explicación suficiente y satisfactoria de lo que haya pasado».
«El Estado tiene la responsabilidad de garantizar los derechos de las personas bajo su custodia, como las de proveer la información y las pruebas relacionadas con el destino que haya tenido esa persona detenida», remarcó la especialista.
Ormar, quien también es parte del equipo del Centro por la Justicia y Derecho Internacional (Cejil), afirmó que hay elementos esenciales que cualquier Estado «tiene el deber de proteger a las personas privadas de libertad de la violencia que pueda ocurrir dentro de los centros penitenciarios».
Agregó que los Estados, como garantes de los derechos y obligaciones de los privados de libertad, deben adoptar «medidas para evitar la presencia de armas o cualquier objeto que represente peligro dentro de los establecimientos en poder de las personas privadas de libertad, reducir el hacinamiento, procurar condiciones de detención que sean compatibles con la dignidad de las personas, proveer personal capacitado y en número suficiente para asegurar el cuidado y efectivo control de la custodia y vigilancia en los centros penitenciarios».
En Nicaragua, aunque los instrumentos internacionales dicten otra pauta de trato y garantías para privados de libertad, defensores nicaragüenses en reiteradas ocasiones han denunciado que el Estado es el principal violador de los derechos entre esos privados de libertad comunes y políticos.
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, según el informe que divulgó a inicios de este mes, dijo que en el país hay más de 151 reos de conciencia hasta el 31 de julio de 2024. Además, alertó que se desconoce el paradero de al menos nueve personas que también habrían sido detenidas por motivos políticos.
Presos políticos muertos en prisión
Esta no es la primera vez que mueren privados de libertad que están a cargo de las autoridades penitenciarias de Nicaragua, controladas por la dictadura Ortega-Murillo. Desde mayo de 2019 hasta diciembre de 2023, al menos cuatro presos políticos murieron mientras eran responsabilidad del régimen orteguista, que los mantenía encerrados de formar arbitraria e ilegal.
En mayo de 2019, la primera víctima del orteguismo fue el preso político Eddy Montes Praslin, quien fue asesinado por un funcionario de La Modelo, que le disparó con un AK-47.
Posteriormente, en noviembre de 2021, también pereció bajo custodia el abogado Santos Sebastián Flores Castillo, de 52 años, en condiciones que hasta la fecha no han sido esclarecidas, pero que a juicio de familiares —que en ese entonces hablaron con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh)—, «no fue por causa natural».
El general en retiro Hugo Torres Jiménez, de 73 años, en febrero de 2022 se sumó a la lista de presos políticos que fallecieron bajo custodia. Tenía más de 200 días de estar bajo encierro arbitrario e ilegal en el Chipote. Tras su muerte, el régimen retiró la causa contra Torres, no dio detalles de las causas de su deceso y se limitó a indicar que este presentó «deterioro en su salud».
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El preso político José Modesto Solís Aguilar también falleció bajo custodia en diciembre del año pasado y hasta la fecha es el caso más reciente vinculado a reos de conciencia. El Grupo Secuestrados Políticos Unidos (GSPU) denunció la muerte bajo custodia, pero oficialmente no se conocen las causas del deceso. Fuentes consultadas por LA PRENSA en ese entonces refirieron que la muerte de Solís pudo estar vinculada con graves problemas de anemia, que por la falta de atención médica oportuna desencadenaron en otras enfermedades.
Peligro en las celdas de Nicaragua
La abogada Ormar aseguró que, ante el caso de la muerte en prisión de Alfonso Leiva y cualquier otro caso de muerte de privados de libertad bajo custodia, las autoridades tienen como obligación fundamental investigar qué fue lo que ocurrió, si hubo o no mano criminal, resaltando que «si se trata de una muerte criminal queda el mensaje de que hechos similares son tolerados por las autoridades y en este sentido puede ser un peligro para las personas que se encuentran privadas de libertad, incluso quienes se encuentran privados de libertad por motivos políticos».
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«Cuando se trata de investigar la muerte de una persona que se encuentra bajo custodia del Estado, las autoridades tienen que iniciar una investigación de oficio, es decir, sin necesidad de que se interponga una denuncia, y sin dilación, de forma inmediata, además deben cumplir con elementos de imparcialidad, seria y efectiva, es fundamental», explicó.
