La Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional (USCIRF, por sus siglas en inglés) celebró la audiencia «Deterioro de las condiciones de libertad religiosa en Nicaragua», en la que se denunció cómo la represión religiosa perpetrada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra las comunidades religiosas católica, protestante e indígena ha aumentado exponencialmente.
Durante la audiencia, este miércoles 24 de julio, participaron Stephen Schneck, presidente de USCIRF; Maureen Ferguson, comisionada de la USCIRF y Christopher Hernandez-Roy, director adjunto e investigador principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.
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Asimismo estuvo presente Jon Britton Hancock, fundador y presidente del Ministerio Puerta de la Montaña; Félix Maradiaga, síndico de Freedom House y activista por los derechos humanos, y Anexa Alfred, miembro del Mecanismo de Expertos de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, quienes compartieron sus testimonios.
Los participantes brindaron recomendaciones al gobierno norteamericano, bajo la Administración de Joe Biden, para que fomente mejores condiciones de libertad religiosa, ayude a frenar la persecución implacable de las comunidades religiosas en Nicaragua y exija responsabilidades a los funcionarios gubernamentales por violaciones a la libertad religiosa. Particularmente, alentaron a apoyar la Ley de Restauración de la Soberanía y los Derechos Humanos en Nicaragua.
Nicaragua en lista de países que violan la libertad religiosa
Ferguson durante su intervención recalcó que USCIRF recomienda al Departamento de Estado de Estados Unidos que vuelva a designar a Nicaragua como país de especial preocupación, designación reservada para los peores violadores de la libertad religiosa.
«Esta designación está reservada para los peores violadores de la libertad religiosa. En diciembre de 2023 nos complació que el Departamento de Estado designara a Nicaragua como CPC y lo alentamos a que lo haga. Así que de nuevo este año USCIRF ha recomendado que el Gobierno de EE.UU. apoye al Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua, que están documentando cuidadosamente las violaciones de la libertad religiosa que ocurren en el país», detalló.
Asimismo mencionó que también alienta a que el gobierno estadounidense, bajo la Administración de Joe Biden, apoye la legislación bipartidista Ley de Restauración de la Soberanía y los Derechos Humanos en Nicaragua de 2024, que fue presentada en enero de este año por la presidenta del Subcomité del Hemisferio Occidental, la congresista María Elvira Salazar y el presidente del Subcomité de Derechos Humanos, el representante Chris Smith.
«Esta legislación ampliaría los fundamentos legales para sanciones contra violadores de la libertad en Nicaragua. Sería un paso hacia una mayor rendición de cuentas y sería una señal de que el Gobierno de Estados Unidos sigue profundamente preocupado por la libertad religiosa», apuntó Ferguson.
Hernandez-Roy, director adjunto e investigador principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, aprovechó su participación para ofrecer algunas sugerencias al gobierno norteamericano, y destacó que el deterioro de las condiciones de libertad religiosa en Nicaragua está teniendo un profundo efecto en la sociedad por los cierres masivos de organizaciones.
«Las instituciones religiosas y sus líderes están profundamente arraigados dentro de la comunidad, una característica que los convierte en una amenaza para el proyecto político autoritario del régimen de Ortega-Murillo. Sin embargo, esto no es nuevo. El presidente Ortega tiene profundos y antiguos agravios contra la Iglesia católica en particular, por los que ha buscado alegremente venganza. Su intención es desmantelarla mediante un ciclo implacable e intenso de acoso y persecución como parte de su plan para consolidar una dictadura dinástica dentro de Nicaragua que no admita rivales», denunció Hernández-Roy.
Enseguida reprochó el encarcelamiento de pastores de iglesias evangélicas y el acoso a la Iglesia morava, perteneciente a comunidades indígenas.
«Las violaciones de derechos humanos en el país probablemente ascendieron, finalmente, el Departamento de Estado debería procurar establecer una Relatoría dedicada a la libertad religiosa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de la que Estados Unidos es miembro y el principal financiador», recomendó Hernández-Roy.
Concluyó señalando que Estados Unidos «necesita una teoría integral del cambio que ataque eficazmente las herramientas que utiliza el régimen para reprimir a su pueblo. Esa estrategia también requerirá más cooperación internacional para desenredar y desmantelar las redes a las que recurre Ortega para preservar su legitimidad y sus fuentes de financiación».
Represión religiosa alcanza a las comunidades indígenas
El opositor y excarcelado político, Félix Maradiaga, denunció que después de las protestas antigubernamentales en 2018, que fueron brutalmente reprimidas, en el país «la represión religiosa ha aumentado exponencialmente a niveles sin precedentes en América Latina. Sin embargo, igual que otros regímenes totalitarios como China y Cuba».
Maradiaga subrayó que el modo de represión religiosa del sandinismo es único, debido a que los ataques contra la Iglesia «no se fundamentan en un intento explícito de promover el ateísmo, sino más bien en un intento obsesivo por subyugar y manipular la fe de los nicaragüenses. El discurso hipócritamente religioso de Rosario Murillo y Daniel Ortega ha sido acompañado de intentos sistemáticos por coptar a la Iglesia católica. No lo han logrado, y eso es, en parte, una de las razones de su odio desmedido».
Enseguida aseguró que si bien es cierto que la persecución religiosa contra la Iglesia católica es «particularmente extrema, nuestros hermanos de las iglesias morava y evangélica también sufren persecución». También detalló cómo más de 80 sacerdotes han sido expulsados del país, forzados al exilio, impedidos de reingresar a Nicaragua y, en los peores casos, encarcelados y luego enviados al destierro.
En ese sentido, Jon Britton Hancock, fundador y presidente del Ministerio Puerta de la Montaña, denunció en la audiencia el encarcelamiento y condena de once integrantes del ministerio y la falta de información sobre ellos.
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«Realmente amamos a Nicaragua y al pueblo nicaragüense. Es un país hermoso y es algo realmente triste y serio lo que está sucediendo en este momento. Fueron arrestados por organizar a multitudes de personas juntas en comunidad y en público para adorar juntas con fines religiosos. Los pastores llevan siete meses en un penal de máxima seguridad, una de las líderes es mujer y ha sido separada ilegalmente de sus hijos, ya que era demasiado mayor en el momento de su arresto. Desde su arresto hace siete meses, se les ha privado de contacto con cualquier visitante, incluidos los miembros de la familia y su abogado», describió Hancock.
El presidente del ministerio reveló cómo la dictadura Ortega-Murillo solicitó a múltiples países de Latinoamérica arrestarlo a él, a su hijo y nuera. «Nicaragua acordó con seis países, es lo que sabemos, arrestar a mi hijo, a mi nuera y a mí, en México, Honduras, Cuba, Venezuela, Ecuador y Brasil, nunca nos notificaron oficialmente que había un problema, solo usaron comunicados de prensa para afirmar que estábamos involucrados en un proceso penal», dijo Hancock.
Para concluir, Hancock no dudó en aseverar que «lamentablemente nuestra situación es el último ejemplo de persecución religiosa por parte del régimen de Ortega Murillo, apuntan a cualquiera que perciban como una amenaza a su control de Nicaragua. Nos hicieron a nosotros lo que le hicieron a los católicos y lo que le han hecho a más de 3,500 organizaciones. Reaccionaron abruptamente, severamente e injustamente», denunció e instó a la oficina de USCIRF renovar la demanda por la liberación inmediata de los líderes religiosos de Puerta de la Montaña.
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Alfred, miembro del Mecanismo de Expertos de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, expuso cómo la libertad religiosa en las comunidades del Caribe ha estado sufriendo graves repercusiones, como la división interna entre la religión.
«La religión es la morava. La libertad religiosa de las comunidades de la costa caribeña ha seguido sufriendo graves repercusiones con el cierre de los espacios en el país, en respuesta a una política de control absoluto promovida por el régimen sobre las autoridades territoriales. El líder indígena incluye a las religiones, o bien debemos responder al interés económico y partidista gobernante que ya gobierna las tierras y los recursos naturales que han preservado en graves», denunció.
