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CONTENIDO EXCLUSIVO.A Fanor Alejandro Ramos lo engañaron. Le dijeron que lo enviarían a Cuba directamente a un paredón de fusilamiento y por eso no aceptó firmar ningún papel y tampoco subirse al avión de Omni Air International en que la dictadura desterró a 222 presos políticos el 9 de febrero de 2023.
A él sí lo llevaron a la Fuerza Aérea aquella madrugada en que la dictadura ejecutó esta operación sin precedentes en Nicaragua, pero cuando sus excompañeros de la Policía le dijeron que iría a Cuba, él se negó a bajar del bus. Cuando todos los demás ocupantes bajaron, a él lo llevaron a una patrulla que estaba apartada del lugar. Ahí, Fanor Ramos se encontró con la otra persona que se negó a subir al avión: monseñor Rolando Álvarez.
El obispo Álvarez estaba sentado en el asiento del copiloto de la patrulla y a Fanor Ramos lo sentaron atrás. Álvarez también se había negado a subir al avión.
Los dos permanecieron en la patrulla con otros policías hasta que el avión despegó y luego los encapucharon y los llevaron a la celda de máxima seguridad conocida como el infiernillo, en el Sistema Penitenciario La Modelo.
Así lo contó el mismo Fanor Ramos a sus familiares tres meses después de que decidiera no subirse al avión. Él estaba en la lista de los que serían desterrados. “Yo lo entiendo. Está en lugar donde lo torturan y le dicen muchas cosas. Es entendible que pensara que lo iban a matar”, señala una fuente cercana a la familia y que solicita no ser citada.
Apenas lo llevaron al infiernillo, Ramos fue sometido a golpizas y torturas, cuenta la fuente y así quedó como uno de los 35 presos políticos que el régimen mantuvo en las celdas luego del destierro. El mismo Daniel Ortega se refirió a él en un discurso público la tarde de ese 9 de febrero.
“Hubo dos que se negaron a subir las gradas del avión: uno de ellos, Fanor Alejandro Ramos, que por lo que sabemos, entendemos por qué. Este Fanor Alejandro Ramos, de 50 años de edad, está en el Penal de Tipitapa condenado a 8 años por almacenamiento de droga, 369 kilos de cocaína, al momento de la captura se le ocupó una pistola marca Glock. Había andado en el 2018 ahí acompañando a los golpistas; estaba a la orden del Juez Tercero del Distrito Penal y tiene 3 años y 1 mes en prisión”, dijo el dictador.
Y continuó: “Entonces, ¿por qué no aceptó? Seguramente tuvo temor que ya estando en los Estados Unidos y con ese récord allí le abrieran proceso, lo investigaran, le encontraran conexiones ahí con la narcoactividad de los Estados Unidos y terminara con cadena perpetua, o en la silla eléctrica, o con la pena de muerte. Entonces, él prefirió no montarse en el avión”.
Ramos ahora tiene 52 años. Permanece detenido cumpliendo una condena de ocho años de cárcel y una multa de 34,000 córdobas por narcotráfico, pero sus familiares relatan que él es perseguido desde año 2010 cuando salió de la Policía después de una destacada carrera como francotirador e instructor en esa institución. “El problema viene desde 2010 y en 2018 se arreció más, pero todo este tiempo han estado encima”, comenta la persona que lo conoce.
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En 2018, la Policía lo buscó para que se reintegrara a la institución, pero este se negó porque sabía que lo ocuparían para reprimir a la población. Después le ofrecieron ser paramilitar y también se negó porque no estaba de acuerdo con la matanza que hizo la dictadura. De hecho, él participó en algunas protestas contra el régimen de Ortega y su hijo mayor sufrió un impacto de bala en una de sus piernas.
Pero lo peor ha venido después de su captura, dice la fuente, sobre todo tras negarse a subir al avión y ser desterrado con otros presos políticos. “Él ha recibido torturas de todo tipo. Han sido muy duros. Ya tiene cuatro años y medio de que no le permiten ver a sus hijos, solo al menor lo vio una vez. Han pasado muchas cosas y más fuertes a partir de que él decidió no subir al avión”, cuentan.
Apolítico
Los problemas de Fanor Alejandro Ramos con la Policía empezaron en el año 2010. Para entonces, él ya tenía más de 20 años en la institución y se había destacado como francotirador. Incluso fue condecorado por Daniel Ortega en 2009, con la Medalla al Valor Juan Ramón Torrez, la cual fue otorgada a policías que “en determinada actividad policial pusieron tácitamente en riesgo su vida”, indica el archivo policial.
Fanor Ramos para entonces era inspector. En la Policía fue oficial de brigada especial, profesor de tiro y seguridad, francotirador, escolta de personalidades, y fundador y jefe de la tercera sección del Departamento de Tácticas y Armas Policiales de Intervención y Rescate (Tapir).
Entrenó en esta especialidad a militares y policías. “El Ejército sabe quién es Fanor, y la Policía también sabe, y toda la preparación que él tiene”, señala la fuente familiar.
Sin embargo, en 2010, Fanor Ramos empezó a tener encontronazos con el comisionado Justo Pastor Urbina, quien ese año asumió la jefatura de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP) y por tanto, era uno de los superiores de Ramos, quien permanecía como uno de los jefes de Tapir.
En una ocasión, Ramos no acató al pie de la letra una orden que le dio Urbina, y este le dijo que las cosas se harían “a su modo”, a lo cual Ramos respondió que mientras fuera con profesionalismo, él acataría las órdenes y que dentro de la Policía él era apolítico.
Días después de esa discusión, a Ramos le dieron la baja de la Policía por “falta de idoneidad” y desde entonces empezó a ser vigilado. Su casa era asediada por agentes policiales e incluso allanada porque según supo Ramos, quisieron vincularlo a un caso de narcotráfico en ese entonces.
En medio del hostigamiento policial, Ramos continuó con su vida y llegó a ser gerente de una empresa de seguridad, y también trabajó en una agencia de viajes. En algunas ocasiones, la Policía llegaba a sus oficinas, lo seguían en el camino a su casa y lo vigilaban de cerca, especialmente en las fechas en que Daniel Ortega asistía a alguna actividad pública.
Narcotráfico
Tras el estallido de la crisis política en 2018, a Fanor Ramos le ofrecieron que regresara a la Policía y que también colaborara como paramilitar en la Operación Limpieza, pero este se negó. Por temor a represalias, decidió salir al exilio en Costa Rica por un tiempo.
Sin embargo, en 2019 regresó a Nicaragua y al poco tiempo, el 19 de diciembre de ese año, fue detenido por la Policía mientras conducía un vehículo en el kilómetro 45 de la Carretera Vieja a León, cerca de la comarca Los Cedros.
La familia de Ramos no supo nada de su detención sino hasta tres días después, cuando la Policía lo presentó ante medios de comunicación oficialistas. Durante esos tres días, sus familiares lo buscaron en todas las delegaciones policiales y en ninguna les dieron respuesta.
Ramos fue acusado junto a una persona llamada Sergio Meléndez Aguilar de ser parte de una red de narcotráfico. Meléndez Aguilar ya tenía antecedentes de homicidio y tráfico de estupefacientes. La acusación señala que supuestamente a ambos les encontraron 940 kilos de cocaína y más de 10,000 dólares en efectivo.
Para entonces, el abogado de Ramos, Samuel Chavarría, denunció a LA PRENSA que todos los días su representado era interrogado y golpeado para presionarlo y que admitiera ser narcotraficante. Jamás lo admitió.
Las golpizas y torturas, señala la fuente familiar, aumentaron después de que se negó a subir al avión del destierro. A su esposa le permitieron visitarlo tres meses después y todavía se notaban algunos de los golpes y torturas a los que fue sometido y de las que la fuente prefiere no brindar detalles “porque él tampoco ha contado todo lo que le hacen y creo que no está listo para hablar de eso”.
En esa primera visita después de negarse a subir al avión, Ramos se disculpó con su esposa por no haberse ido con el resto de presos políticos y le contó que tenía mucho temor de ser fusilado en Cuba, tal y como le dijeron sus excompañeros de la Policía. “Fue muy duro, pero lo entendemos”, indica su familiar.
“No me voy a suicidar”
En la actualidad, Ramos padece de hipertensión, diabetes, lumbalgia y dolores que le provoca un golpe en el nervio ciático. También se enfermó de covid-19 en el Sistema Penitenciario y casi no recibió atención médica. En noviembre de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares debido a su estado de salud.
Su esposa salió del país hace poco más de un mes y la familia no ha podido saber nada más de él. Los guardas de La Modelo no permiten que nadie más entre a verlo ni a dejarle paquetería.
Poco antes de irse del país, la esposa de Ramos trató de llevarle una carta al alcaide Rodrigo García solicitando el cambio de personas para la realización de visitas, pero no la dejaron pasar y tampoco le recibieron la carta. Solo le tomaron una foto a la misiva y le dijeron que se retirara.
Entre algunos familiares de otros presos políticos se corre el rumor de que sufrió un infarto en los últimos días y por ello es que su familia teme que su situación de salud sea grave y no esté recibiendo atención médica.
A la persona que quedó a cargo de ir a visitarlo no la han dejado entrar y la semana pasada esta le consultó a los guardias sobre los rumores de que le había dado un infarto y quería saber cómo estaba de salud. “Ellos se quedaron viendo, como sorprendidos, y solo le dijeron que no le podían decir nada porque no había autorización del alcaide”, señala la fuente familiar.
En la última visita que sus familiares tuvieron con él, Fanor Ramos les dijo: “Yo no me voy a suicidar, por si les dicen eso que me suicidé”. Por esto que les expresó y por la negativa de permitirle visitas, es que su familia teme por la vida de Ramos.
