El nuevo Congreso salvadoreño se instaló el miércoles con un control total del partido del presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas, que ocupó 54 de los 60 escaños legislativos y sus aliados tres más.
El diputado Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, presidirá tres años más el Congreso unicameral. También fueron reelegidos los diputados Suecy Callejas y Rodrigo Ayala como vicepresidentes, y la diputada Elisa Rosales como primera secretaria de la junta directiva, todos del partido oficialista.
Dos diputados de partidos aliados fueron elegidos para ocupar las dos secretarías de la junta directiva. No se tomó en cuenta a los diputados de la oposición.
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En junio de 2023, en una medida solicitada por Bukele y cuestionada por la oposición, el Congreso aprobó reducir el número de legisladores. De 84 pasan a ser 60 a partir del 1 de mayo de 2024, y de ellos el oficialismo controla 54 curules.
El Partido de Concertación Nacional —aliado de Bukele— obtuvo dos, y el Partido Democracia Cristiana, también aliado del mandatario, uno. La oposición solo alcanzó tres curules, dos de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y otro del partido conservador VAMOS.
Con esta distribución de los curules legislativos, Nuevas Ideas no tendrá que negociar con nadie y puede aprobar el presupuesto general de la nación, préstamos internacionales, autorizar la emisión de deuda, aprobar regímenes de excepción, elegir al fiscal general, a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Cuentas, al procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
Además, podrá acordar y ratificar sin obstáculos reformas a la Constitución.
En la Constitución vigente desde 1983 se incluyó como requisito para modificarla que la reforma deba ser ratificada en el Congreso posterior. Es decir, que la reforma constitucional debe enviarse y aprobarse en una legislatura, pero ratificarse en la siguiente, después de elecciones.
A solicitud de los diputados de Nuevas Ideas, el Congreso reformó ese artículo —el 248 de la Constitución de 1983— para que la Carta Magna también pueda ser reformada en una misma legislatura con el voto de las tres cuartas partes de los diputados electos.
Con el apoyo de 66 de los 84 diputados del Congreso unicameral de El Salvador, el 29 de abril —en la última plenaria de la legislatura— se amplió cómo la Constitución podrá ser reformada de dos formas: la tradicional, de esperar a la ratificación de la siguiente legislatura con dos tercios de los votos, o la nueva, de concretarla en el mismo periodo con una mayoría de tres cuartas partes de los diputados electos.
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Políticos de oposición y más de 12 organizaciones de la sociedad civil rechazaron de inmediato la decisión del Congreso, asegurando que el acuerdo de reforma no fue consultado, no cumplió con el procedimiento constitucional y vulnera la democracia.
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho dijo en un comunicado que el hecho de que “una sola legislatura apruebe y ratifique reformas constitucionales, es banalizar la ley máxima del Estado, es someterla a las veleidades del poder total, para fortalecerlo en detrimento de los derechos del pueblo, de la institucionalidad del Estado y de la endeble democracia en construcción”.
En su primera sesión, el nuevo Congreso decidió reformar su reglamento interior para sancionar a diputados que no asistan a las comisiones, reestructuró las comisiones de trabajo y además facultó al presidente de los legisladores para que, en casos de conmoción interna, la sesiones puedan ser convocadas de manera virtual en medios idóneos con máxima publicidad.