En medio de la ofensiva del sindicalismo argentino contra el plan de ajuste del presidente Javier Milei, el gremio de los empleados estatales realizaba el miércoles un paro mientras trabajadores despedidos se disponían a ocupar ministerios y otros organismos públicos en distintas ciudades.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) encabeza la protesta contra las políticas de fuerte recorte del gasto público del mandatario ultraliberal, las cuales han generado miles de despidos en los distintos niveles del Estado. Organizaciones gremiales pertenecientes a dos combativas centrales sindicales se han adherido a la protesta.
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Las principales movilizaciones tienen lugar en Buenos Aires, donde cientos de trabajadores, muchos de ellos despedidos en los meses posteriores a la asunción de Milei en diciembre, se congregaron en las inmediaciones de la Secretaría de Trabajo para ocupar sus instalaciones y celebrar posteriormente asambleas para definir nuevas medidas de protesta.
En esa dependencia estatal los manifestantes reclamarán la reincorporación de 520 despedidos a sus puestos de trabajo .
En la jornada se prevé el ingreso masivo de manifestantes a los ministerios de Desarrollo Social, Salud, Interior y Producción. También está prevista la ocupación del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).
Varias instalaciones estaban fuertemente custodiadas por la policía en el marco de las severas medidas que aplica el gobierno para impedir la ocupación de calles y espacios públicos durante las protestas.
En el Inadi, cuyo cierre anunció el gobierno, exempleados forcejeaban con la policía en su intento por ingresar al edificio.
ATE denunció que “el gobierno ultraneoliberal y neofascista de Javier Milei (…) está arrasando con políticas públicas sumamente sensibles para nuestro pueblo y dejando en la calle a miles de trabajadores y trabajadoras estatales”.
“Ratificamos que el desguace de (la Secretaría de) Trabajo es un primer paso de un ataque mayor contra los derechos y puestos de trabajo de los trabajadores del sector privado y público en general”, señaló ATE en un comunicado.
Según el gobierno, 15.000 contratos del sector público han sido dados de baja al 31 de marzo.
Milei sostiene que el Estado argentino está sobre dimensionado y que es necesario recortar personal en el marco de su objetivo de mantener el déficit cero eliminando muchos puestos que considera que fueron designados por afinidad política en administraciones anteriores.
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El gobierno afirma que sus políticas ortodoxas lograron que en los dos últimos meses se haya registrado superávit financiero. «Se ha hecho una reducción del gasto público de 5 puntos del PBI (Producto Bruto Interno) sólo en los gastos del Tesoro y una caída del gasto primario del Estado en términos reales del 40%”, señaló días atrás el portavoz presidencial Manuel Adorni.
El funcionario acotó que “del universo de más de 70.000 contratos analizados” en el sector público, 15.000 fueron dados de baja —lo que no incluye a las empresas públicas y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados— y «el resto, vamos a renovarlo por seis meses y seguir avanzando en el análisis de cada uno”.
