En el marco del grupo de 109 personas privadas de libertad por motivos políticos, relacionados con el contexto de abril 2018, quince ciudadanos enfrentan una reclusión diferenciada en celdas de máxima seguridad.
Este trato discriminatorio fue documentado por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. Fueron detenidos durante el contexto de Semana Santa de 2023 y el quinto aniversario de las protestas pacíficas en Nicaragua.
Este grupo está conformado por: Juan Bruno Centeno, Martha Lorena Centeno Marín, Alberto José Centeno Ruiz, José Ángel Cerrato García, Sergio Catarino Castilblanco Hernández, José Antonio Castillo, Eddy Antonio Castillo Muñoz, Víctor Manuel Carranza Espinoza, Marvin David Gutiérrez Siézar, Juan Pablo Torres Morales, Nely Grisselda López García, Víctor Ticay, Jasson Salazar, Olesia Muñoz y Anielka García. Estas personas llevan más de 300 días en las cárceles del régimen.
Estas 15 personas detenidas enfrentan condiciones de reclusión más severas en comparación con el resto del grupo. La decisión de ubicarlas en celdas de máxima seguridad se toma sin un criterio claro y transparente, lo que ha generado preocupaciones sobre la aplicación justa de las medidas de seguridad.
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La utilización discrecional de la reclusión diferenciada plantea interrogantes sobre la equidad en el tratamiento de quienes se encuentran privados de libertad. Organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado su inquietud ante esta práctica, denunciando que las autoridades no son transparentes al utilizar criterios para determinar la asignación de estas celdas especiales.
