Fanor Alejandro Ramos lleva 1,500 días tras las rejas por su firme negativa a participar en la represión orquestada por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Ramos, es uno de los 35 presos políticos excluidos del destierro y desnacionalización de 222 prisioneros.
En medio de las protestas de 2018, la policía, al servicio del régimen, intentó reclutar a Ramos para unirse a grupos parapoliciales encargados de amedrentar a los ciudadanos que exigían el fin de la dictadura. Su negativa rotunda lo llevó a ser señalado como incómodo para el gobierno.
Aunque Ramos sirvió en la policía nicaragüense durante 25 años, fue dado de baja en 2010 por «falta de idoneidad». Las represalias comenzaron cuando expresó su apoliticismo dentro de la institución. Desde entonces, su hogar fue objeto de asedio y vigilancia por simpatizantes del Gobierno, según un familiar del preso político.
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El Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh) emitió un SOS a fines de febrero preocupado por las posibles torturas sufridas por Ramos en prisión. Organizaciones de derechos humanos han expresado su inquietud anteriormente por las condiciones carcelarias que enfrenta este preso político.
Ramos, exoficial de brigada especial y exjefe de la tercera sección del departamento de tácticas y armas policiales de instrucción de rescate de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía DOEP, fue acusado de almacenar drogas junto a Sergio Meléndez Aguilar.
Aunque la Policía del régimen afirmó incautar 368 kilos de cocaína en una propiedad de Meléndez, la acusación presentó vacíos según el abogado de Ramos. Este preso político fue condenado a 8 años de prisión y a pagar una multa de 34,000 córdobas, pero goza de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La historia de Ramos resalta las complicaciones y la lucha contra la injusticia en el contexto político actual en Nicaragua.
