Gabriela Morales, activista feminista y presa política del régimen de Daniel Ortega cumple detenida 160 días detenida de manera arbitraria. Estuvo atrincherada en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-Managua en el 2018, denunció a los medios de comunicación que fue víctima de secuestro y torturas por parte de paramilitares.
Fue detenida el 19 de agosto, era estudiante de la confiscada Universidad Juan Pablo II. También las autoridades policiales al servicio del régimen secuestraron a Adela Espinoza Tercero, egresada de la carrera de la Comunicación de la antigua Universidad Centroamericana (UCA).
Ambas fueron llevas a juicio por los supuestos delitos de ciberdelitos y traición a la patria y no tuvieron derecho a la defensa, como es común en los procesos contra los privados de libertad por motivos políticos. En las segunda audiencia, estas jóvenes solo fueron enlazadas a través de videollamada.
Luego se conoció que estas jóvenes iniciaron una huelga de hambre que se extendió por un tiempo considerable, esto fue junto con otras presas políticas que se encuentran aisladas en el Sistema Penitenciario de Mujeres, cárcel La Esperanza.
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Persecución dentro del Poder Judicial
El último informe del Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas documentó en su último informe que la crisis interna en el gobierno alcanza nuevos niveles de gravedad, marcada por significativas violaciones a los derechos humanos y laborales de los trabajadores. La Policía Nacional ha intervenido de manera ilegal en el Poder Judicial, exacerbando la tensión en el escenario político.
La situación plantea serias preocupaciones sobre la integridad del sistema judicial y el respeto a los principios democráticos. Las organizaciones defensoras de derechos humanos han condenado estas acciones, subrayando la necesidad de restaurar el estado de derecho y garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores en el país.
