El partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama, que en español significa Hijos de la Madre Tierra), a través de redes sociales denunció que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo usa la sede de su agrupación política —conocida como La Casa Verde y ubicada en Bilwi, Caribe Norte— como un “centro de operaciones policiales”.
Yatama resaltó que desde el día que fue capturado su máximo dirigente, el exdiputado Brooklyn Rivera —preso político desde el 29 de septiembre de 2023—, la dictadura se tomó de forma arbitraria e ilegal la vivienda del líder indígena y también la sede de ese partido, usándola desde entonces como «un centro de operaciones policiales”.
“Desde la detención ilegal de ‘ta upla’ (líder), Brooklyn Rivera Bryan, el pasado 29 de septiembre de 2023, se ha llevado a cabo la confiscación de las instalaciones de las radios comunitarias, incluida la Casa Verde de Yatama”, señaló el partido político.
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La agrupación detalló que en las últimas semanas conocieron «la presencia de paramilitares médicos asociados al régimen» y de personas encargadas de realizar la «remodelación completa de La Casa Verde de Yatama».
Además, indicó que dicha situación les hace pensar en «la posibilidad de que estas obras estén orientadas hacia la creación de un centro de salud privado».
Yatama también denunció que algunos de sus bienes muebles incluso ya fueron sacados de su sede confiscada de facto. «Las sillas de esta casa (La Casa Verde) ahora se utilizan en el Centro Escolar Costeño, evidenciando el uso indebido de propiedades con fines políticos por parte del Gobierno. La situación es preocupante», resaltaron.
Ilegalización de Yatama
El partido indígena Yatama, cinco días después de la detención de Rivera, en octubre de 2023, fue ilegalizado por el Consejo Supremo Electoral (CSE), controlado por la dictadura, que ordenó cancelar su personalidad jurídica, acusando a la agrupación política de violentar la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz (Ley 1055).
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En la certificación de cancelación, el CSE acusa a Yatama de ejecutar “actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación”, delito que usa la dictadura para criminalizar a opositores y críticos.
