El 2023 en Nicaragua estuvo marcado por una serie de eventos cruciales, siendo las acciones erráticas y brutales de la dictadura encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, las que más golpearon especialmente a los nicaragüenses.
Desde detenciones arbitrarias, tensiones políticas, represión sin precedentes hasta nuevas violaciones a los derechos humanos. Nicaragua cierra un ciclo de seis años de inestabilidad, quiebre de la democracia y mayor radicalización de la dictadura.
Destierro de presos políticos
En la mañana del 9 de febrero, Nicaragua despertó con la impactante noticia del destierro de 222 presos políticos que estaban en diversas cárceles del país, incluyendo los que estabban en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como el Chipote.
En un acto oficialista la noche del mismo día, Daniel Ortega dijo: «Me dice Rosario, y ¿por qué no le decimos al embajador que se lleve allá a todos estos terroristas?». Pero la medida no se detuvo ahí. El régimen modificó la Constitución Política de Nicaragua, alterando su artículo 21, y aprobó una iniciativa de ley para despojar de la nacionalidad a estos ciudadanos. La Ley para la Pérdida de la Nacionalidad nicaragüense establece que cualquier persona «sentenciada en la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, perderá la nacionalidad nicaragüense».
Asimismo, fueron inhabilitados de manera perpetua «para ejercer la función pública en nombre del servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular, quedando suspendidos sus derechos ciudadanos de forma perpetua».
Condena a 26 años de Monseñor Álvarez
El obispo de Matagalpa, monseñor Rolando José Álvarez, recibió una condena de 26 años de prisión, un día después de supuestamente rechazar ser desterrado junto al grupo de 222 presos políticos enviados a Estados Unidos.
La dictadura lo condenó cinco días previos a su juicio, acusándolo de «propagación de noticias falsas» y «conspiración para cometer menoscabo de la integridad nacional», delitos con los que el régimen ha acusado a numerosos presos políticos. Estaría en prisión hasta el 13 de abril de 2049.
El veredicto del magistrado al servicio del régimen incluyó la condena de 15 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas, así como 5 años de prisión y 800 días de multa por la propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información, sumando un total de 26 años y 4 meses de privación de libertad.
“Condénese al acusado a 15 años de prisión y la inhabilitación de forma perpetua para ejercer la función pública… condénese al acusado a 5 años de prisión y 800 días multa por ser autor de la propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información, la pena en días multa equivale a la cantidad de 56,461 córdobas con 15 centavos. Condénese al acusado a 5 años y 4 meses de prisión por ser autor de obstrucción de funciones agravadas en perjuicio del Estado y condénese al acusado a 1 año de prisión por ser autor de desacato a la autoridad. Por lo que deberá de cumplir 26 años de prisión y 4 meses”, dictó.
Nicaragua como puente para el tráfico humano
La migración se ha convertido en un negocio de la dictadura de Daniel Ortega, creando nuevas vulneraciones para los migrantes que utilizan el Aeropuesto Augusto C. Sandino como el trampolín para llegar a Estados Unidos, con el afán de cumplir el sueño americano.
En agosto, el Aeropuerto experimentó un inusual aumento con 85,100 pasajeros, marcando un récord histórico y resaltando la destacada estrategia migratoria del régimen de Ortega. Aunque solo se registró la salida de 110,400 personas por esa vía, se estima que aproximadamente 49,300 continuaron su viaje hacia Estados Unidos por tierra. Nicaragua se transformó en un puente aéreo para migrantes, con cifras récord de llegadas y salidas en el aeropuerto, señalando una crisis migratoria sin precedentes.
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El país se ha ganado la reputación internacional de ser un punto clave en el tráfico humano hacia Estados Unidos. Analistas resaltan la compleja logística detrás de este fenómeno y sugieren que no sería posible sin algún nivel de apoyo gubernamental, evidenciando una conexión entre el régimen de Ortega y la industria del tráfico humano.
“Lo que existe es un tráfico organizado de personas a un nivel industrial, con ramificaciones en casi todas las regiones del globo. Estamos hablando de tres continentes con rutas abiertas. Esto refleja una organización muy bien montada, con capacidad para juntar recursos dispersos y a través de una dirección centralizada garantizar que esa migración fluya vía Managua y se eleve a niveles históricos como ha sucedido”, dijo un analista político solicitó no mencionar su nombre.
En el contexto de la crisis migratoria, Nicaragua enfrenta críticas internacionales, siendo calificado como la «capital mundial del tráfico humano hacia Estados Unidos».
Miss Nicaragua hace historia
En un acontecimiento que debería haber llenado de alegría a la población nicaragüense, la victoria de Miss Nicaragua Sheynnis Palacios como la primera Miss Universo el pasado 18 de noviembre se vio empañada por las acciones arbitrarias de la dictadura de Ortega.
Desde el inicio de la competencia, la nicaragüense destacó como una de las favoritas para ganar el título de la mujer más bella. A pesar de la emoción desbordante en las calles de Nicaragua al celebrar este histórico triunfo, la dictadura no tardó en intervenir.
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En pocos días, el régimen acusó de «traición a la patria» a Karen Celebertti, ex directora de la franquicia Miss Nicaragua, forzándola a renunciar. La dictadura tomó represalias al secuestrar al esposo e hijo de Celebertti y confiscar este negocio.
La actual Miss Universo se despidió de Celebertti con un emotivo mensaje en redes “el amor por nuestro país brilla en todo lo que hace y no puedo esperar a ver lo que sigue en tu camino. Para mí, fue un honor representar a nuestro país en ese escenario y espero seguir enorgulleciéndola a usted y a nuestro país”.
Expulsión de la Cruz Roja
El lunes 18 de diciembre el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) anunció el cierre de sus oficinas en Nicaragua, indicando que la decisión fue tomada «por pedido de las autoridades nicaragüenses».
Desde 2018, el CICR llevaba a cabo sus operaciones en Nicaragua con la aprobación del régimen, enfocándose en metas humanitarias, como la visita a presos políticos solicitada por sus familiares.
La organización, que estableció una misión permanente en Managua en enero de 2019, era el único organismo internacional que había ingresado a diversos centros penitenciarios para evaluar la situación de los prisioneros. Su expulsión deja un vacío en la documentación de las condiciones en las que el régimen orteguista mantiene a los presos políticos.
La acción del CICR se centró en apoyar a la Cruz Roja Nicaragüense, prevenir y atender consecuencias humanitarias de la privación de la libertad, y brindar formación sobre derecho internacional humanitario y derechos humanos. Sin embargo, el contexto político también ha afectado a la Cruz Roja Nicaragüense, ya que la Asamblea Nacional anuló la ley que la creó como asociación en mayo de 2022, confiscando sus bienes y creando una nueva Cruz Roja adscrita al Ministerio de Salud.
Confiscación de la UCA y el INCAE
En agosto de este año la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó a una jueza de Managua girar un oficio en el que se acusa a la Universidad Centroamericana (UCA) de “terrorismo” y a la vez ordenó incautar todos los bienes materiales y económicos del alma mater de la Compañía de Jesús, confirmó la universidad en un comunicado.
La judicial ordenó incautar bienes inmuebles, dinero en córdobas y dólares en las cuentas bancarias –que ya habían sido congeladas–. “El Estado de Nicaragua garantizará la continuidad de todos los programas educativos”, según fue informada la UCA.
Los ataques contra la Universidad Centroamericana por parte de la dictadura empezaron en 2018, cuando el campus se convirtió en refugio de cientos de manifestantes heridos por la represión ordenada por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Asimismo en septiembre la dictadura ordenó el cierre y confiscación del la escuela de negocios Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), y ordenó decomisar sus bienes muebles e inmuebles.
El INCAE, inscrito ante el Ministerio de Gobernación desde el 1 de enero de 2009, fue disuelto por estar «en incumplimiento con sus obligaciones» ante la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro de esa cartera, según fue publicado en el diario oficial La Gaceta. Ese es el mismo argumento que utilizó la dictadura para cerrar otras 3,000 organizaciones sin fines de lucro.
La sede del INCAE en Nicaragua, ubicada al sur de Managua, acogió en 2019 una fallida mesa de diálogo entre el presidente Daniel Ortega y la oposición, para resolver la crisis que vive el país desde abril de 2018, en la que participó el Vaticano y la Secretaría General de la OEA.
Captura masiva de líderes de la Iglesia católica
Y a pocas horas de terminar el año, el régimen de Daniel Ortega ha desatado una histórica redada de líderes de la Iglesia católica, tras años de asedio, represión y censura contra las parroquias y templos a lo largo y ancho de Nicaragua.
De esta manera, el régimen cierra el año con 17 líderes de la Iglesia católica en sus cárceles, luego también de haber desterrado y enviado al Vaticano en semanas recientes a otro grupo de religiosos, algunos de los cuales fueron acusados falsamente de delitos de abuso sexual, entre otros.
Esta es la lista de los detenidos hasta ahora:
1- Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa
2- Monseñor Isidoro Mora, obispo de Siuna
3- Seminarista Alester Sáenz, de la diócesis de Siuna
4- Seminarista Tony Palacios, de la diócesis de Siuna
5- Monseñor Carlos Avilés, vicario general de la Arquidiócesis de Managua
6- Monseñor Silvio Fonseca, vicario de Familia, Vida e Infancia de la Arquidiócesis de Managua
7- Monseñor Miguel Mántica, párroco de la iglesia San Francisco de Asís
8- Monseñor Marcos Díaz, de la diócesis de León
9- Sacerdote Gerardo Rodríguez, parroquia Purísima Concepción
10- Sacerdote Raúl Zamora, parroquia Divina Misericordia
11- Sacerdote Fernando Calero, párroco de Rancho Grande
12- Sacerdote Pablo Villafranca, párroco de Nuestro Señor de Veracruz, Nindirí
13- Sacerdote Héctor Treminio Vega, párroco de Santo Cristo de Esquipulas
14- Sacerdote Mykell Monterrey, párroco de Nuestra Señora de Candelaria
15- Sacerdote Ervin López
16- Sacerdote Jader Hernández, párroco de Madre del Divino Pastor
17- Monseñor Ismael Serrano, párroco de San Miguel Arcángel
