El cierre de instituciones educativas llevadas por organizaciones no gubernamentales e iglesias en Nicaragua es cada vez más notorio por la asfixia de estas al no conseguir apoyo económico para para su sostenimiento.
LA PRENSA verificó que la Escuela Técnica Vocacional San José Obrero que pertenece a la Diócesis de León, cerró sus funciones al no tener recursos económicos para continuar sus operaciones.
Una fuente eclesiástica confirmó que “está cerrada, como es un reparto pobre, sobre todo sandinista, el sacerdote que estaba a cargo está exiliado. Quien daba ayuda al centro era Monseñor Silvio Fonseca, pero ya no la continuaron”, explicó la fuente bajo anonimato.
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En las redes sociales, de la escuela, que están inactivas desde octubre de 2023,hay publicaciones donde se promocionan planes educativos de Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) con sede en la ciudad de León.
El instituto ofrecía educación secundaria y carreras técnicas para jóvenes de la ciudad de León, especializadas en áreas agropecuarias, avícola, crianza de animales y siembro de cultivos.
Según publicaciones periodísticas, el colegio San José Obrero recibía ayuda de parte del Ministerio de Educación (Mined), mediante una subvención, asimismo de organismos caritativos que apoyaban a la Diócesis de León, sin embargo, a raíz de la crisis de 2018 la situación de la institución iba en decadencia.
El instituto fue fundado por el fallecido Monseñor Bosco Vivas Robelo, quien era obispo de la Diócesis de León hasta el 29 de junio de 2019, cuando el Papa Francisco aceptó la renuncia del religioso.
Acciones represivas
En la gestión del régimen, al menos 377 organizaciones católicas y evangélicas han cerrado por la cancelación de sus personalidades jurídicas.
Aunque no se ha hecho oficial y formal la revocación de la personalidad jurídica del colegio, la mayoría de figuras legales desaparecidas son por limpieza y reordenamiento, según el régimen orteguista, de la mano con el Ministerio de Gobernación (Migob) contra las asociaciones de la sociedad civil.
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El cierre de organizaciones religiosas se suma a las acciones represivas que ejecuta la dictadura Ortega-Murillo contra la Iglesia católica.
Las acciones van desde el encarcelamiento del obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, y de otros sacerdotes, la prohibiciones de procesiones y de otras actividades religiosas en la vía pública, los destierros de religiosos, el cierre de medios de comunicación religiosos y los discursos de odio contra la Iglesia.