La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) presentó, de acuerdo con su mandato, una actualización para celebrar un diálogo interactivo sobre la situación de los derechos fundamentales en Nicaragua, en la que señalaron que se mantienen los ataques a las comunidades indígenas, a la libertad de asociación, a la libertad de expresión y se continúa «menoscabando el futuro de las instituciones». La respuesta del régimen una vez más fue agresiva y llamó a la actividad «atrevida».
La actualización estuvo a cargo de la alta comisionada adjunta de la Oficina de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Nada Al-Nashif, quien inició resaltando las violaciones a los derechos humanos de las comunidades indígenas, incluyendo la cancelación de la personería jurídica de Yatama y la detención arbitraria de dos de sus representantes, sin orden de arresto o el debido proceso, preocupando más la situación de un varón de 71 años que se puede calificar como «desaparición forzada».
Indicó que desde agosto de 2023 se han realizado consultas para obtener «consentimientos» para la realización del Proyecto de Bioclima. «Preocupa falta de acceso sobre el proyecto y su riesgo y que se trata de conseguir autorización… se realizaron consultas con policías armados», destacó.
Afirmó que se continúa restringiendo el espacio cívico y las detenciones arbitrarias. Señaló que de acuerdo con organismos de la sociedad hay 17 mujeres y 54 hombres detenidos y se organizan juicios sin presencia física del detenido que participa a través de videollamada.
«Ilustra este entorno el caso de una mujer que fue detenida en abril pasado por imprimir una camiseta con el lema Viva Nicaragua Libre y fue privada dos meses de visita de sus familiares», indicó la alta comisionada.
Otros temas que destacó en la actualización fueron: el cierre de la Universidad Centroamericana (UCA) con un juicio sin garantías procesales; la detención de un académico que se encuentra «desaparecido», la prohibición de misas católicas, incluida la del Día de los Fieles Difuntos; la deportación de 12 sacerdotes que se encontraban detenidos y mantener detenido a monseñor Rolando Álvarez, quien se encuentra en confinamiento; detención de todo al que consideran disidente y la negativa de al menos 30 casos que han registrado de nicaragüenses a los que no se les permite ingresar al país. En este último caso se ha llegado a la separación forzada de niños y niñas de sus familiares.
Además, temas repetidos en las intervenciones fueron la violación a los derechos de la libertad y la propiedad y la destitución arbitraria de miembros de la Corte Suprema de Justicia y cientos de funcionarios del poder judicial que ilustra la preocupación que se ha planteado un control en el sistema judicial, lo que afirman «menoscaba el futuro de las instituciones públicas y democráticas».
Por su parte Wendy Morales, procuradora general del régimen, llamó «atrevida» la actualización, manifestó el total rechazo por estar «basado en campañas mediáticas de desinformación y odio» y nuevamente exigió respeto para el pueblo, la soberanía y el modelo político.
