Ambientalistas y jóvenes acampan desde hace días frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá con la «esperanza» de que ese órgano declare inconstitucional el contrato minero, epicentro de la grave crisis que azota al país desde hace un mes, buscando así presionar a los magistrados, que inician desde este viernes una sesión permanente.
«Esperamos que la Corte falle a favor de la inconstitucionalidad. Este es un reclamo desde hace más de un mes (…) y esperamos que se dé en beneficio del país, de la patria y de la soberanía», dijo a EFE Carlos Escudero, del Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, uno de los grupos ambientalistas más populares.
Desde el pasado 12 de noviembre, un grupo «vigila» día y noche al Supremo para que dé una decisión lo más pronto posible, ya que el máximo órgano de justicia del país tiene en sus manos el futuro de ese polémico contrato con Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), y una posible salida a la crisis interna.
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La presión sobre el máximo órgano judicial de Panamá se intensificará este viernes, cuando el pleno de la Corte Suprema de Justicia entrará en «sesión permanente» para decidir el fallo sobre la inconstitucionalidad o no de ese contrato minero, foco de las mayores protestas en Panamá desde hace décadas.
Aunque parte de la sociedad panameña desea que la Justicia falle a favor del clamor popular, que desde hace semanas exige a las autoridades con manifestaciones callejeras y bloqueos viales eliminar ese contrato por su impacto ecológico y a la soberanía del país, algunos manifestantes han reconocido a EFE su desconfianza hacia el órgano de justicia, al que acusan de estar politizado.
«Esperamos que haya una respuesta positiva a nuestro país y que el fallo se dé de manera efectiva a favor de nuestra nación», declaró sin embargo a EFE Edgar Días, del movimiento ecologista Voz Verde.
Frente a la entrada principal del Palacio Gil Ponce, como se conoce a la Corte Suprema, hay un enorme cartel con el mensaje «CSJ El pueblo está vigilando» y un gran cepo al lado, un artefacto de madera que inmoviliza las manos y los pies utilizado desde hace siglos en las áreas indígenas de Panamá como método de castigo.
Los jóvenes y los ambientalistas mantienen turnos matutinos y vespertinos, organizados a través de redes sociales. También han levantando un pequeño «campamento base» como ellos lo denominan a un costado de la sede de justicia rodeado de casetas de campaña y una gran olla al fuego.
De esa manera y pese a la incesante lluvia, no han abandonado la vigila que comenzó días después de que el Parlamento desistiera derogar el contrato minero a través de un proyecto de ley, dejando sobre los magistrados la decisión de declararlo inconstitucional, una vía que los ambientalistas defienden al considerar que eso pondría en una situación más ventajosa al Estado panameño frente a un posible arbitraje internacional.
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El fallo parcial y la incertidumbre de los tiempos
Algunos abogados especialistas consultados por EFE han planteado una posible tercera opción en la ecuación: que la Corte de Justicia haga un fallo parcial, es decir, que algunos artículos sean contra la Carta Magna y otros no, lo que aumentaría la tensión social.
«Me temo que van a declarar que es medio inconstitucional. Eso significa una atorrancia (despropósito) aberrante puesto que en materia constitucional las cosas son o no son (…) Esto va a encender más la opinión pública», declaró a EFE el abogado constitucionalista y catedrático universitario Miguel Antonio Bernal.
A juicio del abogado Ernesto Cedeño esa es una «posibilidad remota porque se ha demandado la ley y no un artículo en especial».
Esa teoría, que ha cobrado fuerza los últimos días, es ampliamente rechazada por los manifestantes y los sindicatos, que advierten que no cesarán las protestas: «No esperamos que el fallo de la Corte sea parcial, sino completo», expresó a EFE la líder de Voz Verde, Zoany Mero.
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A su vez, esos mismos expertos consultados por EFE señalan que el tiempo de decisión del máximo órgano de justicia de Panamá es muy variable, ya que podría tardar horas o hasta tres semanas a pesar de que la Corte ya anunció que va a «tomar una decisión en el menor tiempo posible».
El país centroamericano continúa mientras tanto en la incertidumbre, tras cinco semanas de protestas que han golpeado a la economía y dejado al menos cuatro fallecidos.
