Tras casi dos semanas de bloqueos por el paro nacional que promueven autoridades indígenas de Guatemala, que ya provocan desabastecimiento interno y retrasos en el comercio regional de mercancías, se suma la posibilidad de que transportistas de Honduras bloqueen las aduanas terrestres de su país, en rechazo a la disposición de Costa Rica de exigir a los ciudadanos de ese país, visas consulares para ingresar a su territorio. Nicaragua todavía no reporta afectaciones, pero organismos regionales advierten que ambas situaciones impactarán en las economías de la región.
La Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y República Dominicana (Fecaica), tomando en cuenta que el flujo comercial de Guatemala representa más de 15,600 millones de dólares en exportaciones y unos 32,100 millones de dólares en importaciones, calcula que las pérdidas que están generando los bloqueos rondan los 131 millones de dólares diarios en materia de exportaciones (33 por ciento) y de importaciones (67 por ciento).
Además, considera que esta afectación se hace cada día más evidente en los mercados centroamericanos y el dominicano a quienes Guatemala les abastece insumos, materias primas y bienes intermedios para la industria, además de productos terminados. “Fecaica ve con preocupación la crisis social y política de Guatemala. Los bloqueos han afectado la libre locomoción en el territorio guatemalteco desde el 2 de octubre pasado, causando desabastecimiento y serias complicaciones de operación, distribución y venta a toda la región”, señaló la organización empresarial a través de un comunicado divulgado el 12 de octubre.
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Guatemala abastece insumos
El año pasado Nicaragua le compró a Guatemala 664.98 millones de dólares en diversos productos, entre ellos lubricantes, materias primas para el sector agropecuario y la industria, materiales de construcción y bienes de capital para el sector agropecuario, la industria y el transporte. Entre los más importantes están los medicamentos, productos de limpieza, pesticidas, tubos y otros artículos de plástico, papel, alimento para animales y humanos, entre otros. Entre enero y julio de 2023 las compras de Nicaragua a Guatemala ya suman 404.76 millones de dólares.
Mientras la tarde del jueves 12 de octubre fracasó el primer intento de diálogo entre el presidente de Guatemala Alejandro Giammattei y los representantes de los pueblos indígenas que promueven el paro nacional, el Comité Consultivo de la Integración Económica Centroamericana (CCIE) llamó a resolver con urgencia la crisis de Guatemala y advirtió que ya ocasiona desabastecimiento de alimentos, insumos básicos, medicinas y combustibles que afecta a las familias no solo de Guatemala sino del resto de Centroamérica, ya que muchos de estos productos Guatemala los provee al resto de los países.
“Esta situación ha puesto en riesgo la seguridad alimentaria de miles de personas en toda la región”, alertó el CCI a través de un comunicado.
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Imposición de visas amenaza al comercio
A la crisis que ya provoca el paro nacional de Guatemala se suma la generada por el cambio de reglas migratorias que afecta la región. La Federación de las Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano (Fecamco) lamentó la decisión de Costa Rica que, alegando la necesidad de frenar el ingreso de personas vinculadas al narcotráfico y el crimen organizado impuso el requisito de visa para los hondureños.
La medida además de rechazo, provocó una reacción de reciprocidad y ahora honduras también exige visa a los costarricenses. Se teme que este requisito provoque retrasos en el transporte internacional de carga.
“Es evidente que la aplicación de este tipo de medidas en dos países de una región conectada comercialmente y con objetivos comunes como la integración, pasan a ser serios obstáculos para la movilidad de personas, bienes y servicios, generando adicionalmente fuertes impactos económicos, pero aun más importante, generando un retroceso a los avances obtenidos en la integración centroamericana”, lamentó Fecamco a través de un comunicado.
Empresarios advierten daño al comercio
Además, aseguró que la aplicación inmediata de la medida generó serias afectaciones a turistas, ejecutivos de empresas, personal diplomático y transportistas que se encontraban en tránsito al momento de realizarse estos el cambio en la política migratoria, que además impactó en las operaciones comerciales que han quedado suspendidas mientras se cumpla con los nuevos requisitos de visa.
Ante la imprevista decisión del gobierno de Costa Rica, algunos representantes de sectores políticos y económicos de Honduras atribuyen la medida al interés de forzar a los transportistas de carga a usar el servicio de ferri que desde agosto une a El Salvador con Costa Rica.
Inicialmente el ferri que tiene capacidad para transportar cien furgones con su respectivo contenedor en cada viaje, ofreció realizar dos viajes por semana y luego bajó la frecuencia a uno por semana. Además, sus representantes dicen que las tarifas son similares a lo que cuesta movilizarse por tierra y como ventaja ofrecen que el tiempo del trayecto se reduce a menos de la mitad.
Piden eliminar visa a los transportistas
En medio del conflicto que la imposición de la visa generó, la Cámaras de Comercio e Industria de Tegucigalpa y la Cámara de Comercio de Costa Rica, a través de un comunicado conjunto expresaron su preocupación por los estragos al comercio y al turismo que provocará la imposición de las visas y pidieron eliminar el requisito.
“En estos momentos, en donde la región se encuentra en un proceso de recuperación económica y donde es necesario la unión de esfuerzos para promover el desarrollo económico y la competitividad, dichas acciones que obstaculizan la movilidad, generan fuertes afectaciones en el turismo, en la circulación de personas y transportistas que deben transitar por razones comerciales, familiares o diplomáticas entre nuestros países y hacia la región”, dice el comunicado.
Además, pidieron al Consejo de Ministros de Economía de la Región (Comieco), analizar la posibilidad de eliminar el requisito de visa consular a los transportistas, para evitar problemas de desabastecimiento, encarecimiento de productos e incumplimiento de contratos, así como el poner en riesgo los empleos directos e indirectos que genera el comercio de bienes y servicios en ambos países y la región.
