Las jóvenes activistas feministas Adela Espinoza Tercero y Gabriela Morales cumplen 30 días detenidas en la cárcel La Esperanza. Fueron arrestadas luego que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo confiscara de manera ilegal la antigua Universidad Centroamericana (UCA), ahora Universidad Casimiro Sotelo, en honor a un exguerrillero del Frente Sandinista.
Espinoza Tercero, de 26 años, es licenciada de Comunicación, graduada de la antigua UCA, además es madre de dos menores de edad. Gabriela Morales fue detenida, simultáneamente, por agentes policiales vestidos de civil que la sustrajeron de su casa y que llegaron acompañados de un integrante del Comité del Poder Ciudadano (CPC), del sector de su barrio.
El 2 de septiembre, estas dos jóvenes, junto con la también activista Joseling Mayela Campos quien fue detenida un par de días después, fueron llevadas a juicio. La justicia al servicio del régimen las acusó por cometer Ciberdelitos, como es habitual en estos casos. Luego de la detención fueron trasladadas al Distrito Tres, hasta el 23 de agosto que fueron llevadas de manera sigilosa al Sistema Penitenciario Integral de Mujeres, conocido como La Esperanza.
El Movimiento de Defensa Estudiantil UCA denunció que un día después de la detención de Espinoza Tercero, la Policía allanó la casa de su hermana. “A eso de las 9:00 a.m. la Policía orteguista cateó la casa de habitación de la hermana de Adela Espinoza Tercero, llevándose aparatos electrónicos como tablet, computadora y teléfono celular, todo esto en presencia de su hija que es menor de edad, ya que la hermana de Adela también es madre. Exigimos se respete la propiedad privada e integridad de los familiares de Adela Espinoza Tercero”, expusieron.
Confiscación de la UCA
El régimen a través del Ministerio de Gobernación (Migob) ordenó la congelación de las cuentas bancarias de la UCA y de sus altos directivos. El 16 de agosto, la jueza de Managua giró un oficio en que se acusó al alma mater de terrorismo y ordenó incautar los bienes materiales y económicos de la Compañía de Jesús. Posteriormente, las autoridades de la universidad compartieron un correo dando a conocer la noticia a su comunidad estudiantil, avisando de la suspensión de todas sus actividades académicas y administrativas “hasta que sea posible retomarlas de manera ordinaria”.
La dictadura afirmó que la UCA “funcionó como centro de terrorismo, aprovechándose de las condiciones creadas con mentiras, para elevar los niveles de violencia y destrucción, organizando grupos delincuenciales armados y encapuchados que emplearon métodos terroristas”.
La Universidad Centroamericana desde el inicio de la crisis sociopolítica en abril de 2018, fue considerada un espacio seguro donde la comunidad estudiantil y opositores podían realizar diversas acciones para denunciar las violaciones a los derechos humanos de la dictadura contra la población nicaragüense. Además, para los estudiantes de educación superior la UCA era el último bastión de la autonomía universitaria en la país.
