El Juzgado de Instrucción número dos de Utrera, Sevilla, en España, ha prorrogado un mes el secreto de sumario decretado sobre la investigación del crimen cometido recientemente en dicho municipio, donde Erica Vanessa Reyes Álvarez, una joven nicaragüense de 22 años, falleció presuntamente a manos de su expareja, un hombre ecuatoriano de iniciales N.A.C.T., de 43 años, quien se encuentra en prisión provisional sin fianza por tales hechos.
El secreto de sumario se establece por un mes, pero el juez dio una prórroga de 30 días más, lo que quiere decir que las diligencias de la investigación del caso permanecerán secretas por ese periodo, según la legislación española.
El abogado José Antonio Sires, quien representa a la familia de la víctima, informó que el juez instructor ha adoptado dicha decisión al considerar que los hechos constituyen un supuesto delito sumamente grave de homicidio y que pesa “un evidente riesgo de que, de conocer las actuaciones el investigado, pueda ocultar pruebas, hacer uso de terceros para facilitar el ocultamiento de las mismas o intentar evadir la acción de la justicia”.
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Días atrás, la acusación particular que ejerce la familia de la víctima había solicitado al juez instructor que levantase el secreto de sumario, entendiendo que habían sido realizados “todos los actos de investigación tendentes a la comprobación del delito”, como por ejemplo las comparecencias de testigos, la prueba de autopsia al cadáver o la recogida de muestras en el lugar del crimen, según el letrado.
Ello, después de que recientemente, el Juzgado de Instrucción número dos de Utrera desestimase la petición cursada por la defensa del acusado, N.A.C.T, de 43 años de edad y de origen ecuatoriano, de obtener la libertad provisional, bajo la premisa de la necesidad de evitar la alteración, ocultación o destrucción relevante de pruebas.
Hipótesis sobre el móvil
En su comparecencia en el juzgado, el presunto autor del crimen se acogió a su derecho a no declarar ante el juez, como también había hecho ya en las dependencias de la Guardia Civil de Utrera. En paralelo, el cadáver de la víctima fue repatriado a su comunidad natal, Talolinga, Nueva Guinea, en Nicaragua.
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El abogado de la familia de la víctima, letrado penalista de Sires Abogados, apuntaba recientemente en declaraciones a los medios de comunicación que uno de los móviles que se barajan respecto al crimen es que el presunto autor de los hechos no admitiera la relación que su expareja había comenzado con otra persona, de origen nicaragüense al igual que ella.
Asimismo, Sires confirmaba que pedirá la pena de prisión permanente revisable para el encartado, al “haber matado a su pareja de manera consciente y deliberada, haciéndolo de forma sorpresiva y sin que la fallecida tuviera posibilidad de defenderse o huir”. La acusación de la familia de la víctima, según precisaba, se centrará en un supuesto delito de asesinato consumado con las circunstancias agravantes de parentesco y alevosía.
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La víctima no había solicitado ayuda a los servicios sociales del Ayuntamiento de Utrera en relación con presuntos malos tratos, tal como aseguraban fuentes municipales consultadas. Igualmente, tampoco
constan denuncias suyas en el sistema VioGén, según fuentes de la Delegación del Gobierno en Andalucía.