La persecución y vigilancia contra opositores y críticos de la dictadura continúa evolucionando en Nicaragua. Pobladores del municipio de Bluefields, en el Caribe Sur, denunciaron que el orteguismo colocó cámaras en postes del servicio de cable ubicados frente a viviendas de personas críticas al gobierno, opositores, periodistas y sus familiares.
Una de las personas afectadas por la medida aseguró que pese a que tiene varios meses fuera del municipio, la vivienda de su familia es vigilada constantemente por la Policía orteguista, que ahora colocó una cámara en el poste de aluminio del servicio de cable, ubicado justo frente a la vivienda.
“Sabemos que la cámara no es para vigilar la calle, o garantizar la seguridad de la gente de la zona, porque está fija hacia la casa de mi familia”, denunció.
Policía la colocó
Explicó que pese a que la cámara fue ubicada varias semanas atrás su familia no se había enterado de la medida, y lo supieron hasta que unos vecinos informaron que la Policía llegó a colocarla.
La persona resaltó que no temen que la Policía vea lo que hacen diariamente, que es trabajar, pues nunca han hecho ni harán nada malo, pero considera la medida como un abuso, ya que es impuesta pese a que no hay orden judicial ni cargos, ni causa abierta ni medida impuesta por un juez.
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Afirmó que la medida de vigilancia no fue impuesta solo en su vivienda, ubicada en un barrio de Bluefields que prefiere omitir, pues se ha enterado de casos de activistas, periodistas y familiares de ellos, que son vigilados con cámaras ubicadas en postes del servicio de cable en los barrios Loma Fresca, Tres Cruces y 19 de Julio, en Bluefields.
Dictadura violenta «derecho a la vida privada»
El abogado Yader Valdivia, defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, explicó que este tipo de vigilancia impuesta por la dictadura orteguista en las afueras de las viviendas de personas opositoras y críticas en Bluefields incurre en ilegalidades incluso de tipo constitucional.
«Están violentando una garantía constitucional, que protege a las personas nicaragüenses sobre el respeto a la vida privada», apuntó el defensor mencionando el artículo 26 de la Constitución Política de Nicaragua, que establece que «toda persona tiene derecho a su vida privada y a la de su familia; y a la inviolavilidad de su domicilio, correspondencia y sus comunicaciones de todo tipo».
El defensor resaltó que el derecho a la vida privada incluso está contemplado en el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que consagra el derecho a la intimidad, privacidad, que debe garantizarse a todo individuo.
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«Esto es una violación a las garantías constitucionales, a la Convención Americana de Derechos Humanos, al derecho humano en sí contemplado que tenemos todas las personas y es bastante peligroso que esto suceda en un contexto en el que el régimen (orteguista) ha creado leyes como la de Ciberdelitos, que ha sido principalmente con esta intención de entrar en la vida privada, investigar el aspecto individual, personal, humano de todos los nicaragüenses y después esto criminalizarlo», apuntó.
Valdivia señaló que se desconoce cuál es el fin de las imágenes que están tomando esas cámaras, instaladas por la Policía orteguista, recordando que el actuar de dicha institución, especialmente en los últimos cinco años, ha sido «dañar la honra y la reputación de la población».
El Colectivo, indicó el defensor, incluso ha recibido denuncias de ciudadanos nicaragüenses a los que el orteguismo les ha privado de acceder a servicios de cable e internet, negando a las compañías de telefonía instalar los servicios en casas de personas que ellos identifican como opositores o críticos de su régimen.
«El mecanismo es aislar, tener una vigilancia por completo contra todas las personas que buscan la democracia en el país, utilizando y controlando las nuevas tecnologías», denunció Valdivia.
