La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo destituyó al alcalde Abiud Saballos Arcia, a quien habrían designado en los fraudulentos comicios municipales de noviembre de 2022 para la comuna de Moyogalpa, departamento de Rivas, señalándolo de «corrupción».
Urnas Abiertas, a través de una nota de prensa, confirmó que el alcalde fue defenestrado, indicando que desde la semana pasada recibieron denuncias de la persecución que dirigió el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom) contra el funcionario orteguista.
La organización detalla que, además de Saballos, el orteguismo despidió a otros funcionarios de la Alcaldía de Moyogalpa, entre ellos: la responsable de Adquisiciones, Carmen Adilia Guillén; el encargado de Proyectos, Dany Ruiz; el administrador, Jonathan Pineda y la responsable de Recursos Humanos, Rosmery Barahona Vargas.
Además, reveló que en sustitución de Saballos «quedó Xiomara Barahona Galarza, quien fungía como vicealcaldesa de esa ciudad y secretaria política del Frente Sandinista, y Raúl Dinarte como actual segundo al mando, tras una polémica sesión a puerta cerrada».
Abiud Saballos Arcia, impuesto por el orteguismo en los fraudulentos comicios municipales de noviembre de 2022, estuvo en el cargo casi ocho meses. Urnas Abiertas resalta que destituciones como esta que sufrió el funcionario orteguista «solamente demuestran que el Gobierno central mueve a conveniencia a los operadores políticos locales, sin una verdadera vocación de defender los recursos públicos y exigir transparencia».
Inifom públicamente no ha informado sobre los resultados de la auditoría que, según confirmó Urnas Abiertas, se realizó en la Alcaldía de Moyogalpa. Tampoco se conoce si el alcalde solo fue removido del cargo o si se ordenó prisión preventiva por los hallazgos de corrupción.
Cuatro alcaldes defenestrados
Urnas Abiertas contabiliza, en lo que va del año, que la dictadura Ortega-Murillo ha destituido a cuatro alcaldes que impuso en ese cargo «de manera ilegítima en las fraudulentas elecciones municipales del pasado noviembre 2022».
Los casos documentados por la organización son: Jaime Aráuz, exalcalde del municipio El Tuma-La Dalia, de Matagalpa, defenestrado nueve días después de asumir el cargo, el 19 de enero de 2023; y Pedro Vargas, exalcalde de Granada, removido el 9 de marzo, tras ser obligado a introducir su carta de renuncia en el Concejo Municipal, argumentando «razones de salud».
También, Lesbia Triminio, exalcaldesa de Ciudad Darío, Matagalpa, destituida a inicios de junio junto a su vicealcalde Donald de la Cruz Treminio. Ambos, detalla Urnas Abiertas, fueron removidos del cargo tras ser señalados de supuesta «corrupción, nepotismo y malversación de fondos».
El 28 de abril pasado, en redes sociales también circuló la destitución de Martha Bucardo, alcaldesa de Río Blanco, Matagalpa, a quien aparentemente el orteguismo también obligó a introducir su carta de renuncia.
Urnas Abiertas resaltó que en los comicios municipales de 2022, en los que el orteguismo se adjudicó la administración de las 153 alcaldías de Nicaragua, documentó una participación de apenas el 17.33 % y un abstencionismo del 82.67 % de la población.
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Además, recordó que desde el pasado 10 de julio advirtió «que los primeros meses del año han estado marcados por hermetismo en la gestión de las alcaldías, las destituciones realizadas no respetan los procesos administrativos contemplados en la ley y el Inifom ha sido la institución a cargo de ejecutar las órdenes arbitrarias de la Presidencia y perseguir a ediles sandinistas que están en la mira del oficialismo».
La organización rescató que han recibido «de manera constante denuncias sobre actos de corrupción cometidos en diferentes alcaldías, que incluyen malversación de fondos, tráfico de influencias, nepotismo, entre otros».
Urnas Abiertas afirma, citando un análisis que elaboraron recientemente sobre las auditorías que ha realizado la Contraloría General de la República (CGR) entre 2015-2020, documentaron que la Alcaldía de Moyogalpa recibió tres auditorías especiales en ese período, aunque el ente regulador no encontró «ninguna responsabilidad penal ni administrativa por parte de los funcionarios públicos».
«La CGR pasó de auditar el 93 % de las alcaldías en 2017, a menos del 50 % en 2020. La información pública de la CGR demuestra que no se están siguiendo los mecanismos institucionalizados para prevenir, perseguir y castigar la corrupción», señaló.
