La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo canceló la residencia al sacerdote de la Orden Franciscana Menor y de origen italiano, fray Domingo Pepe, de 83 años, por lo que este 26 de julio tuvo que abandonar el país, confirmaron esta tarde fieles del municipio de Río Blanco, en el departamento de Matagalpa, a la revista informativa Mosaico CSI.
«Ya le habían quitado su residencia y le dieron un tiempo para que saliera y ya ayer se fue de Río Blanco», confió una feligresa al medio citado.
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Fray Domingo Pepe tenía 53 años de residir en el país, llegó en julio de 1970 como párroco al municipio de Matiguás, departamento de Matagalpa.
El religioso italiano sirvió como párroco en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, cuyo templo ayudó a construir con sus propias manos, pues la construcción anterior era de madera, agregó Mosaico. También estuvo a cargo en 1989 de la construcción de la capilla San Francisco de Asís, en el mismo municipio de Río Blanco, la cual fue constituida como parroquia en octubre de 2018 por el obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando José Álvarez Lagos, quien cumplirá un año convertido en prisionero de la dictadura Ortega Murillo.
Cuando constituyó la Parroquia San Francisco de Asís, la número 28 en la Diócesis, monseñor Álvarez dijo de fray Domingo: «Es la memoria histórica encarnada de la Diócesis», rememoró el medio.
En 2014, el gobierno municipal que presidía Denis Argueta Urías nombró una Calle Peatonal Fray Domingo Pepe.
Otros sacerdotes que han sido expulsados
El 14 de febrero de este año, la dictadura orteguista expulsó al fraile italiano Damián Muratori, luego que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) de Italia lo buscara por el delito de abuso sexual.
Un día antes de su expulsión, el religioso se había presentado a las oficinas de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) en Managua para cumplir con un citatorio que le fue notificado por la Policía el domingo 12 de febrero por la noche.
Muratori era el encargado del Santuario Franciscano El Tepeyac y vicepostulador de la causa de Beatificación del Siervo de Dios Odorico D’Andrea, en San Rafael del Norte.
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El 31 de enero de 2021, las autoridades migratorias le impidieron el ingreso al país para continuar con sus funciones al fraile salvadoreño Santos Fabián Mejía, párroco y superior de la parroquia San Francisco de Asís, de Juigalpa, Chontales, quien tenía más de 12 años de estar en parroquias nicaragüenses.
Asimismo, el 16 de febrero de 2021, el régimen negó la entrada al fraile salvadoreño Javier Lemus, de la Orden de Frailes Menores Franciscanos, quien desde el 19 de marzo de 2018 estuvo a cargo de la parroquia Inmaculado Corazón de María, en la Diócesis de Matagalpa, que era liderada por monseñor Rolando Álvarez, actual preso político del régimen, condenado a 26 años y cuatro meses de prisión.
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En septiembre de 2020, el régimen le redujo el periodo de residencia al padre Julio César Melgar, de origen salvadoreño, quien también brindaba sus servicios sacerdotales en la Diócesis de Estelí. El padre Melgar tenía residencia permanente, que renovaba cada cinco años.
El 16 de octubre de 2020, el sacerdote colombiano Luis Alirio Carrillo, quien trabajó durante cuatro años en la Diócesis de Estelí, a cargo de monseñor Abelardo Mata, tuvo que abandonar el país por órdenes de la Dirección General de Migración y Extranjería. Un mes antes, las autoridades le habían suspendido su residencia permanente, válida por cinco años, y de acuerdo con la legalidad del documento vencía hasta el 15 de enero de 2022.
